El escándalo de la contratación: tras la pista del dinero

Las investigaciones por los escándalos que rodean la contratación pública en Bogotá están a punto de trascender las fronteras. El Estado colombiano apelará a los mecanismos de cooperación judicial con Estados Unidos para conocer de primera mano las operaciones de la firma Geos Investment LLC., con la intención de descartar o confirmar evidencias según las cuales allí han ido a parar recursos por más de US$30 millones que habrían sido pagados como comisiones por negocios relacionados con la infraestructura y la redes de servicios públicos de la ciudad.

En caso de contar con el visto bueno de Washington, expertos comisionados por el fiscal primero delegado ante la Corte Suprema de Justicia comenzarían por visitar la sede de la compañía, situada en el 1395 del exclusivo sector de Brickell Avenue en Miami y seguirles el rastro a las operaciones de financiación en un condominio de apartamentos construido por iniciativa de empresarios colombianos, cuyos nombres son mantenidos por ahora en reserva.

Los investigadores exploran alternativas en el campo del derecho internacional para conocer el origen de los fondos que hayan movido en sus cuentas en las Islas Vírgenes las empresas Saymor y Balmore, registradas por el senador Iván Moreno Rojas, hermano del Alcalde de Bogotá. Son conscientes de que el sigilo bancario, que no admite excepciones legales en paraísos fiscales, sigue siendo por ahora un obstáculo para seguirles el rastro a flujos financieros, ­aun en casos que puedan afectar la integridad de recursos públicos de otros Estados.

Esta exploración será fundamental para saber si algunas de esas empresas y fondos han recibido dineros provenientes de un carrusel de la contratación en Bogotá en el que, según el empresario Miguel Nule, –comprometido en el entramado que se descubrió a raíz del retraso en las obras de Transmilenio en la Calle 26– el senador Moreno y altos funcionarios habrían exigido el pago de comisiones.

La existencia de la empresa Geos Investment en Miami, constatada por Dinero, y de las dos empresas off shore en Tórtola (Islas Vírgenes), revelada por el periodista Daniel Coronell, columnista de Semana y director de Noticias 1, tienen un elemento en común: en ellas tienen intereses amigos cercanos a los hermanos Moreno Rojas que se han visto envueltos en controversias judiciales por cuenta de negocios millonarios.

Según el registro oficial LO90001120 de la ciudad de Miami (ver facsímil), el representante de Geos Investment LLC en Florida es Emilio Tapia, cuyo papel dentro del llamado “cartel de la contratación” en Bogotá fue denunciado por Dinero en marzo pasado. Tapia es el mismo joven de Sahagún que, sin preparación alguna, comenzó a amasar fortuna en la misma época en la que apoyó la campaña de Samuel Moreno al Senado de la República y se convirtió en contratista y gestor de negocios entre amigos suyos y el Distrito Capital.

Mientras tanto, en las sociedades radicadas en Islas Vírgenes por Iván Moreno, aparece como socio Luis Alfredo Baena, un hombre de negocios que ha tenido cuotas en los sectores de la administración pública bajo la tutela política del hoy senador del Polo Democrático.
 
Baena, médico de profesión y compañero de promoción de Moreno en la Universidad Militar Nueva Granada, fue secretario de Gobierno y Salud durante la Alcaldía de Juan Martín Caicedo Ferrer. Cuando Moreno se desempeñó como viceministro de Salud, en el gobierno de Ernesto Samper, y como miembro de la junta directiva de Ecosalud (más tarde Etesa), Baena fue gerente de Telectrónica. Moreno también recomendó a Baena para el cargo de Superintendente de Subsidio Familiar en época de grandes crisis en el sector. En el sector privado, Baena está comprometido en un proceso judicial por la venta de la empresa de televisión por cable Superview –de la cual era socio– a la multinacional Telmex.

El domingo 24 de octubre, durante una entrevista con Coronell en Noticias 1, el senador Moreno aseguró que las empresas creadas en Miami y registradas en Islas Vírgenes no han tenido actividad alguna y que fueron creadas hace 22 años con el propósito de mover algunos recursos destinados al negocio de exportación de aluminio para el que se había asociado con Baena. Insistió en que su hermano Samuel, el alcalde, no ha tenido relación alguna ni con sus negocios ni con sus socios. Sin embargo, hay documentos que sugieren lo contrario. Dinero obtuvo copias de escrituras que demuestran que el hoy Alcalde ha sido socio de Baena en por lo menos una de las empresas, Alumitech Ltda., constituida en aquella misma época (ver facsímil).

Dudas crecientes

El perfil político que ha cobrado el escándalo, que para muchos no es más que una pelea interna en el Polo Democrático, ha hecho que se pierda de vista lo esencial del debate: el efecto que las irregularidades en la contratación han tenido sobre las finanzas públicas de la ciudad. Dinero obtuvo nuevos elementos que demuestran la existencia de un círculo predilecto de contratistas, encabezado por hombres cercanos al parlamentario hermano del Alcalde.

El tema ha vuelto al primer plano de actualidad a raíz de una investigación hecha, con destino al Comité de Ética del Polo Democrático, por los dirigentes Carlos Vicente de Roux, Gustavo Petro y Luis Carlos Avellaneda. De Roux y su equipo de trabajo, en particular, se ocuparon de explorar los negocios que Tapia, Geos Invesment en Miami y varios socios suyos, han hecho a instancias de los procesos de contratación de la Alcaldía.

De acuerdo con estimativos hechos por De Roux, Petro y Avellanada, con base en el registro oficial de contratos, Tapia, unido en consorcio con el también contratista Julio Gómez, se ha hecho a negocios por $173.000 millones en el área de la infraestructura vial. Su participación podría ampliarse a cerca de $300.000 millones si se tiene en cuenta su participación en negocios con la Empresa de Renovación Urbana y en obras de Acueducto (ver infografía).

El senador Iván Moreno le insistió a Dinero que conoce a Tapia porque entre su familia y la de él ha habido una amistad desde la época en que su abuelo, el general Gustavo Rojas Pinilla, tenía una hacienda en Córdoba, vecina de una propiedad de los Tapia. Sin embargo, al cierre de esta edición, no había respondido un cuestionario que indagaba sobre las relaciones de negocios con Baena, socios de las empresas descubiertas en Islas Vírgenes.

Tanto Moreno como el Alcalde han insistido en que Tapia, representante de Geos Investment en Miami, no tiene contrato alguno con el Distrito ni injerencia alguna en su adjudicación. Sin embargo, a partir de las denuncias que ha venido publicando Dinero, el concejal Carlos Vicente de Roux ha encontrado que Tapia tiene una participación importante en las adjudicaciones hechas principalmente en el Acueducto.
 
Sus ‘alfiles’ en este ajedrez de negocios dudosos están puestos hoy en la empresa Aguas de Bogotá, creada para apalancar los negocios de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado. A partir de 2008, Aguas de Bogotá ha experimentado un crecimiento acelerado y manejado contrataciones por valor de unos $50.000 millones. Desde octubre de 2009 operó el relleno sanitario de Doña Juana, por convenio con la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos. Sus ingresos mensuales por ese concepto llegaron a $2.850 millones en febrero de este año.
 
Uno de esos alfiles es Alejandro Valencia Osorio, gerente de Aguas de Bogotá desde el 1º de marzo de 2010. Valencia fue gerente y representante legal de Geos Construcciones S.A.S., otra de las compañías del eje empresarial de Tapia. Su suplente en el cargo fue Julián Gómez Naranjo, actual gerente de Indecón, consorcio que tiene a cargo el proyecto “Cielos Abiertos” de San Victorino.

En octubre de 2009, Gómez Naranjo era titular del 10% del capital social de Geos –idéntico porcentaje tenía Emilio Tapia–. La firma aparece celebrando un contrato con el Acueducto por $300 millones ese mismo año. Indecón llegó a tener 49% de las acciones de Geos, pero las vendió. Indecón surgió en 2004, en Manizales, y curiosamente se consolidó con importantes contratos que le fueron adjudicados por la Alcaldía de Néstor Eugenio Ramírez, actual director del Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá (IDU).

Alejandro Valencia Osorio, presidente de Aguas Bogotá, fue también accionista y empleado de Alianzas Internacionales S. A., empresa aliada con Indecón en dos contratos con el acueducto. Gómez Naranjo, gerente de Indecón, ha sido también socio de H2O Consulting S.A., cuyo accionista mayoritario es Óscar Antonio Morales Beltrán. Lo curioso aquí es que H2O Consulting y Oscar Antonio Morales constituyen, a su vez, el grupo empresarial que tiene más interventorías en el Acueducto. Eso significa que varias veces vigila sus propios contratos.

Entre las interventorías que opera H2O Consulting se encuentran los cuatro proyectos más grandes del Acueducto (túnel del alcantarillado, troncal Tunjuelo-Canoas-Río Bogotá, acueducto y alcantarillado de Soacha y revestimiento de los túneles de Chingaza). Para los contratos de interventoría, la firma suele asociarse con Indecón S.A.

Uno de los contratos más grandes de Indecón con el Acueducto fue celebrado por el Consorcio Borde Norte Bogotá, del que aquella es miembro, y se inició el 18 de diciembre de 2009. Su objeto es definir la factibilidad técnica, ambiental y financiera de la infraestructura de acueducto y alcantarillado en el borde norte de la ciudad. Julián Gómez Naranjo es el representante legal del consorcio contratista y de Indecón y, a su vez, es socio de la interventora del contrato, H2O Consulting S. A. Es decir, ¿es juez y parte?

Otra empresa vinculada a este círculo es Interpro Ltda., registrada en Bucaramanga y cuyo representante legal es Luis Enrique Gómez Flórez. Tanto Interpro como Gómez Flórez fueron contratistas de la Alcaldía de Bucaramanga cuando la ocupó Iván Moreno. Interpro es ahora socio en Bogotá de H20, lo que la ubica en el círculo de negocios de Tapia, amigo del senador Moreno Rojas.
 
Por su parte, los casinos del Acueducto son manejados desde 2009 por Petrocasinos S.A., en desarrollo de contratos por un monto de $4.900 millones. Petrocasinos está registrada en Bucaramanga y al igual que Interpro fue contratista de la Alcaldía de Iván Moreno.

Negocios sin tregua

Adicionalmente, el representante de Geos Investment y su amigo, el también contratista Julio Gómez, figuran en el ranking de los cinco principales contratistas de la ciudad. Los otros son Conalvías, grupo que lidera Andrés Jaramillo López; los hermanos Luis Héctor y Carlos Solarte y Sainc S.A. Sus negocios suman $1,6 billones y han recibido cesiones de contratos, adiciones y reajustes en precios por $710.400 millones. De la cifra de Gómez de los $1,6 billones, Tapia y sus socios directos participan de un 20%; es decir, algo así como $320.000 millones.

“Una asignación de recursos de esa magnitud, sin licitación, constituye objetivamente una oportunidad para la corrupción”, asegura De Roux. El mayor beneficiario de las cesiones, adiciones y reajustes ha sido Conalvías, que recibió $515.200 millones de los $710.400 millones ya mencionados. Dinero reveló recientemente que empresas conectadas a ese eje y a los Nule se beneficiaron de adiciones en el valor de contratos con la Nación, a través de trámites abreviados y agilización de documentos Conpes y Confis por parte de la Casa de Nariño, durante el gobierno Uribe.

El 19% de los contratos celebrados por el IDU en 2009 (medidos por su valor) le fueron adjudicados a empresas vinculadas a Julio Gómez y Emilio Tapia. En los contratos con Gómez y Tapia se pactaron anticipos del 40%, cuando lo normal en obras civiles es el 25%, según respuesta del IDU a derechos de petición ejercidos por Dinero.

Según Alejandro Botero, que fue subcontratista de Gómez, este y otros empresarios acostumbran quedarse con los dineros reservados a administración, imprevistos y utilidades (AIU) y subcontratar las obras, pagándole al contratista solo lo presupuestado como costos directos. A veces van más lejos y le cargan parte de los gastos administrativos.

Aunque no existe una prueba reina que concluya que el posible “cartel” es movido desde altas esferas de la administración, las autoridades de control avanzan en el análisis de la conversación grabada de Germán Olano y el empresario Miguel Nule, revelada hace ya tres meses por la cadena radial Caracol, donde Olano describe una especie de escalafón en la contratación de Bogotá que tendría este orden: “Iván”, “el Turco”, “Emilio” y “Julio”. Alejandro Botero los identificó, como Iván Moreno, Andrés Jaramillo (presidente de Conalvías), Emilio Tapia y Julio Gómez, respectivamente.

Por lo pronto, la defensa del Alcalde y de su hermano ha sido débil. El primero dice que deja el asunto en manos de la Justicia y los organismos de control, mientras el segundo anuncia demandas contra quienes, según él, están poniendo en tela de juicio su dignidad personal y su honor como hombre público. Por ahora, el beneficio de la duda parece ser su mayor amparo.