EL FANTASMA DE BELLACRUZ

Cuando el Parlamento Europeo aprobó el viernes pasado, por 127 votos a favor, 62 en contra y siete abstenciones, una resolución que insta al presidente Ernesto Samper a poner freno a las violaciones a los derechos humanos en el país, por lo menos un colombiano sintió un fresco. El embajador Carlos Arturo Marulanda había logrado salir avante de una difícil coyuntura. Hasta la víspera había estado sobre el tapete una moción de censura contra el representante colombiano ante la Unión Europea, Bélgica y Luxemburgo. La razón: su presunta responsabilidad en el desplazamiento a la fuerza de más de 100 familias y el asesinato de ocho campesinos en la hacienda Bellacruz, al sur del Cesar, de propiedad de la familia Marulanda.Desde principios de este año el embajador ha sido blanco de críticas de diputados europeos pertenecientes al Partido Verde y a agrupaciones de izquierda. Lo acusan de estar vinculado a la lucha por el control de la zona de Bellacruz. El representante diplomático ha rechazado una y otra vez esas imputaciones."Es ridículo que yo, que hace cinco años estoy acreditado aquí, pueda tener vinculación alguna con esta historia a 12.000 kilómetros de distancia", dijo en respuesta a las acusaciones. La poca acogida que tuvo la resolución de censura en el Parlamento parecería darle la razón. El problema de los campesinos expulsados de Bellacruz, además, parece estar en vías de solución. La Casa de Nariño informó que "los trámites de selección y adquisición de tierras para ellos estarán terminados a finales de diciembre del presente año".Marulanda se ha distinguido como uno de los mejores embajadores de Colombia. Jugó un papel importante en la prórroga de las preferencias comerciales otorgadas por la Unión Europea al país en reconocimiento a su lucha contra el narcotráfico. También fue vital su participación en las difíciles negociaciones sobre las cuotas bananeras impuestas por la Unión Europea. A su habilidad diplomática se le suma su capacidad para capear tormentas. A finales de 1993 fue acusado por el vicepresidente ecuatoriano Alberto Dahik de haber exigido la suma de 1.200.000 dólares al Grupo Novoa del Ecuador por favorecerlo con una cuota de exportación de banano equivalente al 20 por ciento dentro de las negociaciones que se llevaban a cabo en el GATT. Después de adelantar las respectivas investigaciones, tanto la Fiscalía como la Procuraduría archivaron los procesos por no encontrar prueba alguna.Renunció como Ministro de Desarrollo en octubre de 1989 después de meses de denuncias periodísticas sobre un presunto tráfico de influencias para evitar la adquisición por parte del Incora de tierras que pertenecerían a la hacienda Bellacruz.A pesar de su evidente triunfo personal de la semana pasada en Bruselas, la controversia sobre Bellacruz nuevamente ha dejado sobre el tapete la conveniencia de tener un embajador en Europa en la mira de las organizaciones no gubernamentales de los derechos humanos. No hay que olvidar que la resolución del viernes se originó en el caso de Bellacruz. En la Cancillería algunos están llegando a la conclusión de que los evidentes beneficios de la eficaz gestión del embajador no justifican los costos en que se debe incurrir por mantenerlo en el cargo. Habrá que ver si quienes así piensan logran imponer su criterio o si por el contrario el embajador vuelve a ganar la batalla y queda en el cargo.