EL FRENTE CARCELARIO

EL ASUNTO TIENE CON LOS pelos de punta a varios altos funcionarios. En el mejor estilo del grupo subversivo peruano Sendero Luminoso, la guerrilla colombiana inició un plan de adoctrinamiento y reclutamiento de nuevos simpatizantes en las diferentes cárceles del país.
La señal de alarma fue un documento confidencial preparado por el coronel Gustavo Socha Salamanca, director general del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), que circuló la semana pasada entre las autoridades. En él se demuestra cómo la Coordinadora Guerrillera se ha dedicado a preparar protestas con el fin de establecer bastiones y crear el descontento entre los presos del país. Fue así como en marzo varios cabecillas guerrilleros lideraron huelgas de hambre en las cárceles de Bucaramanga, Cúcuta, Cartagena, Buga y Cali.
Pero más que buscar privilegios para el conjunto de los detenidos, estas huelgas se convirtieron en un constante argumento para demandar beneficios para los internos de la guerrilla. Entre atras cosas, los presos empezaron a exigir visitas extras y requisas menos estrictas para los visitantes, con el ánimo de ingresar a las prisiones pancartas, propaganda subversiva y -peor aún- armas y explosivos.
Además, los líderes guerrilleros pidieron visitas íntimas indiscriminadas, selección de patios por parte de ellos, y la creación de un comité de reclusos subversivos y encargarlo de seleccionar la población de cada patio. "Como si fuera poco -le dijo a SEMANA una fuente militar-, los internos también exigieron el acceso a talleres y aulas con la intención de tener contacto con los otros reclusos y así poderlos concientizar de la lucha guerrillera".
Como ninguna de estas peticiones fue concedida por estar fuera de las normas carcelarias, los guerrilleros desencadenaron protestas y hostilidad en las prisiones. Y aunque todavía no ha pasado nada grave, este hecho podría llegar a ser de gran utilidad para los subversivos.
Para la realización del documento, el Inpec utilizó presos amigos y agentes encubiertos, que develaron planes de los líderes guerrilleros para alterar el orden dentro de las cárceles. Los subversivos piensan promover incidentes graves con posibles víctimas para desprestigiar el sistema carcelario, y así seguir los ejemplos de otros países suramericanos.
A pesar de la gravedad de las revelaciones del informe del Inpec, se puede decir que por fortuna son hechas a tiempo, lo que ha permitido responder con una labor preventiva. Las autoridades carcelarias decidieron trasladar de prisión a varios líderes guerrilleros para desarticular los planes de los grupos alzados en armas. Y aunque en un comienzo los subversivos creyeron que con la tutela podrían ser devueltos a sus primeras cárceles, la decisión de hace dos semanas de la Corte Constitucional en el caso de Gerardo Bermúdez, alias 'Francisco Galán', sirvió para dejar en claro que no se viola ningún derecho fundamental cuando se les traslada de prisión.
El documento también evidencia que así como se necesita la presencia del Estado en las diferentes zonas marginadas del país para no darles la oportunidad a los grupos alzados en armas de manipular a los habitantes de estas regiones para que colaboren con la guerrilla, también es necesario que en las cárceles existan verdaderos programas encaminados a la resocialización de los delincuentes. Algunos de estos proyectos están andando, pero es mucho lo que falta, en especial en cuanto a la vinculación del sector privado en los royectos y talleres de trabajo en las prisiones.
Si no se avanza en este sentido, el control del frente carcelario que la guerrilla parece haber abierto se hará cada día más difícil, pues estará limitado a tácticas antisubversivas y no a estrategias integrales para solucionar la situación de las cárceles.