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La discusión tiene tres ejes: definir el precio, acordar cómo incorporar nuevas reservas y precisar el mejor uso de estos recursos. | Foto: guillermo torres - semana

RECURSOS

¿A cuadrar caja?

En medio de un complejo escenario fiscal, el Gobierno se mueve para buscar plata. Ya reconoció su interés en vender el 8,5 por ciento en Ecopetrol. Preocupa que lo decida para tapar el hueco y no para darle un uso estratégico.

19 de enero de 2019

La venta del 8,5 por ciento de Ecopetrol, que podría representarle al Gobierno más de 10 billones de pesos, constituye una de las movidas más esperadas para este año. Y su camino empezó a despejarse el jueves, cuando el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, ratificó el interés de realizar la operación.

Sería una de las principales decisiones del Gobierno para atender el apretado panorama fiscal. En efecto, aunque la Ley de Financiamiento pasó a finales del año pasado, su escaso recaudo dejará un hueco de más de 7 billones de pesos en el presupuesto de 2019. Esto obliga al presidente Iván Duque y a sus ministros a escoger qué programas aplazan y cómo será el recorte, en medio de una gran inflexibilidad del gasto.

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El tema se calentó el año pasado cuando Jorge Humberto Botero, presidente de Fasecolda y en ese momento al frente del Consejo Gremial, planteó la posibilidad de la venta para atender los desafíos financieros en el sector de infraestructura. Esta idea, sin embargo, generó grandes tensiones, incluso en los gremios de la producción.

Esta vez, casi simultáneamente con el anuncio del ministro Carrasquilla, la calificadora Fitch Ratings encendió las alarmas sobre cumplimiento de las metas de déficit fiscal. La calificadora reconoce que este año Colombia logrará alcanzar el déficit de 2,4 por ciento del PIB acordado en la regla fiscal, a pesar de los recortes que tuvo que hacer en la Ley de Financiamiento. Pero para 2020 el país necesitará nuevas medidas para aumentar ingresos o reducir gastos, a fin de llegar a la meta de 2,2 por ciento. Fitch calcula que ese año la reducción de la carga tributaria a las empresas eliminará ingresos por 0,8 por ciento del PIB (unos 800.000 millones de pesos), y no serán suficientes los recursos que lleguen de impuestos y de esfuerzos antievasión.

En este escenario, el Gobierno tiene un margen de maniobra muy limitado. Buscar ingresos con una nueva reforma tributaria este año resulta impensable, luego del accidentado camino que transitó la Ley de Financiamiento. Por eso, tendrá que acudir a otras movidas para conseguir recursos.

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Una de ellas es vender activos como Ecopetrol, la joya de la corona. Además, sería un proceso más ágil, pues el Congreso autorizó la operación desde 2007 cuando se inició la democratización accionaria del 20 por ciento, y solo queda pendiente por vender este 8,5 por ciento.

Aunque no se conoce aún si harán la venta en bolsa o con un socio estratégico, varias inquietudes rondan la decisión. La primera, el valor: hay mucha volatilidad en los precios del petróleo –han variado entre menos de 60 y más de 70 dólares el barril–.

Esto ha impactado el precio de la acción, que arrancó en 1.700 pesos en 2007, bordeó los 5.000 pesos y este año se ha movido en promedio cerca de los 2.800 pesos. A esto se suman las tensiones internacionales, la desaceleración de China y un comportamiento de la economía más cauteloso, lo que le genera gran incertidumbre al mercado del crudo.

También preocupa el nivel de las reservas de Ecopetrol. La empresa tiene entre sus mayores desafíos incorporar nuevas reservas a su portafolio, y para lograrlo tendrá que enfrentar el debate en torno al desarrollo de campos no convencionales –fracking–, a lo que los ambientalistas se oponen fuertemente. Pero en ellos están las mayores oportunidades de la compañía.

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Y la tercera preocupación se refiere al destino de los recursos. En medio de la controversia que comienza por la venta, el ideal sería cambiar un activo por otro, como en su momento el país hizo con Isagén, al usar ese capital para desarrollar la infraestructura. Se anticipa que los recursos servirán para atender los planes de inversión que quedarían en el aire.

El Gobierno tiene el reto de que esa plata sirva de instrumento para generar mayor productividad y competitividad para el país. Para que no termine como una solución de corto plazo frente al hueco fiscal de un año.