EL GOBIERNO DIJO NO

Eran alrededor de las 9:30 de la mañana del martes 21, cuando el periodista Germán Castro Caycedo, quien había sido guiado hasta el lugar por un grupo de hombres del M-19, vio al segundo hombre al mando del movimiento, Otty Patiño, en algún lugar de Cali. Vestido con una camisa habana, pantalón y medias del mismo color y zapatos negros, barba y cachucha, Patiño comenzo por aclararle que la entrevista podría acortar el cautiverio de Alvaro Gómez Hurtado. Segundos antes, Castro había pedido pruebas de que las personas con las que estaba hablando sí pertenecían al grupo guerrillero que tiene secuestrado a Alvaro Gómez. Del bolsillo de la camisa, Patiño sacó la foto que 48 horas después, fue publicada en las primeras páginas de todos los periódicos del país. La entrevista, que duró cuatro horas, y en la que no hubo ni cámaras ni grabadora, 48 horas después no había producido, como sus protagonistas lo esperaban, un debate sobre el secuestro de Gómez, la guerra y la paz, el M-19 y las reformas, sino sobre la libertad de prensa.
Y protagonista central de este debate fue el recién posesionado ministro de Comunicaciones, Pedro Martín Leyes, quien el miércoles en la mañana se levantó temprano como de costumbre y sin tener ni idea de la jornada que le esperaba. En las primeras horas de la tarde, se filtró hasta su despacho la noticia de que Germán Castro sacaba al aire esa noche en su programa "Enviado Especial", una entrevista con alguien de la cúpula del M-19. No habia mayores detalles, pero el Ministro sabía que tenía que moverse rápido. Comenzaron entonces una serie de consultas y llamadas telefónicas entre Martín Leyes, su viceministro Marco Tulio Rodríguez, y el ministro de Gobierno, César Gaviria. Estos últimos se pusieron en contacto con directivos de la programadora RTI, concesionaria del espacio de opinión. El presidente de RTI, Fernando Gómez Agudelo, estaba fuera del país, lo cual complicó las gestiones. Según dijo a SEMANA un ejecutivo de la programadora, "lo que el gobierno estaba pidiendo era que nosotros tomáramos la decisión de autocensurarnos"; Al parecer, dos miembros de la junta directiva de RTI con quienes el gobierno se pudo comunicar, respondieron que, aunque podían entender los motivos de la solicitud, consideraban que la responsabilidad debía asumirla Inravisión y no la programadora.
Ahí fue Troya. Al gobierno se le estaba agotando el tiempo. A las 6 de la tarde, dos horas y media antes de emitirse el programa, el ministro Martín Leyes tomó la decisión de reunir el Consejo Nacional de Televisión. Uno a uno fueron llamados de urgencia los miembros del CNT, a quienes les esperaba una sorpresa. El Ministro se había permitido invitar al general Miguel Maza Márquez, director del DAS, a la sesión. Fue precisamente Maza el encargado de exponer lo que para el gobierno eran los peligros, en términos de seguridad del Estado, de la transmisión del programa. Con su acento costeño y su tradicional capacidad de persuasión, Maza convenció a los presentes tras una exposición de 20 minutos. Al final de ella, todos votaron a favor de suspender la emisión del programa. Aparte del Ministro, del viceministro y de Maza, estaban presentes Germán Montoya, delegado del presidente Virgilio Larco, Germán Hernández de Alba, de la Academia de Historia; Lina Pérez, de Colcultura, Carlos H. Gómez, de las facultades de comunicación social; Carlos Delgado Pereira, representante de los ex directores de Inravisión, Rafael Galvis, por el Círculo de Periodistas de Bogotá, y Alejandro Bonilla, de la Comisión de Vigilancia de la TV.
Al día siguiente, muchos hablaron de censura. Para empezar, el propio diario El Siglo, el de Alvaro Gómez, que se refirió en primera página a que la entrevista de Castro con Patiño había sido "censurada en TV", y que el viernes abrió la primera plana a tres columnas con el título "Rechazo a suspensión de Enviado Especial". Pero ese rechazo no era tan unánime. La verdad es que para muchos colombianos, las cosas ya no están como para transmitir por televisión las declaraciones de dirigentes de un grupo que tiene en su poder a quien es quizá, el secuestrado más importante de la historia de Colombia. Los conservadores eran, paradójicamente, los que más rechazaban la censura, rompiendo por unas horas la tregua que le habían declarado al gobierno una semana antes. Su alegato como le dijo a SEMANA un ex ministro azul, "se basa en que no tiene sentido que el gobierno dialogue por radio-teléfono desde la Casa de Nariño con Jacobo Arenas, el jefe de las FARC, una organización que, según los organismos de seguridad del propio gobierno, tiene decenas de secuestrados, y no permita que se pase una entrevista, o mejor dicho, los apuntes de una entrevista, porque Patiño ni siquiera aparecía en el programa hablando, de cuya emisión puede depender la vida del doctor Gómez".
El periodista Germán Castro, por su parte, tampoco estaba contento. Y era lógico. Pero en su caso, como se lo explicó el jueves a SEMANA, independientemente de la cuestión de la censura, el descontento era más por las declaraciones del ministro Martín Leyes esa mañana a la radio, en las que se refirió al programa no como un reportaje, sino como una proclama guerrillera. "Me llama la atención -dijo Castro- la forma tendenciosa y malintencionada como el Ministro presentó el hecho, diciendo que (el programa) era un manifiesto de guerra. Es la única forma como él puede justificar una censura".
El documento en realidad era, a pesar de sus ambiguedades, más una invitación al diálogo que una proclama de guerra. Sin embargo, como todos los planteamientos del M-19, estaba salpicado de una terminología de lucha de clases y de guerra. Como no había habido cámaras, el guerrillero no aparecía hablando en ningún momento, y Germán Castro se limitaba a leer en cámara apartes de la entrevista, apoyándose en un cuaderno de colegial. "En realidad el programa era un ladrillo", reconoció el propio Castro.
Pero aparte de todo esto, la verdad es que la medida de censurar el programa fue coherente con lo que ha sido, desde el 7 de agosto de 1986, el sello principal de la política del gobierno del presidente Barco frente a la guerrilla: quitarle protagonismo a esos grupos. La decisión de la semana pasada es consecuente con la negativa de la administración a llevar periodistas en los viajes a La Uribe y otras muchas medidas destinadas a revertir lo que, según el actual gobierno, fue el proceso que caracterizó a la administración Betancur, cuando los guerrilleros fueron estrellas de la televisión.
Sea como sea, el gobierno dejó en claro no sólo su posición frente a este tipo de programas, sino que no se iba a complacer al M-19 en todo lo que quisiera en el proceso que está por comenzar. Esta actitud es valerosa, pero no está exenta de riesgos. Riesgos que al parecer, el gobierno está dispuesto a asumir.