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| 2/8/1988 12:00:00 AM

EL GOLAZO DE LOS NARCOS

En el caso de Ochoa no sólo fallaron las instituciones sino las personas

EL GOLAZO DE LOS NARCOS EL GOLAZO DE LOS NARCOS
En estricto derecho, en el momento en que se produjo la captura de Jorge Luis Ochoa no existía ningún motivo legal para detenerlo. El auto de detención con fines de extradición que había sido dictado en su contra después de su liberación en Cartagena donde estuvo preso por contrabando de reses de lidia en 1986 había sido revocado por el entonces ministro de Justicia, José Manuel Arias, cuando se cayó la ley del Tratado de Extradición. El proceso por narcotráfico en Medellín que había sido invocado como uno de los motivos para su extradición de España hacia Colombia, estaba inactivo. Y en cuanto a la excarcelación por contrabando de reses, continuaba vigente.
Por eso dentro de las 48 horas siguientes a su captura, en el Ministerio de Justicia se devanaron los sesos tratando de inventar un cargo por el cual retenerlo legalmente. Al gobierno se le ocurrieron dos cosas. Por un lado revocar la excarcelación que le había decretado a Ochoa el juzgado de Cartagena en agosto del 86, con base en el incumplimiento de las presentaciones personales exigidas. Y por otro, el ministro Low Murtra, atendiendo la nota verbal de la embajada de los EE.UU., dictó un auto de detención con fines de extradición contra el narcotraficante, aunque en el fondo el gobierno estaba dando palos de ciego en cuanto al mecanismo de extradición que invocaría para tal efecto.
Pero si el gobierno no tenía muy claro para dónde iba, los abogados de Ochoa si. Lo primero que había que hacer era conjurar el peligro de extradición. Lo segundo, sacar a Ochoa de la cárcel. Y las dos cosas las lograron.
Para evitar la extradición de Ochoa recurrieron al sistema que ya una vez les había resultado tan eficaz: reactivar su viejo y útil proceso por narcotráfico en Medellín. Los abogados del narcotraficante se presentaron ante el ministro de Justicia con la constancia en mano, expedida por la juez 45 de Instrucción Criminal de Medellín, María Cecilia Cadavid Montoya, de que en su juzgado se adelantaba un proceso contra Ochoa por los mismos cargos que era solicitado en extradición por los EE.UU., y de que por tal motivo lo requería en indagatoria.
Sin consultarle al Presidente de la República, ni a la oficina jurídica de la Presidencia, el ministro de Justicia firmó la revocatoria del auto de detención con fines de extradición, preparada por la jefe de la oficina jurídica del Ministerio, María Paulina Riveros. Y con ello quedó abonado el terreno legal que permitió que Jorge Luis Ochoa celebrara el Año Nuevo con sus familiares.
Lo que les quedaba a los abogados de Ochoa era lograr su liberación lo más pronto posible, antes de que el gobierno "se pillara" la maniobra y planeara una contraofensiva jurídica para extraditar a Ochoa.
Para lograr este objetivo el pool de abogados echó mano de una medida jurídica como de primer semestre de facultad de derecho: el Habeas Corpus. Por este recurso, que consiste sencillamente en una garantía constitucional que ampara la libertad de los individuos contra los actos arbitrarios de autoridad, para los casos en que una persona esté retenida sin mandato legal, sin causa justificada o por más tiempo de lo debido, los abogados de Ochoa lograron ponerlo de patitas en la calle con la complicidad del aparato judicial y de las autoridades carcelarias.
TOCATA Y FUGA
Como un mecanismo de reloj suizo, todas las piezas engranaron sospechosamente a la perfección. La juez de Medellín expidió la constancia que tocaba, certificando que contra Ochoa no había orden de captura. El juez 71 de Instrucción Criminal de Bogotá, Andrés Enrique Montañez, expidió la orden que tocaba, aceptando que Ochoa estaba siendo retenido ilegalmente. Los presos de la Modelo hicieron lo que tocaba: organizaron un motín que distraería la atención del Director de Prisiones. El Director General de Prisiones, se demoró el tiempo que tocaba. El asistente del Director de Prisiones pidió lo que tocaba: que permaneciera stand by, más allá de la jornada laboral, todo el personal de la cárcel necesario para decretar una liberación. El propio director del centro carcelario se portó como tocaba, dándole prioridad a la orden judicial sobre la de su superior jerárquico.
La única que no funcionó como tocaba fue la justicia. Y no ha funcionado desde la primera vez que capturaron a Ochoa en España en 1984. Para comenzar, no era muy lógico que el gobierno colombiano, que venía en una cruzada sin tregua contra el narcotráfico prácticamente desde el asesinato del ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, le hiciera el favor a Ochoa de luchar a razo partido para que no fuera extraditado de España a los Estados Unidos. En ese país había 27 cargos en su contra, todos mUcho más serios que el de contrábando de toros de lidia por el cual lo pedía Colombia. Esa batalla para evitar que Ochoa acabara en una cárcel norteamericana podía corresponderle a su familia o a sus abogados, pero no al gobierno colombiano que fue el que terminó liderándola. Lo más sorprendente de todo es que esta cascarita la pisó uno de los hombres considerados como de los más valerosos en la lucha contra el narcotráfico, Enrique Parejo González. A eso se sumó un error del gobierno norteamericano que, en su afán de involucrar a los sandinistas en el tráfico de drogas, le ofreció a Ochoa una rebaja en la pena a cambio de que comprometiera a Nicaragua en el negocio. Esto le permitió a los abogados de Ochoa convertir el juicio por narcotráfico en un juicio político, al cual fue fácilmente sensible un gobierno socialista como el de Felipe González.
Todo esto permitió que el narcotraficante resultara solamente juzgado por contrabando de toros en manos de un generoso juez de Cartagena, quien después de condenarlo a una pena excarcelable de 20 meses lo exoneró hasta de la obligación de presentarse periódicamente, aceptando los argumentos de Ochoa en el sentido de que su seguridad personal no estaba garantizada.
Pero lo más inverosímil de todo el caso es que aparece y desaparece un juicio por narcotráfico en un juzgado de Medellín de acuerdo con las conveniencias de Ochoa. Para extraditarlo a Colombia y no a los Estados Unidos se activó el juicio. Apenas llegó el narcotraficante al país, misteriosamente se desactivó, de tal suerte que sólo quedó el caso de los toros en Cartagena. Ahora cuando apareció de nuevo el riesgo de la extradición a Estados Unidos, volvió a salir a flote el famoso juicio de Medellín, obligando al ministro de Justicia a revocar el auto de detención con fines de extradición, pues al tratarse de los mismos cargos por los que se le solicita en Estados Unidos, prima la justicia colombiana.
La magia de este juicio es que sirve para que no lo extraditen y al mismo tiempo no sirve para meterlo en la cárcel en Colombia. El hecho de que exista proceso impide que pueda ser extraditado y el hecho de que no exista orden de captura en ese proceso, permite que lo dejen en libertad. Estos vericuetos jurídicos, aunque son legales, son muy difíciles de entender para los ciudadanos de bien, quienes lo único que ven es que en Colombia el imperio de la ley se está convirtiendo en el imperio de la impunidad.
Pero no solamente fallaron las instituciones jurídicas. También lo hicieron algunas personas. El que sale peor librado es el juez 71 de Instrucción Criminal, Enrique Montañez. Los fundamentos jurídicos del Habeas Corpus decretado por él, son en el mejor de los casos, muy controvertibles, y en el peor, abiertamente ilegales. En primer lugar, por que asumió que los 19 meses que Ochoa permaneció detenido en España eran computables a los 20 decretados por el juez de aduanas de Cartagena, por contrabando de reses. Esto es discutible, porque a Ochoa lo detuvieron en España por narcotráfico, y lo extraditaron para ser juzgado en Colombia por narcotráfico y por falsificación de documentos, pero no por contrabando de reses.
En segundo lugar, porque según el artículo 463 del Código de Procedimiento Penal, el Habeas Corpus no procede cuando existe auto de detención o sentencia previamente decretadas. Esta disposición la violó el juez 71 de Bogotá, alegando que la sentencia ya estaba cumplida, y que aunque es cierto que este reconocimiento lo debe hacer el mismo juez que decretó la sentencia, su colega de Cartagena estaba de vacaciones, razón por la cual adquirió la competencia para decretar el Habeas Corpus.
En Colombia, como en cualquier país donde rige la separación de poderes, un juez es totalmente autónomo e independiente del ejecutivo. Pero en la práctica, es absolutamente inverosímil que tratándose del caso jurídico número uno del país y cuyas repercusiones internacionales son de gran magnitud, no se hubiera tomado la molestia de llamar al ministro de Justicia para informarle. No para consultarle, sino para informarle.

Por su parte, el director de La Picota, Alvaro Camacho Avila, también jugó un papel fundamental en la liberación de Ochoa. En primer lugar, desconoció la orden de su inmedidato superior, Guillermo Ferro, Director Nacional de Prisiones, de no soltar a Ochoa hasta que éste, que estaba controlando un levantamiento de presos en la Modelo, no se hiciera presente en La Picota. En segundo lugar, confundió al comandante de la Escuela de Artillería, al decirle que no había posibilidad de que Ochoa saliera de la cárcel ese 30 de diciembre.
Hay que adimitir sin embargo, que tiene argumentos a su favor. Teóricamente una orden judicial prima sobre una orden administrativa y en la práctica, que tener al frente a Jorge Luis Ochoa -apoyado en una orden de un juez- preguntando en tono paisa "Perdón doctor, falta alguna cosita?", no deja de ser una situación preocupante. Las tres horas que duró manejando esta situación lo dejan por lo menos en tablas.
También queda por lo menos en tablas el Director General de Prisiones Guillermo Ferro. Su demora en llegar a La Picota está justificada por el motín de la Modelo, independientemente de quién lo haya orquestado. Si bien la disculpa de que su Mercedes se dañó es un poco floja, queda compensada con el hecho de que por radioteléfono mandó una patrulla para asegurarse de que Ochoa no fuera a salir de la cárcel.
Otro que sale mal librado es Benjamín Bustos Domínguez, asistente administrativo del Director General de Prisiones, por haber facilitado la liberación de Ochoa por fuera del horario normal de La Picota, al haberle ordenado a su director que parte del personal de la cárcel permaneciera horas extras en la misma, para tramitar la liberación del narcotraficante. Pero lo más inexplicable de este episodio es que tomó estas medidas cuando su superior había dado órdenes en el sentido contrario.
El escándalo de la liberación de Jorge Luis Ochoa no puede acabar circunscrito a fallas, por acción y omisión, de mandos medios. El alto gobierno es probablemente más o igualmente responsable de lo sucedido . Concretamente el ministro de Justicia, Low Murtra llegó al Ministerio lleno de gloria como el anti Arias, cuando los vientos políticos soplaban en contra de su antecesor, José Manuel Arias Carrizosa. Pero de ahí en adelante las cosas no le han salido muy bien. El golpe de opinión de destapar a Rodríguez Gacha como el autor intelectual del asesinato de Pardo Leal, no favoreció en nada las posibilidades de capturarlo. Fue vergonzosa su falta de conocimiento, revelada en una citación al Congreso, de una nota verbal del gobierno de los Estados Unidos dirigida a la Cancillería colombiana alegando que no consideraba aplicable el tratado de Montevideo para efectos de extradición. Semejante falta de coordinación en materia tan importante, dejó muy mal a los dos Ministerios.
Y en el caso de Ochoa, aunque principalmente hubo mala suerte, hubo también negligencia, falta de visión de conjunto y falta de sentido político. La gravedad del caso ameritaba órdenes expresas y categóricas, verbales y por escrito, a todas las dependencias, de que Ochoa no podía salir sin la firma del Ministro. Se demostró que Jorge Luis Ochoa contaba con asesoría jurídica muy superior a la del Ministro que, según ha podido establecer SEMANA, consiste básicamente en dos abogadas jóvenes llenas de buenas intenciones pero sin mayor experiencia.
La explicación que dio el Ministro en televisión, según la cual todo fue el resultado de la separación de poderes es verdad, pero no suficiente.
En un país donde en este momento se encuentran centenares de personas en la cárcel por haber girado un cheque sin fondos o por haberse robado una caja de tomates, es difícil de explicar que un hombre acusado de ser la cabeza del grupo familiar que suministra el 30% de la cocaína que se consume en Estados Unidos haya quedado dos veces libre por la vía legal en menos de un año.
En todo caso, si bien Ochoa puede estar disfrutando (como se rumora) de su libertad en Brasil, también le prestó un flaco servicio a sus colegas y a su causa. Desde el asesinato de Rodrigo Lara Bonilla no se había registrado en el país tanto apoyo a la extradición como la que se palpa hoy en el ambiente después de la fuga legal de Ochoa. Lo cierto es que los narcotraticantes deben estar hoy pagando escondederos a peso porque, aunque los mecanismos jurídicos no están muy refinados, el que se deje coger en estos momentos es muy probable que amanezca en La Florida y no en la Picota.

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