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| 3/4/1996 12:00:00 AM

EL GRAN PERDEDOR

EL AUTOR DE ESTE ENSAYO SOSTIENE QUE LA PRIMERA VICTIMA DEL PROCESO 8.000 HA SIDO EL ESTADO DE DERECHO.

EL GRAN PERDEDOR, Sección Nación, edición 718, Mar  4 1996 EL GRAN PERDEDOR
La principal víctima de este proceso podría ser el Estado de Derecho porque igual se debería hablar de su caída y de la de sus bases _la supremacía de la Ley y la correcta administración de justicia_ o de que para el propósito de tumbar políticamente a Samper sería necesario llevarse por delante la institución esencial del Esta-do de Derecho que es la administración de justicia.En efecto, se pretende que se defiende el Estado de Derecho y se busca la 'justicia' sobre la base de:1. Exigir que la instancia pertinente para una definición no sea el fallo sino la simple acusación. No es solo acabar con el principio del debido proceso sino acabar con el proceso del todo.2. Asumir que no son competentes las jurisdicciones institucionales: si ni la Comisión ni el Congreso son jueces aceptables (a pesar de que así lo establece la Constitución y bajo el argumento de que es que los congresistas son del mismo partido o hicieron campaña con el Presidente _siendo imposible que sea de otra manera_) se eliminaría en forma absoluta la posibilidad de esa jurisdicción. No es descalificar a unos congresistas sino acabar con la competencia institucional de las jurisdicciones.3. Exigir que no sea juzgado de acuerdo con la ley existente: no existe la figura de "enriquecimiento ilícito por parte de particulares en favor de terceros, que no sean personas jurídicas ni naturales, que no se refleje en forma de beneficio económico y sin que sea condición el origen ilícito de las fuentes de tal 'enriquecimiento". La verdad es que se pretende, sin previa tipificación, configurar como delito "cualquier cosa que tenga vínculos con los Rodríguez Orejuela". Es cambiar el principio de que sólo se puede juzgar de acuerdo con normas preexistentes y abstractas por el de que se puede por la vía 'interpretativa' crear nuevos tipos punibles.4. Asimilar la simple imputación a la acusación judicial, con el agravante que ni siquiera se sabe cuál es la imputación ni qué pruebas la respaldarían (no se ha precisado, según la indagatoria de Botero, ni qué es lo que sabía ni en qué estaba comprometido concretamente Samper, sin embargo sus declaraciones 'justificaron' los 'pronunciamientos' de todo el mundo). En la práctica es dar categoría probatoria al rumor con sus características de indefinido y sin soporte.5. Aceptar a priori la idoneidad de un testimonio de quien reconoce que ha dado ya falsos testimonios y además hacerlo de manera selectiva (Botero no sólo presentó antes una versión que él mismo sostiene que es falsa, sino que en la nueva afirma hechos imposibles _y que quienes validan su versión así lo reconocen_ como que hubiera podido haber manejos financieros y administrativos en la campaña sin que él se enterara; sin embargo es él quien se supone da plena validez a las posibles acusaciones y quien da calificaciones a todos los protagonistas, sean estos los posibles cuestionados _Samper o De la Calle_ o quienes hacen las investigaciones _Valdivieso_). Es la renuncia a calificar la prueba o, peor aún, la aceptación de la prueba no en función de su validez intrínseca sino del propósito que sirve.6. Desligar la acción de culpabilidad de la vinculación personal (la responsabilidad del manejo administrativo y financiero era de Botero y la responsabilidad del control ético era de Jorge Valencia; por lo tanto culpabilidad sólo podría haber por acción si se prueba que Samper en efecto dirigió una operación como la que plantean sus acusadores pero no puede ser culpable por omisión ni menos por presunción). No es sólo reemplazar la presunción de inocencia por la de culpabilidad sino establecer que ésta existe aun sin vínculo con el actor.7. La acusación es haber hecho un acuerdo con el cartel de Cali para recibir la financiación necesaria para salir elegido (lo cual implica un compromiso que ni siquiera necesita discutirse). Esto aunque jurídicamente pudiera no ser sancionable (¿por qué Bavaria podría hacerlo y Drogas La Rebaja no?) en cualquier juicio político no hay duda que representa un delito mayor: equivale a vender la Presidencia. La posible comprobación de que los 30 millones que Medina entregó a María Izquierdo o los 150 que la avioneta entregó en Córdoba provenían en alguna forma del grupo de Cali, no confirma tal negociación. Si yo encuentro a una persona con un objeto que sé que es de la casa de un amigo, puedo especular sobre la posibilidad de un robo de domicilio con atraco a mano armada; sin embargo, sin quitar que el objeto en efecto pertenezca a mis amigos y que les haya sido robado, puede resultar que algún invitado de ellos lo haya escamoteado durante una comida y lo haya regalado a quien hoy lo tiene sin saber nada de su origen. El robo de domicilio con atraco a mano armada, que es el delito mayor del cual sospeché, no existe por el hecho de que ese sea el objeto que les fue robado a mis amigos. Inclusive la realidad puede no ser ninguno de los dos extremos aquí planteados: el delito puede no ser ni hurto ni atraco sino estafa o abuso de confianza, por ejemplo; el actual poseedor puede haber hecho un contrato para adquirirlo a sabiendas de que requería de actos ilegales sin conocer cuáles serían estos, o simplemente puede haberlo 'reducido' sospechando que era robado. Es justamente el juicio, la investigación y la valoración de las pruebas lo que define el delito y el delincuente. Igual que la no culpabilidad en cuanto a la sospecha mayor no implicaría la inocencia de cualquier posible delito, la no inocencia probada de un hecho menor no demostraría la culpabilidad en la acusación mayor. Lo pretendido equivale a dar al conjunto indicio-especulación igual valor que a la prueba.8. Validar actos delictuosos como las violaciones a la reserva del sumario, ya que la exaltación de ellos al nivel de "en interés de la ciudadanía" les ha quitado su sentido de indeseables y los ha legitimado al punto que ya no sólo los periodistas sino los generales y los magistrados de la República defienden la conveniencia de la comisión de tales delitos. El planteamiento es que la divulgación de las 'filtraciones' de los despachos judiciales está amparada por la reserva profesional de las fuentes de información para el caso de los periodistas (C.N. Art. 74). El delito no consiste en que alguien conozca el contenido del sumario _puesto que además de los funcionarios que lo manejan también las partes involucradas tienen acceso a él_, sino el darlo a conocer para uno u otro propósito; es decir que el delito radica no en el conocimiento sino en el uso de la información y que quien comete el delito es quien accede indebidamente a ella. El funcionario es más bien el instrumento a través del cual se delinque. Aquí el 'periodista' no es ni siquiera el cómplice sino el autor principal (intelectual y material), lo que además, teniendo en cuenta la relación que ha logrado establecer con quienes hacen las filtraciones, implica los delitos de concierto para delinquir e incitación al delito.Es claro que los medios no sólo están consiguiendo indebidamente la información sino que la están consiguiendo para usarla y usarla en el sentido exacto que trata de impedir la ley, es decir, para interferir en el funcionamiento de la justicia, buscando presionar para que se pronuncie en determinado sentido . Lo más grave no son los delitos mismos cometidos (parecida situación ocurre con las grabaciones clandestinas o con las difamaciones de 'terceras fuentes') sino el que se haya reconocido el derecho de impunidad para ellos.

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