El hombre de los contratos

Hay un nombre que ha salido a relucir en los episodios más escandalosos de los contratos de obras públicas de Bogotá: se trata de Julio Gómez.

Primero, en una fotografía se le vio en un jet privado, con acordeonista y botella de whisky en mano, rumbo a las fiestas de Sahagún, Córdoba, al lado del controvertido Emilio Tapia. Después, en una explosiva grabación, el congresista Germán Olano le dice al contratista Miguel Nule que "Julio" no le pagó al Contralor Distrital una comisión que le correspondía de 1.000 millones de pesos. Y hace dos semanas, el propio Nule dijo públicamente que Julio Gómez fue uno de los que le pidió una 'mordida' del contrato para dársela al senador Iván Moreno.

Pero esos son apenas tres de los elementos que tiene la Fiscalía en su poder. El fiscal, Guillermo Mendoza, tiene claro que este no es un caso cualquiera, pues afecta a ocho millones de personas. En este momento están abiertos 220 frentes de obra en Bogotá que son el dolor de cabeza para los que la habitan, pero representan un negocio de 3,6 billones de pesos.

¿Quién es Julio Gómez? ¿Y qué papel cumple en este escándalo? A este bogotano le cambió la vida en un abrir y cerrar de ojos. En 1988 se graduó como arquitecto en la Universidad Piloto y hace apenas cuatro años él mismo se metía en el barro a dar la pelea a ediles de barrios del sur que se quejaban por las obras a su cargo. Muy distinto al Julio Gómez de hoy, uno de los 'cacaos' de la contratación en Bogotá, que hace unos meses para conversar con SEMANA llegó en carro blindado, rodeado de un séquito de escoltas y acompañado por el ex vicefiscal Pablo Elías González, en representación de uno de los más prestigiosos bufetes del país.

El primer pecado de Julio Gómez es que, según han denunciado concejales como Carlos Galán, ha puesto a funcionar una suerte de carrusel de contratos. La fórmula es sencilla: crea distintas empresas en las que él a veces figura y otras no, y aprovecha toda la información que tiene y los contactos para ganar con ellos diferentes licitaciones.

En el caso de obras de mantenimiento de la malla vial, por ejemplo, el IDU dividió en seis pedazos a Bogotá y curiosamente dos empresas 'satélite' de Julio Gómez (pues una es propiedad de dos sobrinos y otra de dos sobrinas de su esposa) se ganaron dos de los seis pedazos, por un valor total de 187.400 millones de pesos. Gómez dice que se ganaron la licitación en franca lid y que ellos apenas tienen una porción del contrato porque iban en consorcio. Sin embargo, no deja de ser muy llamativo que dos de sus sobrinos, menores de 30 años, les hayan ganado la licitación a pesos pesados de la ingeniería nacional, como Mario Huertas.

Y en otro frente, el de las obras de valorización, Gómez estaría, de manera directa o indirecta, en consorcios que ganaron contratos. En manos de Gómez, por ejemplo, estaba el contrato para construir el puente deprimido para resolver el trancón de la 94 con 9. Una obra de 45.000 millones que debía haber comenzado en noviembre del año pasado pero que nunca arrancó y la semana pasada el IDU la suspendió. El IDU le echa la culpa a Julio Gómez, pues, según informó El Tiempo, el contratista no entregó un presupuesto razonable y pedía una adición de 17.000 millones de pesos. Pero Gómez se defiende diciendo que el Acueducto es el culpable de la demora, pues le pidió un cambio de diseños. Más allá de quién tiene la razón, ¿cómo es posible que una obra adjudicada en licitación no tenga planos ni presupuesto definitivo?

El carrusel no se agota solo con las firmas de Gómez y de sus sobrinos. Los investigadores, además, les están siguiendo la pista a otras firmas, algunas de ellas apenas creadas en 2008, que forman todo tipo de consorcios que logran el efecto perverso de enredar cualquier investigación en una intrincada telaraña de nombres.

Eso, en teoría, no es delito. Pero en aras de la transparencia, es importante saber qué tanta concentración de la contratación existe y si todas esas empresas están dentro de los parámetros legales. De hecho, la Contraloría Distrital ya encontró posibles irregularidades y se las envió a la Fiscalía para que investigue. Habla, por ejemplo, de posible fraude en la certificación de la experiencia de tres firmas que tienen relación directa o indirecta con Julio Gómez (Coopmunicipal, Arkgo e Inca), pues se utilizó la certificación de una obra como comodín en varios procesos para comprobar la experiencia de las tres, cuando solo una de las firmas había ejecutado la obra. Y otro ejemplo es que la empresa de las sobrinas de la esposa de Julio Gómez (Costco) se ganó el contrato de uno de los seis distritos de mantenimiento de malla vial, a pesar de que no certificó experiencia.

Es decir, si la Fiscalía llega a corroborar los hallazgos de la Contraloría, querría decir que varias de las empresas que hoy tienen a Bogotá como un queso gruyer no cuentan con las condiciones para hacer esos trabajos.

Y como si fuera poco, la concentración de la contratación no se da solo en obras públicas. El concejal Carlos Galán revisó los contratos que por 60.000 millones de pesos tienen seis fundaciones con otras entidades del Distrito, y descubrió que en varias de las supuestas sedes (Funpabi, Funasergo, Funhori, Funalcer, Funarkgo y Fundecoes) no funciona ninguna fundación y que los celadores remiten a los interesados a la sede de Julio Gómez, la constructora Arkgo.

Las pesquisas se han hecho incluso en el exterior. SEMANA conoció una serie de documentos de empresas creadas en Miami que están siendo revisadas por las autoridades. Una de ellas es Arkgo Corp. (ver facsímil), en la que aparece como directora Janeth Arévalo, esposa de Julio Gómez. Los investigadores están tratando de descifrar por qué el agente encargado de esta firma y la dirección coinciden con otras firmas que en Miami están a nombre de otro de los salpicados por el escándalo, Emilio Tapia, y ambas a su vez tienen vínculos directos o indirectos con dos empresarios: Luis Cárdenas y Saúl Campanella, promotores de un proyecto de apartamentos en esa ciudad.

En principio, cabe repetir, no hay ningún problema legal en que Julio Gómez, su familia y allegados tengan empresas y ganen licitaciones. Pero las autoridades investigan posibles irregularidades, como por ejemplo, si las empresas del clan Gómez cuentan con información privilegiada del IDU. La Contraloría envió a la Fiscalía un cheque de 16 millones con el cual se habría pagado a un funcionario para que supuestamente los asesorara en cuál era el precio que tenían que ofrecer para ganar la licitación. Gómez descarta de plano esa acusación.

Otro caso que causó malestar en el Distrito fue que Julio Gómez se ganó la licitación para construir el Hospital El Tintal gracias a un error de matemática. El contrato era para quien ofreciera un precio más bajo, pero después de entregado a Gómez, revisaron las sumas y se dieron cuenta de que estaban mal hechas y la propuesta de Gómez era más costosa que la segunda.

No es la primera vez que Julio Gómez se ve en medio de un escándalo por contratación en Bogotá. Hace apenas cinco años él ya estaba en el ojo de la polémica como cabeza visible de una cooperativa llamada Coopmunicipal, que se ganó contratos por 52.000 millones en ocho alcaldías locales. Eso equivalía al 40 por ciento del presupuesto de dichas entidades. La veedora distrital en ese momento, María Teresa Garcés, lanzó una alerta a la ciudad sobre decenas de irregularidades de los contratos de Coopmunicipal.

Cualquiera tiene derecho a licitar si cumple los requisitos, como dice el propio Julio Gómez: "El departamento comercial mío está expresamente dedicado a que si salen 100 licitaciones en el país, me presente a 100. Y si yo puedo ayudar a mis sobrinos en lo que pueda, les ayudó". Pero lo que sorprende es lo bien que le va a un hombre como él, con una historia tan polémica como contratista del Distrito.