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El informe “mentiroso” que llevó a la cárcel, injustamente, a un adolescente

El supuesto crimen de una bebé de tres meses en Galapa, Atlántico, se convirtió en un injusto procedimiento contra un adolescente señalado de ser el responsable.


La Policía y los médicos del hospital de Galapa, Atlántico, no dudaron un segundo, la bebé de tres meses que llegó al centro médico el pasado 30 de abril, en los brazos de su abuela y su padrastro, fue abusada y asesinada a golpes. La Fiscalía les creyó y sin una prueba adicional judicializó al padrastro de la bebé. SEMANA conoció el informe que presentó la Policía.

Por este caso fue capturado un adolescente de 17 años de edad que un juez de menores señaló con contundencia como presunto responsable. Fueron cuatro instituciones, dos encargadas de brindar justicia, las que se fueron encima del adolescente para restregarle que era, presuntamente, el responsable del brutal asesinato.

Tras leer el informe de Policía, luego de la captura del menor, se entiende por qué la Fiscalía lo llevó ante los jueces, lo que no se explica es por qué no investigaron, pues buena parte de lo dicho en ese informe resultó ser inexacto, pero no como para una disculpa, sino para enviar a una persona inocente a la cárcel.

El informe

Firmado el 30 de abril de 2022 por dos patrulleros hace una identificación de la persona que fue capturada, o aprehendida, por ser menor de edad. Se trata del adolescente de 17 años de edad que en ocasiones compartía la misma habitación con la mamá de la niña que falleció.

Los policías explican allí que a las 8:45 p. m. les informan de un caso en el hospital de Galapa, Atlántico, tras el ingreso de una bebé de tres meses sin signos vitales y con un diagnóstico confuso. Los uniformados hablaron con la mamá de la niña y ella les explicó que estaba trabajando cuando le informaron de la tragedia.

Posteriormente fue la abuela de la víctima quien entregó más detalles a los policías, pero fue una versión, sin pruebas y con meras sospechas de la médico del hospital, la que motivó en los uniformados la captura del adolescente.

“Estando en el centro médico nos informa la médico en turno Yesenia de La Cruz que había observado en la niña víctima los genitales extremadamente anormales y al abrir los labios se evidencia el himen perforado sin lesiones, sin desgarros, sin sangre pero con secreción transparente en escasa cantidad. De igual forma se evidencia el ano dilatado con pérdida de pliegues”, señala el informe.

Con ese reporte y algunas entrevistas los policías se fueron por el adolescente, que estaba escondido en el hospital pues una turba estaba por lincharlo. Los uniformados no se detuvieron a analizar o definir si podían capturar al menor, simplemente lo hicieron, desconociendo la presunción de inocencia y derechos fundamentales.

La mentira

Buena parte de los datos consignados en el informe de Policía resultaron ser conjeturas, supuestos sin la evidencia forense que corresponde para un hecho tan delicado como la muerte de una bebé y la presunta responsabilidad de un menor en el crimen.

Las dudas respecto de la declaración o advertencia de la médico del hospital de Galapa se disiparon ocho días después de la muerte de la bebé y de la captura de su padrastro. Medicina Legal confirmó que la niña falleció por causas naturales, no hubo muestras o signos de violencia, menos de abuso sexual.

El menor quedó bajo la amenaza de su propia comunidad que los sentenció a una venganza por cuenta del asesinato de la bebé. Los medios y hasta la directora del ICBF pidieron justicia, también la Fiscalía celebró y publicó la medida de internamiento al adolescente como presunto responsable del supuesto crimen.

Ahora que se descartó la participación del menor, incluso se desvirtuó el asesinato, ni la directora del ICBF, ni la Policía ni la Fiscalía, han emitido pronunciamiento alguno. El ruido que generó la captura no se escucha cuando se establece la verdad. El menor vive escondido por las amenazas en su contra.