El ingeniero de los juzgados penales que ayudaba a traficantes de drogas

La historia del llamado Caso Hyundai y la manipulación en el sistema de reparto de los juzgados, ahora se repite en Paloquemao y enreda a varios funcionarios judiciales con supuestos favores a conocidos criminales, principalmente dedicados al tráfico de estupefacientes. La Fiscalía reportó la condena de un ingeniero del sistema de reparto en los juzgados penales de Bogotá que se metió al sistema, incluso en vacaciones, para direccionar procesos.

“Demostró en juicio que Justo Reinaldo Arias Omaña fue parte de una red criminal, conformada por funcionarios y particulares, que alteró y direccionó el sistema de reparto de los juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá para favorecer a personas condenadas por diferentes delitos”, señaló el ente acusador en un comunicado de prensa.

El ingeniero, según la Fiscalía, ingresó al sistema de reparto –con el usuario de un compañero– y desvió un proceso a un determinado despacho que terminó beneficiando a la persona investigada. Se trata de un proceso que en la ciudad de Villavicencio le dejó una condena por tráfico de estupefacientes a un conocido delincuente, pero que al terminar en el despacho que el ingeniero eligió, un juez de ejecución de penas de Bogotá, “eliminó una parte del proceso, otorgó prisión domiciliaria y permiso de trabajo al sentenciado. Se estableció que la persona favorecida pagó $250.000.000 por obtener los beneficios judiciales”, señaló la Fiscalía.

En la investigación, que arrancó hace más de un año, la Fiscalía logró establecer la responsabilidad de Justo Reinaldo Arias, el ingeniero de sistemas, en la conformación de una red criminal al servicio de los delincuentes y desde los juzgados de Bogotá. Las pruebas fueron contundentes, tanto que un juez penal del Circuito de Bogotá lo condenó a nueve años y ocho meses de prisión, y lo declaró responsable de los delitos de acceso abusivo a sistema informático y daño informático.

“Asimismo, le impuso una multa de 1.104 salarios mínimos legales mensuales vigentes (algo más de 700 millones de pesos) y una inhabilidad de 116 meses para ejercer funciones públicas”, explicó la Fiscalía al confirmar la condena contra este ingeniero de sistemas que trabajaba en la rama judicial.

La Fiscalía logró documentar y probar otro caso que involucra a este ingeniero del sistema de reparto en los juzgados penales de Bogotá. Arias Omaña, estando de vacaciones, nuevamente ingresó al sistema de reparto con el usuario de un compañero de oficina y logró manipular el reparto de otro proceso.

El beneficiado en este caso sería un hombre condenado por lavado de activos. El objetivo de manipular el reparto era que ese proceso llegara a manos de determinado juez y así le otorgara cierta clase de beneficios a que no tenía derecho, como libertad condicional o permisos para salir de la cárcel.

“Dirigió una condena por lavado de activos al mismo despacho de ejecución de penas. El hombre sentenciado recibió algunas concesiones, por las que entregó $30.000.000 de pesos”, señaló la Fiscalía al entregar los detalles de los procesos que cursan en contra de este funcionario judicial.

El caso y la condena contra este funcionario hace recordar los hechos que derivaron en el llamado caso Hyundai y la manipulación del sistema de reparto de los juzgados civiles en Bogotá, que tiene a una docena de personas judicializadas por diferentes delitos, entre ellos un oficial mayor de un juzgado, un juez y varios abogados.