El inquilino

En esta historia se entrecruzan los pobladores de Bojayá, en Chocó; el gobierno, a través del Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas (Ipse); la multinacional Unión Fenosa, y el tradicional Club de Pesca de Cartagena. Todos ellos confluyen en uno de los mejores lotes de Cartagena, al lado del Fuerte de San Sebastián del Pastelillo.

El Ipse, propietario del predio, decidió subastarlo para acatar la ley que obliga a las entidades públicas a vender sus activos improductivos. El ganador fue Espacios Urbanos, empresa de gran prestigio que, junto con la firma de arquitectos Arias Serna Saravia, tiene proyectos con el millonario estadounidense Donald Trump. El precio pactado fue de 21.500 millones de pesos, monto destinado por el Ipse a llevar electricidad a Bojayá. A finales del año pasado acordaron que en mayo firmarían las escrituras contra la entrega del precio, plazo en el cual el Ipse sanearía la titulación, y pactaron una multa de 4.000 millones de pesos para quien incumpliera lo acordado.

Lo que complica las cosas es que el lote está ocupado. El Club de Pesca de Cartagena, una marina que congrega a la elite de la ciudad, posee desde hace 30 años una franja por el lado de la bahía. Y Electricaribe, filial de Unión Fenosa, tiene en arriendo desde 2001 el resto del predio, de cerca de 25.000 metros cuadrados, por un canon de nueve millones de pesos al mes. Esta empresa tiene allí unas bodegas con inventario, según ella, clave en su operación.

Los representantes del Club de Pesca han mostrado su disposición para lograr un acuerdo inmediato. Pero las dificultades han surgido por la parte del lote que está en poder de Electricaribe. El procedimiento previsto en la ley, por ser un contrato comercial, es que se le notifique al arrendatario al menos con seis meses de anterioridad a la terminación del contrato, y que éste tiene un año de plazo para desocupar el bien. Este proceso se conoce como desahucio.

El Ipse asegura que avisó con la debida anticipación a través de la inmobiliaria que administraba el predio, pero al parecer esta le notificó a Electricaribe con una semana de retraso. Para la Electrificadora, la comunicación no cumplió las formalidades y, lo que según ellos es más grave, el Ipse no cumple con las causas previstas en el Código de Comercio para exigir la devolución, como que haya habido incumplimiento en el arriendo, que el propietario lo va a ocupar o que lo va a reparar. Sus representantes sostienen que la simple venta no es una causal.

Los voceros de la electrificadora aseguran que ellos sólo buscan que se les respete su derecho y que no pueden asumir la responsabilidad por las fallas del Ipse. Incluso sostienen que para ellos la mejor fórmula es entenderse con el nuevo propietario para pactar la terminación del arrendamiento.

El error del Ipse fue haberse obligado a sanear el predio, pues al no haber podido hacerlo, tiene encima la multa por incumplimiento. Si bien los nuevos propietarios aceptaron aplazar un año la escritura, aun si se iniciara desde cero el proceso de desahucio, el tiempo no alcanzaría. Por su parte, Electricaribe dice que podría entregar el lote siempre que le paguen los costos de traslado que, según sus representantes, ascienden a 20.000 millones de pesos. O sea casi el mismo valor por el que el Estado vendió el lote.

El tema motivó una reunión entre Hernán Martínez, ministro de Minas y Energía, y el presidente de Unión Fenosa, Víctor Cruz. "Sólo se devolverá cuando se agoten todas las instancias jurídicas", dijo Cruz, según confirmó a SEMANA Edigson Pérez, director del Ipse presente en la cita. Pérez dice que Cruz en una reunión anterior con las directivas del Ipse había comentado que "Unión Fenosa tiene más de 50.000 procesos jurídicos en el mundo, uno más o uno menos no la va a afectar".

Mientras tanto, como actores pasivos seguirán los habitantes de Bojayá, que tienen embolatada la financiación de su luz eléctrica en medio de una polémica para cuya solución nada pueden hacer.