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| 3/4/1996 12:00:00 AM

EL LIO DE LOS TOPES

Algunos penalistas creen que la acusación más seria en contra del presidente Samper no tendría que ver con narcodineros, sino con los balances y cuentas de la campaña.

EL LIO DE LOS TOPES EL LIO DE LOS TOPES
LA SEMANA PASADA, EL Consejo Nacional Electoral abocó una tarea de la cual se pueden derivar delicadas consecuencias en el marco de las investigaciones sobre la financiación de la campaña presidencial de Ernesto Samper. Pero en contra de lo que cualquiera podría pensar, el asunto nada tiene que ver con dineros del narcotráfico. Se trata de la violación de los topes legales de gasto en que incurrió la campaña, un tema que hasta ahora ha sido considerado como menor por la opinión pública, dentro del alud de revelaciones y controversias sobre la presencia de narcodineros en la campaña.
Sin embargo, aunque el asunto no ha sido tomado muy en serio por el público, la verdad es que podría acarrear graves consecuencias penales, pues el hecho de que la campaña haya presentado balances ficticios ante el Consejo Electoral no fue un simple trámite, sino un proceso que le permitió a dicha campaña recuperar cerca de 1.800 millones de pesos que salieron de las arcas del Estado.
Los hechos de esta historia arrancan cuando la organización electoral de Samper presentó en julio de 1994, pasada la elección presidencial, un balance por un total de 3.846 millones de pesos, que en principio cumplía con el tope de 4.000 millones de pesos 2.000 millones para cada una de las dos vueltas de la elección presidencial establecido por las normas electorales.
Sin embargo, una investigación realizada por dos abogados y dos contadores a pedido del Consejo Electoral permitió establecer hace pocas semanas, tras un arqueo completo de las cuentas de la campaña presentadas a la Fiscalía General de la Nación por el director administrativo Juan Manuel Avella, que el monto de los gastos para la primera y segunda vuelta de la elección presidencial, registrados en los comprobantes de egreso que Avella manejaba, fue de más de 4.800 millones de pesos, unos mil más de los declarados ante el Consejo.
Este es solo el principio del problema. Aparte de esos 4.800 millones, existe evidencia en manos de la Fiscalía de que la campaña recibió y entregó unos 2.800 millones de pesos en efectivo a las diferentes tesorerías regionales para la segunda vuelta de la elección, lo que elevaría la violación de los topes de 1.000 a casi 4.000 millones de pesos. Esto sin tener en cuenta otras evidencias de gastos, como los más de 200 millones de pesos pagados al contratista de publicidad Mauricio Montejo que no aparecen ni en la contabilidad de Avella ni en los recibos del tesorero Santiago Medina firmados por los tesoreros regionales y la cifra indeterminada según unos 150 millones, según otros 800 millones transportada en una avioneta de Cali a varias ciudades de la Costa con destino a las tesorerías regionales de la campaña pocos días antes de la segunda vuelta.
En cuanto a los 2.800 millones que Medina asegura fueron entregados en efectivo a las tesorerías regionales para la segunda vuelta y que según él mismo, procedían del cartel de Cali, una fuente del Consejo Nacional Electoral dijo a SEMANA que "los análisis realizados por nuestros abogados y contadores parecen coincidir con lo que Medina dijo, pues es curioso cómo para la primera vuelta, en las cuentas presentadas por Juan Manuel Avella, aparecen importantes cantidades de dinero giradas oficialmente por la campaña para las tesorerías regionales, pero para la segunda vuelta sólo hay un par de giros a las tesorerías de Putumayo y Bogotá, lo que podría querer decir que la repartición del dinero de la campaña hacia las regiones para la segunda vuelta no se hizo por medio de cheques girados por la campaña, sino muy posiblemente en efectivo".
Según una fuente de la investigación, los peritos del Consejo Electoral establecieron además que "los libros de la campaña fueron llevados de manera burda". Los investigadores hallaron numerosos indicios de "adulteración de información" y varios casos en los cuales "los asientos de los libros contables eran irreales".
Pero todo esto, ¿en qué puede afectar al Presidente? Sobre este punto hay grandes debates. Según algunos juristas, el artículo 109 de la Constitución pone en cabeza, no sólo de los partidos y movimientos, sino del propio candidato, la responsabilidad en la presentación de las cuentas de cada campaña. Para otros estudiosos del asunto, este es un principio general que no obsta para que el candidato delegue la presentación de esas cuentas en sus subalternos.
Samper ha sostenido repetidamente que él tuvo muy poco que ver con todos esos manejos. Y eso tiene sentido porque lo lógico es que el candidato no se involucre muy directamente en estos asuntos. Sin embargo, hay un elemento delicado de la declaración del propio Presidente a su investigador, el representante Heine Mogollón, que podría comprometer la situación de Samper. En efecto, el Jefe del Estado le dijo a Mogollón en la versión libre que rindió el año pasado a la Comisión de Acusaciones de la Cámara, que una vez terminada la primera vuelta él gestionó "personalmente" con los tres grandes grupos económicos del país la consecución de una cifra cercana "a los tres mil millones de pesos". Esta declaración tiene un problema para el Presidente: el tope de gastos para la segunda vuelta era de dos mil millones de pesos, mil millones menos que la cifra que él dice haber gestionado con los grupos económicos. A este respecto, Samper afirma en entrevista a SEMANA en este número que él gestionó esos recursos, pero nunca supo si habían sido efectivamente recaudados.
Desde el punto de vista penal, el hecho de que los topes hayan sido violados y los balances presentados por la campaña hayan resultado ficticios no es de poca monta. Según algunos especialistas consultados por SEMANA "se podría configurar el delito de fraude procesal, pues la campaña utilizó un medio fraudulento (los balances ficticios) para hacer inducir en error a una entidad del Estado (el Conseio Electoral) y gracias a ello, la misma campaña recibió de las arcas del Estado cerca de 1.800 millones de pesos". Para otros penalistas, esto último podría adicionarle al asunto el delito de estafa, pues según una jurisprudencia de la Corte Suprema de 1984, cuando el fraude procesal se lleva a cabo con el fin de obtener un determinado provecho económico, se puede configurar la estafa y entonces se presentaría un concurso de ambos delitos. El fraude procesal tiene una pena de 1 a 5 años de prisión y la estafa, de 1 a 10 años. Otros analistas creen que en el asunto también podría presentarse el delito de falsedad en documento privado, pero la configuración de esta conducta es un tema de frecuentes y complejas discusiones entre los penalistas.
En defensa de Samper y de los tres responsables del manejo financiero de la campaña Fernando Botero, Medina y Avella algunos sostienen que debido a que las normas electorales que es ablecieron los topes no fueron publicadas por una omisión en el Diario Oficial, dichas normas no son aplicables. Este problema formal no es menor. Sin embargo, otros juristas sostienen que "lo que busca la publicación en el Diario Oficial es que una norma se conozca, y esa regulación electoral fue ampliamente divulgada en los medios de comunicación". Además, según el mismo analista "la prueba de que la campaña conocía esas normas es que las utilizó, y por eso presentó los balances y pidió la reposición con el argumento de que habia cumplido con los topes establecidos ".
El debate apenas está comenzando y de seguro habrá de calentarse cuando en los próximos días el Consejo Electoral eleve los respectivos pliegos de cargos contra los responsables de la campaña. Uno de ellos, Botero, ya aceptó estos hechos públicamente. Habrá que ver qué argumentan los demás y si el propio Consejo se decide a darle al asunto no sólo un trámite administrativo, sino uno penal, con una denuncia formal ante la Fiscalía y, si lo cree necesario, ante la Comisión de Acusaciones.

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