El llanero solitario

En 1982, Colombia se ganó el apodo de 'Caín de América' porque no apoyó la invasión argentina a las Malvinas y en cambio, se puso de lado del Reino Unido y Estados Unidos. Todos los países latinoamericanos -con excepción de Chile- habían cerrado filas con el gobierno del general Leopoldo Galtieri. Colombia se opuso a la intervención militar porque quebrantaba dos pilares de la política exterior colombiana: la inviolabilidad de las fronteras y la resolución pacífica de las diferencias entre Estados.

La administración del presidente Julio César Turbay se había alineado estrechamente con Washington y era considerado una cabeza de playa para la lucha anticomunista sin cuartel que pregonaba el presidente Ronald Reagan. Meses antes, el gobierno colombiano había roto relaciones con Cuba, a la que acusaba de apoyar a la guerrilla del M-19. Lo de las Malvinas parecía, para el continente, sólo la confirmación del eje Washington-Bogotá. Una alianza que hoy, 26 años después, vuelve a generar intranquilidad entre muchos latinoamericanos y que está a flor de piel, después del ataque militar colombiano contra un campamento de las Farc ubicado en territorio ecuatoriano que terminó con la muerte del miembro del Secretariado de las Farc Raúl Reyes.

Para muchos colombianos, el medio -cruzar la frontera y matar a Reyes- justifica con creces el fin. Por eso no entienden por qué sus hermanos latinoamericanos no están tan contentos como ellos con la muerte de Reyes ni por qué lejos de alzar en hombros al presidente Álvaro Uribe, atacan al dirigente más popular en la historia de Colombia, un hombre que la semana pasado registró una favorabilidad en las encuestas del 84 por ciento (una cifra comparable sólo a la de los dictadores que las maquillaban o a las que siempre reciben los alcaldes de Medellín, buenos, malos y regulares).

Al fin y al cabo, razonan, en este mundo pos-11 de septiembre, si el terrorismo no respeta fronteras, por qué tiene que hacerlo un Estado democrático que lucha contra una organización como las Farc, que comete acciones terroristas.

El mismo gobierno de Uribe, tanto ante la Organización de Estados Americanos como en la cumbre presidencial del Grupo de Río, utilizó ese argumento para explicar su incursión en Ecuador. Que ningún gobierno latinoamericano hubiera acogido ese discurso -ni uno solo- refleja el abismo que existe entre el pensamiento de Colombia y el de la región.

Y esta diferencia será el telón de fondo de la reunión extraordinaria de cancilleres de la Organización de Estados Americanos (OEA) de este lunes 17 de marzo. Sobre el papel, el objetivo del encuentro de los ministros es revisar y aprobar las conclusiones y las recomendaciones del informe de la comisión que visitó la frontera colombo-ecuatoriana. Se busca evitar que se repitan incidentes de ese tipo.

Pero hay mucho más en juego. Como le explicó a SEMANA el reconocido internacionalista y politólogo Juan Tokatlián, la preocupación desde el Cono Sur hasta el río Grande es doble. Por un lado, ningún país quiere que se vuelva una práctica legítima el uso de la fuerza en un territorio ajeno, sea cual fuere la razón. Y, no menos significativo, quieren evitar que la guerra del terrorismo del presidente George W. Bush se traslade a los otros países latinoamericanos.

El primer temor, curiosamente, ha sido siempre compartido por los gobiernos colombianos. Y la defensa de la integridad territorial ha sido promovida en todos los escenarios internacionales posibles. Incluso durante la administración del presidente Ernesto Samper, Colombia se opuso a las intenciones de las Fuerzas Armadas venezolanas de hacer una persecución en caliente de la guerrilla colombiana. Por eso, ha causado sorpresa en varias capitales latinoamericanas ese aparente giro en la política exterior de Bogotá.

Pero la oposición al uso unilateral de la fuerza no sólo es filosófica sino práctica. En América Latina pululan los problemas fronterizos: Ecuador-Perú, Perú-Chile, Chile-Bolivia, Nicaragua-Honduras/Costa Rica, Honduras-El Salvador, Guyana-Venezuela, Venezuela-Colombia, entre otros. Nadie quiere que se genere un precedente y se abra un boquete de consecuencias impredecibles. Ni hablar de la inquietud que existe en los otros vecinos menos vociferantes de Colombia en la reciente crisis -Brasil, Perú y Panamá-, por cuyas fronteras con el país se han movido (y se mueven) narcotraficantes y grupos armados ilegales. No quieren ser blancos de la seguridad democrática.

La segunda preocupación latinoamericana -de no convertirse en un nuevo frente en la cruzada mundial contra el terrorismo- les puede parecer extraña a algunos colombianos. Al fin y al cabo, fue la misma ONU, con la Resolución 1373 del Consejo de Seguridad de septiembre de 2001, la que puso el tema sobre la mesa. La resolución, de obligatorio cumplimiento, dice que los países deben negarles refugio, apoyo financiero y asistencia de cualquier tipo a organizaciones terroristas.

Para Colombia, que tiene un conflicto casi de medio siglo, fue muy fácil adecuarse a este nuevo mundo y tanto el presidente Andrés Pastrana como Álvaro Uribe adaptaron su discurso. Las Farc y el ELN, otrora movimientos guerrilleros, se convirtieron en terroristas. Uribe fue incluso más lejos; negó la existencia de un conflicto armado y lo llamó, en cambio, una lucha antiterrorista.

Para muchos latinoamericanos, esa nueva designación es es sólo un truco semántico. Las Farc siguen siendo las mismas. Secuestraban antes, ponían bombas antes y los gobiernos negociaban con ellos. Lo único que ha cambiado, dicen, es su rótulo, que para muchos, fue made in USA por el mismisímo George W. Bush. Como le dijo a SEMANA Cynthia Arnson, del Wilson Center para Estudios Latinoamericanos de Washington D. C., en América Latina, Bush y Uribe son inseparables. Esa alianza, que el Presidente colombiano no sólo ha cultivado sino que ha pregonado a los cuatro vientos, no es bien recibida en una región donde el mandatario estadounidense es mal visto. No le perdonan la invasión a Irak ni comparten su tesis de las guerras preventivas.

Por eso causa escozor cuando el presidente Uribe, como ocurrió al inicio de la cumbre del Grupo de Río, habla de dos soberanías: la territorial y la del pueblo. O cuando enciende su retórica sobre la necesidad de que sus vecinos cumplan a cabalidad la Resolución 1373 de Naciones Unidas. Es interpretado en algunas capitales -no sólo Caracas, Quito y Managua, sino también Santiago, Buenos Aires y Brasilia- como una amenaza al estilo de Estados Unidos, Israel, Turquía y Pakistán, cuyos gobiernos manejan el concepto de la extraterritorialidad.

Nadie en Colombia duda que la operación contra Reyes era necesaria y en defensa de los intereses nacionales. Pero, como ocurrió en el caso de las Malvinas -donde también se obró correctamente-,es hora de pasar la página y empezar a recomponer las relaciones con la región. Reconocer, como entonces, que habrá que adelantar un intenso trabajo diplomático para sanar las heridas. Aceptar que la opción Rambo de Bush ya no es viable. Que en el futuro, habrá que acudir a otros mecanismos para lograr el mismo fin. En últimas, ese fue el mensaje que dejaron los abrazos de la última cumbre del Grupo de Río.