EL MADRUGON DEL GOBIERNO

AL QUE MADRUGA DIOS LE AYUDA: ESA PArece haber sido la maxima que aplicó el gobierno en la primera semana del año cuando el ministro del Interior, Horacio Serpa, aun antes de que los colombianos empezaran a desperezarse del guayabo de diciembre, anunció que la administración del presidente Ernesto Samper está dispuesta a dialogar con los grupos de autodefensa que operan en Córdova, el Urabá antioqueño y, eventualmente, con regiones como el Magdalena Medio y otras zonas del país. Según Serpa, voceros autorizados de dichos grupos le habrian transmitido a finales del año pasado al propio ministro su disposición para comenzar un proceso de desmovilización.
Aunque en sus declaraciones a los medios Serpa no fue muy explicito en el alcance que podría llegar a tener estos diálogos, dejó entrever que el proceso se haría en el marco de la ley de Orden Público, cuya vigencia fue prorrogada por el congreso hace pocas semanas.
La primera sorpresa que generó la noticia fue el hecho de que la propuesta hubiera sido presentada por Horacio Serpa, quien durante toda su vida pública habia sido un fuerte contradictor de los grupos de autodefensas, a los cuales en varias oportunidades llegó a encasillar en la categoria de simples delincuentes comunes. El país todavía recuerda sus duros cuestionamientos contra esas organizaciones cuando se desempeñó como Ministro de Gobierno de Virgilio Barco. Una posición similar mantuvo cuando ocupo el cargo de Consejero de Paz durante el mandato de Cesar Gaviria.
Sin embargo el Serpa modelo 1996 piensa distintoy es, sin duda, el mayor defensor de la propuesta. "Me parece que sí es útil dialogar con estos grupos al amargen de la ley porque con ello se estaría cumpliendo con el proposito de que el Estado recupere el monopolio del uso de las armas. Además el fenomeno de las autodefensas es demasiado crítico como para desatenderlo", dijo Serpa el miércoles pasado a SEMANA.

OBSTACULOS EN EL CAMINO
Pero aparte de las anteriores con sideraciones, que si se quiere no pasan de ser anecdóticas puesto que toda persona tiene derecho a cambiar de opinión, la propuesta de diálogo con los grupos paramilitares no deja de te ner varios lios juridicos. El primero de ellos, y quizá el más importante de to dos, es el hecho de que la propia Cons titución Politica de Colombia y la lla mada Ley de Orden Público reserva ron el mecanismo de los diálogos para buscar una salida pacifica solamente en el caso de violaciones a la ley come 00t1hias por delincuentes politicos que en :X;momento jdvterminado se han alza en~0:*el Estado. No seria sgryposparamilitares, que teron para combatir a las orga nizaciones guerrilleras. Y si bien Serpa .puede haber cambiado de opinión ttp,ta la vtci>d,n de la condición reció quedar esclarecido, cuando en el marco de los análisis sobre los decretos de sometimiento a la justicia el gobier- no abrió una puerta para que las organi- zaciones de autodefensa se desmovili- zaran, entregaran sus armas y recibie- ran un beneficio judicial por ello. Estos beneficios no sóIo no cambiaron la va- Ioración de delincuentes comunes dada a los paramilitares, sino que la confir- msron nues el tratamiento ofrecido era
similar al que se abría camino para los narco- traficantes que se rin- dieran a la justicia.

De ahí que, si el gobierno pretende cambiar la calificación delincuencial de los paramilitares, es muy posible que requiera una modificación a la Ley de Orden Público, que tendría que darse nor medio del ConsJre
rv
so, o transitoriamente por un decreto de conmoción interior. Lo otro sería simple y llanamente que el gobierno decida interpretar que las autodefensas sí son organizaciones que actúan con moviles politicos y recorra el camino del diálogo con esos grupos con la espe- ranza que la Corte Constitucional o la Corte Suprema no se le atraviesen con un fallo de inexequibilidad o ilegalidad a alguno de los pasos del proceso.
Quienes dentro y fuera del go- bierno defienden estas tesis sostienen que si la guerrilla argumenta que su ori- gen y su lucha es de tipo político, Io mis- mo pueden alegar las autodefensas, que nacieron para combatir a esos gru- pos guerrilleros. Quienes se oponen ar- gumentan que mientras el alzamiento guerrillero es en contra del Estado=Io que confirma, por equivocada que sea su iustificación ideológica, su condición
de alzamiento políti- ce el de los paramili- tares es contra la guerri- lla y en defensa de los intereses económicos y de seguridad de los pro- pietarios rurales, no en la búsqueda de un cam- bio político en el país.

Pero Ios líos no son sóIo jurídicos. Hay también serios proble- mas prácticos. El jefe mnxima de las autode
fensas de Córdova y el Urabá antio- queno, Fidel Castano, está acusado de ser el autor intelectual de varias masa- cres y otros delitos atroces. Castaño fue condenado a 20 años de prisión al ser hallado responsable de la muerte de 40 campesinos en las fincas Honduras, La Negra y Punta Coquitos en 1988, y la sentencia está en firme. Además, tanto él como su hermano, Carlos Castaño, aparecen vinculados a los procesos por las masacres de Loma Verde y La Me- jor Esquina, ocurridas también duran- te ese año.

La condena y la vinculacion de los jefes máximos de las autodefensas con delitos atroces terminará por con- vertirse en un serio problema para el éxito final del proceso de paz con estos grupos. Una cosa es que en el caso de algunas organizaciones guerrilleras desmovilizadas varios de los comba- tientes rasos aparezcan sindicados de delitos comunes, como ha sucedido en el pasado, y por ello mismo deban que- darse por fuera del proceso, y otra muy distinta es que los propios jefes estén vinculados a dichos delitos. Para apre- ciar la complejidad del asunto, en el ca- so de Fidel Castaño, por ejemplo, te- niendo en cuenta la condena que pesa sobre él, Io único que el gobierno po- dría ofrecerle sería una ley de indulto difícil de sostener jurídicamente y de vender políticamente.

¿GANAN LOS NARCOS?
A los líos jurídicos se vienen a su- mar Ios problemas políticos que encie- rra la propuesta. Uno es de tipo inter- no, puesto que los grupos que aparen- temente respaldarían la propuesta, que serían los ganaderos, no se mues- tran muy contentos con la iniciativa del gobierno. Y la razón es muy sencilla:
para ellos el problema no son las auto- defensas sino la guerrilla. "Están bus cando el muerto río arriba. Hablar con las autodefensas no soluciona el pro- blema de la violencia. Las autodefensas son el resultado delaguerrillay de lain- capacidad de la fuerza pública por de- rrotar a la subversión. Además, de nada sirve que se d esmovilicen las autod efen - sas, como sucedió en 1991, si el Estado no llega a hacer presencia, porque esos espacios son ocupados casi que de in- mediato por la guerrilla", dijo a SE- MANA Rodrigo García Caicedo, pre- sidente de la Federación de Ganaderos de Córdova.

Y el otro problema político ya no es de naturaleza interna sino externa.
Para varios expertos en política exte- rior no tendría ninguna presentación el hecho de que un país como Colombia, que a diario recibe llamados de aten- ción por parte de organismos interna- cionales por presunta violacion de los dereshos humanos, dialogue con orga- nizaciones criminales que aparecen vinculadas con las más crueles masa- cres de la última década. Y tiene menos presentación aún que dicha propuesta sea presentada por un gobierno que desde un comienzo ha proclamado la defensa de los derechos humanos y que en esa materia ha querido distan- ciarse de sus antecesores, con demos- traciones tan claras como el informe sobre la masacre de Trujillo.

Pero, aunque aparentemente re- su}te extraño, quienes sí podrían sen tirse felices con el anuncio son 1os nar- cotraficantes. ¿Por qué? Porque si unos paramilitares, tradicionalmente relacionados con narcotráfico y consi- derados hasta ahora como delincuen- tes comunes, de un momento a otro co- mienzan a recibir un tratamiento polí- tico, eso podría llevar a 1os narcotrafi- cantes a pensar que no hay ninguna ra- zón para no darles a ellos el mismo tra- tamiento. "Se estaria abriendo una ven- tanita por la que perfectamente pueden caber todos los narcos del país, porque se les estaría dando un tratamiento pre- ferencial que va muchísimo más allá de la política de sometimiento ", dijo a SE- MANA un analista.

Es por todas estas razones que al gobierno le va a quedar difIcil incluir a las autodefensas en procesos de paz distintos de 1os de su rendición y entre- ga de armas en espera de obtener bene ficios judiciales por esa causa. Y es que, tal vez, de no haber existido en el pasa- do ese concubinato que se hizo tan evi- dente entre paramilitares y narcotrafi- cantes, hoy 1os primeros podrían estar aspirando legítimamente a algo más.

E1 gobierno parece consciente de estos riesgos, pero también es claro que no está dispuesto a engavetar sus iniciativas apenas surgen 1os primeros obstáculos, pues después del fallo inhi- bitorio de la Comisión de Acusaciones en el caso del presidente Samper, todo indica que el alto gobierno va a hacer todos 1os esfuerzos necesarios por cambiar el tema de debate y tratar de dejar atrás el proceso 8.000. Como ape- nas está comenzando el año, falta ver si en los meses por venir este tipo de anuncios audaces y controvertidos del gobierno le arreglan el 'caminao' o, por el contrario, se 1o enredan más. n