El mártir de la tutela

En el rincón de un frío y desolado salón de la sede del DAS en Bogotá, funciona desde hace 40 días el despacho del director de la Caja Nacional de Previsión (Cajanal), Augusto Moreno. Allí, dos pequeños escritorios de madera y una silla ordinaria han servido de soporte para que este bogotano libre una de las batallas jurídicas y económicas más importantes de los últimos tiempos en Colombia.

En las noches duerme en la suite, un calabozo de 12 metros cuadrados que, por ser el único con baño privado y puerta, es considerado un lujo. En el día tiene el privilegio de bajar al primer piso y trabajar desde ese rincón que ha convertido en la oficina desde donde trata de controlar a distancia el funcionamiento de Cajanal, la entidad encargada de reconocer y pagar las pensiones de una parte importante de los empleados públicos, como maestros y miembros de la rama judicial, la Contraloría, la Procuraduría y el mismo DAS, entre muchas otras entidades.

Desde cuando este abogado asumió la dirección de la entidad, el 7 de noviembre del año pasado, en medio de un espectacular operativo de seguridad organizado por el gobierno para detener el carrusel de corrupción y abusos judiciales que permitían el pago de millonarias pensiones falladas ilegalmente, su vida se partió en dos. Dejó de ser un excelente técnico en pensiones y crisis fiscales del Ministerio de Hacienda para ser la cabeza de una entidad que se convirtió en la jaqueca del gobierno. Desde hace tres años por allí se abrió un boquete que le ha costado más de 500.000 millones de pesos al año al gobierno y que en caso de no detenerse, podría poner en crisis fiscal al Estado al tener que pagar billones y billones de pesos en pensiones ilegales.

Todo lo que está pasando alrededor de Cajanal es tan absurdo, que Augusto Moreno podría encarnar una versión moderna de Joseph K, el protagonista de El Proceso, de Kafka. Siente que lo nombraron capitán del Titanic cuando ya se estaba hundiendo, con la diferencia de"que debo rescatar lo que se pueda para responder por el derecho fundamental que tienen las personas a pensionarse".

Desde cuando llegó tuvo que enfrentar la orden de liquidación de la entidad, la guerra a muerte de los dos sindicatos que la dominan y una infraestructura premoderna para responder en plazos perentorios las 137.000 tutelas represadas que tenía Cajanal a finales de 2006. Además, debe responder por el pago de las mesadas de 226.000 pensionados y enfrentar una compleja red de abogados y jueces que, tal como lo ha denunciado varias veces SEMANA, se confabularon para sacarle millonarios recursos a la entidad.

Desde el 5 de octubre, Moreno está confinado en los calabozos del DAS. No se le acusa de ningún crimen ni está condenado, pero tendría que pagar siete años de detención porque los jueces que le han ordenado revisar o expedir miles de pensiones le han dado un uso equivocado a la tutela. Esta figura se creó como un mecanismo para obligar a los funcionarios del Estado a actuar en cumplimiento de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Y en caso de que no lo hagan, permite que los jueces ordenen arrestar al responsable por desacato. En el caso de Moreno, los jueces han ordenado la mayoría de las detenciones, que van entre tres días y cinco meses, a pesar de que las tutelas ya fueron cumplidas. Argumentan que ello se hizo por fuera de los términos establecidos en la ley.

Los jueces pasan por alto el hecho de que debido a la crisis que atraviesa Cajanal, es imposible que la entidad responda en el plazo fijado por la ley. Son miles de tutelas represadas, que crecen cada mes con 14.000 nuevas, mientras todos los días la entidad recibe 1.000 notificaciones, entre 80 y 100 arrestos, y los miles de oficios para ser radicados. Para responder este volumen de solicitudes, que se dispararon este año, la entidad requiere más empleados, equipo y recursos que apenas están siento aprobados por el gobierno.

La mayoría de los jueces ha entendido esta situación, pero unos pocos mantienen una postura intransigente. Si se suman las 900 órdenes de desacato, Moreno debería pasar más de siete años detenido y pagar 3.500 millones de pesos en multas. ¿Por qué no renuncia a ese infierno? Porque las sanciones son a título personal, "y porque sería trasladar un problema estructural al funcionario siguiente", dice Moreno.

De hecho, la anterior gerente de Cajanal, Rosa Victoria López, quien asumió a comienzos de 2004, pasó varias semanas detenida e incluso ha tenido que seguir enfrentando sola los problemas, después de que el gobierno la retiró del cargo cuando SEMANA reveló que en la entidad funcionaban mafias que la desangraban por millonarios pagos irregulares, algo que ella no podía controlar.

Además de buscar un límite a la tutela como sanción 'penal', Moreno pretende con su detención que las tres ramas del poder del Estado lleguen a un acuerdo para frenar el desangre que implica una interpretación inadecuada de la ley contra varias entidades pensionales, especialmente Cajanal.

A través de una concepción amplia del salario, jueces y magistrados están sumando a los elementos netamente salariales las primas de alimentación, habitación, subsidio de transporte, reajustes, salarios, prima especial, compensación de hora y prima de Navidad y otros. Aceptar estos elementos hace que las pensiones se disparen y atenten contra la autosostenibilidad no sólo del sistema, sino del Estado. Se supone que las personas aportan en su vida para recibir una pensión, pero por reconocérseles más de lo que aportaron, el Estado ha tenido que empezar a hacer aportes a esa especie de olla común, tanto, que el Ministerio de Hacienda está considerando que para tapar el creciente hueco se necesitarán dos reformas tributarias.

"Estamos pasando de un Estado social de derecho a un Estado judicial de derecho, en el que los jueces están sentando jurisprudencia que cambia en la práctica las leyes", dice uno de los abogados que contrató Cajanal para defender en los estrados las solicitudes que consideran ilegales. Otro aspecto preocupante es que algunos jueces y magistrados están fallando en beneficio propio, pues al reconocer nuevos privilegios y sentar jurisprudencia sobre ellos, también los podrán reclamar en un futuro, cuando les llegue el tiempo de pensionarse.

"Estoy en la encrucijada, porque la ley dice cómo debemos liquidar las pensiones, pero los jueces nos ordenan hacerlo de otra manera. Si no obedezco, me meten a la cárcel, y si acato la orden, estamos poniendo en peligro la estabilidad financiera del sistema de pensiones", dice Moreno. En últimas, el gran debate es complejo. ¿Debe prevalecer la jurisprudencia de los jueces sobre la propia ley, aun a costa de la sostenibilidad del sistema y del mismo Estado?

El procurador general, Edgardo Maya Villazón, alertó sobre los serios problemas que está generando el choque de poderes, y el boquete que se está abriendo en el sistema pensional que con estos fallos está convirtiendo reconocimientos personales en derechos generales. Además de los maestros, empleados de la rama judicial ya están empezando a reclamar las mismas pensiones bajo el derecho de igualdad. "Se requiere un acuerdo fundamental entre las tres ramas del poder para poner fin a todos los abusos y salvar al Estado, y en esa línea estamos trabajando", dijo a SEMANA el ministro de Protección Social, Diego Palacio.

Moreno cumplió los 45 años de edad en su confinamiento en el DAS, y dice que se quedará hasta cuando haya un fallo a su favor o hasta cuando acuerden una solución que ponga fin a este desangre. Mientras esto ocurre, sigue trabajando 16 a 18 horas diarias, "jugándome mi prestigio, mi nombre y parte de mi vida. Renunciar sería una irresponsabilidad con los pensionados, con el país y con el Presidente".

Moreno tiene dificultades para explicarle a su pequeña hija Jassay, de 6 años, por qué está detenido sin haber cometido un delito, por qué no la puede llevar al parque como lo hacía todos los días, por qué no pudo estar en su cumpleaños ni en Halloween. Los jueces, en vez de darle casa por cárcel, lo envían a cumplir la sanción al calabozo. Lo absurdo es que muchas personas quieren soluciones, pero deteniendo al gerente de Cajanal, ¿cómo quieren que las haya?