EL MINJUSTICIA Y EL PROCURADOR

De las sesenta mil--60.000--investigaciones exhaustivas a empleados públicos que adelanta la Procuraduría General, hay una, al menos, que está a punto de concluir. La que se inició en agosto pasado contra el ministro de Justicia Enrique Parejo por fumigar sembradíos de marihuana con glifosato e incitar al linchamiento público de los marihuaneros de la Sierra Nevada. La historia de esta investigación es ejemplar: en todos sus aspectos, es un modelo insuperable de todas las investigaciones exhaustivas que se realizan en Colombia.
Todo empezó el 21 de julio pasado.
Explicando en Barranquilla la fumigación de la marihuana de la Sierra, al ministro Parejo, por lo general tan atento al inciso y al parágrafo, se le fue la lengua y dijo que los marihuaneros deberían ser linchados en las plazas. No contó con que en la sala había una grabadora, ni con que la cinta grabada acabaría por llegar a manos del senador Nacho Vives Echeverría, que es la suerte inexorable de todas las cintas que se graban en Colombia, ni con que, como es también inevitable, Vives la llevaría al Senado, como hace siempre con las cintas. Pero así fue.
Y así se puso en marcha, ineluctable como los vientos de Barba Jacob, la investigación exhaustiva, desencadenada por la denuncia del abogado barranquillero Antonio Nieto Guete. Paso a paso, mes a mes, la investigación siguió su curso hasta el 19 de enero, cuando se supo que el Procurador había pedido a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes que juzgara al ministro Parejo por cinco violaciones de la ley: abuso de autoridad, inducción a cometer hechos punibles, daños a los recursos naturales, abuso de función pública y contaminación ambiental.
Las acusaciones provocaron una explosión de adrenalina en el aparato nervioso jurídico de todos los colombianos. Inconcebible: el ministro de Justicia había invitado a la ciudadanía a la emisión de un hecho concreto de justicia privada, el linchamiento, como si no existiera el artículo 23 del Código Penal que condena la incitación a la comisión de actos punibles.
Inexplicable: el Ministro había autorizado el uso del glifosato basándose en una autorización del Consejo de Ministros, cuando en las actas de ese organismo, minuciosaménte escudriñadas por los sabuesos de la Procuraduría, no hay ni rastro de semejante autorización. Intolerable: sin tener en cuenta la opinión de los ecólogos ni la de la Procuraduría, el Ministro había decidido por su cuenta y riesgo envenenar con un discutido pesticida ese tesoro de la naturaleza que es la Sierra Nevada de Santa Marta.
Pero también es ley inexorable de las investigaciones exhaustivas en Colombia que así como van, vuelven, hasta que todo queda igual que al principio. Así como la denuncia contra Parejo subió hasta el destino final de toda denuncia, que es la Comisión de Acusaciones de la Cámara (pues el Ministro, esta vez, se abstuvo de pedir que se nombrara un Procurador especial para su caso, lo cual suele ser un alto obligado en estos caminos), así también la denuncia empezó a volver siguiendo la ruta habitual: refutación enfática de los cargos por parte del acusado, respaldo enfático de sus correligionarios políticos, solidaridad enfática de sus colegas, enfático editorial absolutorio del diario El Tiempo, y finalmente acusación enfática contra el acusador, al cual, entonces, le corresponde defenderse.
En menos de una semana, el caso del ministro Parejo ha recorrido todas esas etapas. El sábado 19 de enero la Procuraduría elevó su petición a la Cámara. El lunes 21 Luis Carlos Galán, jefe político del ministro Parejo, expresó su extrañeza, declarando que el Ministro ha cumplido "una labor seria, responsable, eficaz, severa y enérgica, sin excederse en sus atribuciones pero sin vacilar en sus responsabilidades", y con el respaldo total del Nuevo Liberalismo. El martes 22 el Consejo de Ministros aprobó una moción de completo apoyo y solidaridad a Parejo "por la forma leal y f el en que ha venido interpretando la política del gobierno contra el narcotráfico". Y el jueves 24 El Tiempo editorializó declarando "oportuno y plausible el enfático respaldo" dado por el Consejo de Ministros al titular de Justicia. Y en el mismo párrafo soltó una andanada contra el Procurador, el cual--como era previsible desde un principio--resulta ser así quien de verdad ha violado la ley en todo el asunto: la Procuraduría, que es la encargada de hacer cumplir las leyes, pide que no se cumplan.
Sólo falta, para cerrar esta historieta de acuerdo con la modificable tradición nacional, que la Comisión de Acusaciones de la Cámara se lave las manos.
(¿Y la ecologia? Ah, no: eso sí es problema de ella) -