"El que nada debe, nada teme"

La noche del martes pasado un operativo del DAS y la Fiscalía rompió la tranquilidad de algunos barrios residenciales de Cali. Buscaban detener al padre Luis Javier Uribe y a cinco ex funcionarios de alto nivel de la Universidad San Buenaventura. El asombro fue aún mayor tras conocerse que las autoridades rastreaban a este grupo para que rindieran indagatoria en una investigación por enriquecimiento ilícito, lavado de activos, fraude procesal y falsedad en documento privado.

¿Cómo el padre Uribe puede estar metido en todo esto?, es la pregunta que no abandona las conversaciones de la sociedad caleña desde ese día. La preocupación no es gratuita. Desde hace 50 años es sacerdote de la comunidad franciscana, caracterizada por su voto de pobreza. Además fue capellán del Palacio de Nariño bajo el gobierno de Virgilio Barco, y un reconocido educador que por 24 años estuvo al frente de la San Buenaventura, donde se ha formado buena parte de la dirigencia de esta región, lo que le ha valido múltiples distinciones, incluso por el Congreso de la República.

En los allanamientos las autoridades sólo lograron detener al ex revisor fiscal de la universidad. Sin embargo, a la mañana del día siguiente, con la actitud serena que lo caracteriza, el padre Uribe se presentó en la Tercera División del Ejército. Ahí rindió indagatoria y permanece detenido. Algunos de sus allegados que pasaron con él la noche dijeron a SEMANA que la reflexión que hizo en todo momento el sacerdote antes de entregarse era la siguiente: "El que nada debe, nada teme". Otro de los acusados, el ex jefe de contabilidad, también se entregó ese día. De los otros tres funcionarios inculpados, el ex director de sistemas, el financiero y el tesorero, aún no se sabe nada de su paradero.

Según Eduardo Fernández, director del DAS en Cali, las pesquisas contra el padre Uribe y los demás ex directivos de la San Buenaventura comenzaron hace seis meses. "Un cooperante nos dio las pistas de que algo raro sucedía en la Universidad", dice.

En el centro de las acusaciones están unas supuestas anomalías en la administración de donaciones hechas a la universidad, entre ellas 120 bienes como apartamentos, lotes, fincas, carros y documentos financieros. Algunos de ellos habrían sido entregados por personas que figuran en la llamada Lista Clinton, en la que el gobierno estadounidense relaciona a las personas que según este país tienen vínculos con el narcotráfico. Este documento no tiene ningún valor legal en Colombia.

De manera extraoficial se ha dicho que quienes entregaron los bienes habrían logrado un beneficio tributario gracias a la exención de impuestos a la que tiene derecho quien demuestra que ha hecho donaciones a organizaciones sin ánimo de lucro, y que tal prebenda se puede entender como lavado de activos. Además estas propiedades, aunque fueron asentadas en la contabilidad, no aparecen en los inventarios de la universidad y tampoco se inscribieron en la Oficina de Instrumentos Públicos. También se habla de que algunos bienes terminaron en manos de familiares de los ex directivos acusados.

"La San Buenaventura es una de las cinco entidades que más donaciones recibe en Colombia", dijo a SEMANA uno de los miembros de su consejo directivo que pidió reserva de su nombre. Según él, parte del enredo se puede deber a que, por los altos costos del registro público de las donaciones, esto no se hacía sino hasta que se fuera vendiendo cada una.

Según Wílmer García, el abogado defensor del padre Uribe, esta semana se conocerán con certeza las acusaciones y las pruebas que dice tener la justicia, para la que éste no es un caso fácil. De por medio está el prestigio de un dedicado sacerdote, de varios reconocidos ciudadanos y de una de las mejores universidades del país.