El nuevo lío del testigo contra Silvia Gette

Este jueves un juez con funciones de control de cumplimiento de sentencias de Justicia y Paz en Barranquilla, revocó la pena alternativa de ocho años que le había impuesto el Tribunal de Justicia y Paz del Atlántico a Édgar Ignacio Fierro Flórez, ‘don Antonio’, y dijo que en su defecto el exjefe paramilitar, debe pagar la condena de 40 años impuesta por la justicia ordinaria.

El pasado mes de abril el Tribunal de Justicia y Paz había accedido a otorgarle el beneficio de la pena alternativa, pero el abogado defensor de derechos humanos, José Humberto Torres, interpuso recursos solicitando la exclusión de Fierro Flórez a los beneficios que otorga la ley a los desmovilizados que incumplieran con la obligación de contar la verdad y no seguir delinquiendo después de la desmovilización.

Uno de los hechos que habría complicado la situación legal de Fierro Flórez es el proceso que cursa contra la exrectora de la Universidad Autónoma del Caribe, Silvia Gette Ponce, según el cual ‘don Antonio’ habría incurrido en falso testimonio contra la exrectora. Según él, Gette fue la autora intelectual del asesinato del ganadero Fernando Cepeda.

También porque el exparamilitar el día que fue capturado en Villas de Canarias, kilómetro 17 de la vía Ciénaga-Santa Marta, tenía en su poder una cédula falsa a nombre de Wilson Ramírez Dueñez y portaba un permiso especial del congreso para movilizarse en una de las camionetas en las que se movilizaba.

Contra Edgar Ignacio Fierro Flórez el Juzgado Único Especializado ha dictado una veintena de sentencias por delitos tales como concierto para delinquir, homicidio agravado, porte ilegal de armas, desplazamiento forzado y extorsión, entre otros, con ocasión de su pertenencia al grupo armado ilegal.

Las condenas en su contra van desde los 90 hasta los 480 meses, sentencias que se encontraban suspendidas por haberse acogido a la ley de justicia y paz, la cual le otorgaba el beneficio de la pena alternativa. Su abogado, Camilo Bocanegra acaba de apelar la decisión ante el Tribunal Superior del Atlántico, que deberá confirmar o revocar la decisión que acaba de adoptar el juez de cumplimiento.