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| 6/30/2007 12:00:00 AM

El otro ‘gobernador’ de Chocó

Un periodista caleño fue amenazado por reseñar la captura del presunto capo Olmes Durán. El Proyecto Manizales investigó quién es este misterioso personaje y encontró que varios envíos de droga, contratos oficiales, un informante y decenas de interceptaciones telefónicas lo inculpan.

El otro ‘gobernador’ de Chocó El otro ‘gobernador’ de Chocó
Dos hechos sorprendieron a las autoridades el pasado 15 de junio, luego de la captura de Olmes Durán Ibargüen, de 39 años, señalado por agentes antimafia estadounidenses, británicos y colombianos de ser uno de los más poderosos y sanguinarios amos del narcotráfico en el Pacífico.

El primero, las amenazas de muerte que recibió el periodista Rubén Darío Valencia, editor del periódico caleño Q'hubo, por el solo hecho de registrar en primera página su captura. Según confirmó la Policía, el plan era inminente, lo que obligó al comunicador a exiliarse.

El otro hecho es que en el allanamiento a la mansión de Olmes, ubicada en la vía Cali-Popayán, encontraron 13 contratos por más de 4.000 millones de pesos, relacionados con Dasalud, la entidad pública que maneja la salud del departamento de Chocó y un presupuesto de más de 30.000 millones de pesos al año, recién intervenida por irregularidades.

Para los investigadores, estos contratos pueden ser la pieza clave que faltaba para confirmar lo que ya venían revelando centenares de interceptaciones telefónicas, hechas con el apoyo de agentes británicos apostados en Bogotá: su injerencia en la contratación pública de Chocó, que habría convertido a Durán en una especie de 'gobernador' en la sombra.

Durán, conocido con los alias de el 'Doctor' y el 'señor del Puerto', se habría apoderado de varios jugosos contratos del sector de la salud usados como fachada para lavar dinero proveniente del narcotráfico. Ese botín, según las investigaciones, habría sido la contraprestación por haber financiado parte de la campaña del hoy suspendido gobernador, Julio Ibargüen.

En los registros contables de la campaña de Ibargüen no aparecen aportes de Olmes Durán. Pero las unidades antimafia y anticorrupción de la Fiscalía indagan por más de 700 millones de pesos que posiblemente entraron, por otras vías, a la campaña.

El Proyecto Manizales, una alianza de medios que trabaja para que la información que algunos tratan de ocultar mediante agresiones a la prensa sea difundida masivamente, revisó las cuentas de campaña de Ibargüen y encontró que casi todos los 320 millones de pesos recibidos vinieron de personas que hacen o hicieron parte de su gabinete, parientes de funcionarios de confianza o contratistas investigados.

Entre otros, figuran Bismark Calimeño Mena, que aportó 30 millones y que hoy es investigado por un millonario contrato con Dasalud; Inocencia Lemos de Uribe, indagada por un contrato con el Icbf de Chocó, y dos aportantes más cuyos apellidos coinciden con los de uno de los señalados narcosocios de el 'Doctor'.

Para los investigadores, la supuesta cercanía de Olmes Durán con el gobernador Ibargüen y su poder político se evidencia también en el contenido de las interceptaciones en las que, por ejemplo, el presunto capo habla de cómo actuar en las elecciones de octubre próximo, ordena cambios en la Alcaldía de Bojayá y dice qué hacer con el Régimen de Salud de departamento. Periodistas del Proyecto Manizales llamaron insistentemente al gobernador Ibargüen para registrar su versión de los señalamientos, pero al cierre de esta edición no había habido respuesta.

Por su parte, Olmes Durán dijo en su indagatoria ser un hombre de negocios y negó que la voz de las grabaciones fuera la suya. Pero tuvo dificultades en explicar cómo hizo para amasar una gran fortuna que involucra cadenas de farmacias y empresas en los sectores pesquero y maderero, ya que hasta hace poco tiempo se le conocía como un humilde mecánico de motores de lancha. También está por verse cómo justifica los contratos con entidades públicas de Chocó y su equipo de escoltas y frecuencias de comunicación amparados por permisos de la Superintendecia de Vigilancia y por el Ministerio de Comunicaciones, respectivamente.

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