Los ediles se quedarán con las ganas de recibir sueldo

La Corte Constitucional puso punto final a la tensión que se generó entre el gobierno de Juan Manuel Santos y los ediles del país por el pago de honorarios. Aunque algunos municipios les reconocen un sueldo a los integrantes de las Juntas de Acción Comunal -Bogotá, Cartagena y Barranquilla, por ejemplo-, la iniciativa buscaba convertir en obligatorio el pago de honorarios en por lo menos 62 municipios que tienen más de 100.000 habitantes en Colombia. 

El trámite pasó por el Congreso, sin embargo, una objeción presidencial de Santos en diciembre del 2016 se le atravesó y el tema quedó desde entonces en el congelador. La Corte Constitucional revivió este miércoles el debate para darle parcialmente la razón al gobierno en tanto a que los pagos no deben tener el carácter de obligatorios. Ya que con ello, dice el alto tribunal, se les estaría vulnerando la autonomía a los territorios para administrar sus recursos, particularmente sus ingresos tributarios y no tributarios. 

De esta manera declaró inexequible parte del artículo segundo del proyecto de Ley (54 del 2015 Senado- 267 del 16 Cámara). Este aparte específico establecía que los municipios, cuya población sea superior a 100.000 habitantes, establecerán el pago de honorarios a los miembros de las juntas administradoras locales. Para los municipios con población menor a los 100.000 habitantes, se mantenía la potestad de las alcaldías para decidir. 

Después del recorte normativo en la corte, este aparte lo que dirá es que en cualquier caso, los municipios podrán -no existe obligación- establecer el pago de honorarios a los miembros de las juntas administradoras locales.

Quienes promovieron la iniciativa, argumentaban que generaba un aumento de la participación y cumplía la tarea de acercar los ciudadanos a la administración municipal; también promovía espacios de retroalimentación y veeduría. La norma fue respaldada por el mismo Procurador General, Fernando Carrillo, quien pidió a la Corte Constitucional declarar su exequibilidad.

El gobierno, en cambio, a través del Ministerio de Hacienda consideró que esta norma se votó en el Congreso sin el sustento técnico adecuado, ya que no se midió el impacto en las finanzas públicas.