“El país no va bien, tiene los peores índices de la historia”: Luis Pérez

De a poco, Luis Pérez Gutiérrez se ha convertido en un líder político con voz en escenarios nacionales. Su último cargo público como gobernador de Antioquia lo mostró como un feroz defensor del patrimonio del departamento, pues ante la crisis de Hidroituango –cuyo proyecto tiene a Antioquia como accionista mayoritario– se dedicó a investigar la responsabilidad de EPM ante la debacle de la construcción de la represa y ahora los entes de control le han dado la razón. Aunque algunos señalan que allí había una pelea personal por el legado de otros políticos contrarios a él. Pese a todo, Pérez ha salido airoso de investigaciones y señalamientos y ahora se une a otros exgobernadores y exalcaldes para crear un movimiento que llegue a la Casa de Nariño en 2022.

SEMANA: ¿De qué se tratan las reuniones que han tenido en Barranquilla junto a Álex Char, Dilian Francisca Toro y otros dirigentes?

Luis Pérez: Nosotros venimos desde hace cuatro o cinco meses trabajando paulatinamente en un proyecto de autonomías territoriales, con miras a la Presidencia de la República. Hemos hecho unas cinco reuniones a las que han asistido exgobernadores, exalcaldes y consultamos a dirigentes territoriales para escucharlos y estructurar una propuesta nueva para el país. En todo el mundo los Gobiernos nacionales están en crisis debido a la pandemia, y ante esto uno se pregunta: ¿debe ser el Gobierno nacional o las regiones las que aceleren la recuperación del desarrollo social y económico de un territorio? Esas son las propuestas que tenemos, propuestas nuevas, mirada distinta de país, gobierno de territorio. La mayoría de los colombianos tenemos el pálpito de que el país se está recentralizando. Cuando se empezaba a repartir el Sistema General de Participaciones en el año 90 o 91, las regiones iban avanzando hasta tener 47 por ciento de esos recursos, pero se hicieron dos reformas de ley en 2001 y 2007 y los gobernantes engañaron al país; hoy las regiones reciben 26 pesos y el Gobierno nacional recibe 74. El segundo mensaje importante es que Colombia sacó una ley, la 617 del año 2000, para que los municipios y las gobernaciones no gastaran mucho dinero en funcionamiento, pero la nación nunca se apretó los pantalones y ahora hacen una reforma tributaria cada año.

SEMANA: A eso se suma la crisis social que ha acaecido en el actual Gobierno…

L.P.: Tengo un afecto muy especial por el presidente Iván Duque, al expresidente Uribe lo quiero, lo respeto y lo he defendido, pero el país no va bien, los índices son los peores de la historia. Tenemos un Producto Interno Bruto (PIB) que bajó en 2020 un 6,8 por ciento; el desempleo subió a casi 18 por ciento; la pobreza y la pobreza extrema caminan casi hasta 62 por ciento, esas son las proyecciones de investigadores de Fedesarrollo y la Universidad Nacional. La clase media puede bajar de 6 a 8 puntos, esto es gravísimo, porque la clase media sostiene un país. Tuvimos una clase media en 31 por ciento y ahora en 24 o 25 por ciento. El país no va bien y hay que buscar salidas distintas. Si le ponemos los mismos remedios viejos esto no va a avanzar.

SEMANA: ¿Y en ese panorama cómo ve el cumplimiento de los acuerdos de paz?

L.P.: La primera experiencia que tuve como gobernador de Antioquia es que la lucha contra la cocaína en Colombia es un fracaso. Hicimos el esfuerzo más grande. Cuando me posesioné había unas 13.000 hectáreas sembradas y con la Policía, el Ejército y el esfuerzo de privados, arrancando la coca manualmente, erradicamos 43.000 hectáreas, y paradójicamente cuando terminé el periodo teníamos 12.800 hectáreas. Nosotros desde las regiones estamos buscando unas opciones distintas de paz, aquí llevamos 40 años diciendo que el ELN se va a desmovilizar, o las Farc, pero un pedacito sigue haciendo la guerra. Todo eso es importante, pero hay que intentar soluciones nuevas.

SEMANA: ¿Cuál cree que es la solución para el problema de la cocaína?

L.P.: En Colombia hay más o menos 200.000 hectáreas sembradas de coca, y no hemos podido con ellas. Pues bien, Colombia legalizó el cannabis medicinal, la propuesta es asociar a los campesinos en cooperativas, entregarles unas semillas especializadas de marihuana medicinal y que empiecen a sustituir las hectáreas de coca, esto es legal, hay 60 países que lo tienen legalizado. Si empezamos a reemplazar la coca por cannabis medicinal, todos ganamos. En el planeta hay un mercado de unos 27.000 millones de dólares, más alto que el del café, y lo más seguro es que Colombia pueda competir por 30 o 40 por ciento del mercado del cannabis medicinal del mundo, que crece cada año 20 por ciento. Así les brindamos a los campesinos empleos estables, con seguridad social, que los jubilemos, que se les paguen vacaciones. El proceso de paz más grande de Colombia es cambiar esas 200.000 hectáreas de coca por cannabis medicinal.

SEMANA: En su gobernación, usted fue especialmente activo con el tema de Hidroituango, ¿cómo lo ve hoy?

L.P.: Sobre los errores constructivos que se cometieron en Hidroituango hubo mucha pelotera. La gente de EPM no me quiere a mí, o no me quería, y en esa época hubo mucha controversia con el gerente y el alcalde Federico Gutiérrez, y por eso publiqué dos libros que ahora me han dado la razón, y me la han dado la Contraloría y la Fiscalía. EPM es muy ladina al manejar la información, y con eso se perjudican, porque son una entidad pública. Creo que en el futuro la Anla va a exigir un desembalse para revisar estructuras y ver cómo está la montaña. Hay obras que no se pueden hacer. Estoy casi seguro de que eso no se inaugura en el año 2022. Primero dijeron que lo inauguraban en el primer trimestre de 2020, después que en el primer trimestre del año 2021 y ahora dicen que para el año 2022. Es un tema muy complejo, ni siquiera la Anla ha autorizado a EPM continuar con la obra, todo lo que hacen es ir recuperando lo que se dañó. Es muy complejo. A la gente no le dicen la verdad. Y creo que Hidroituango va a costar 20 billones de pesos. El precio inicial era de 9,6 billones y hoy va en 18 billones de pesos, y ese es un dinero que le va a tocar cargar a EPM muy seguramente. Veo procesos equivocados en la demanda que les han hecho a los contratistas. EPM los demandó, pero al mismo tiempo, en diciembre de 2020, les adicionó más de un billón de pesos, ese es un mensaje al juez de que la empresa les tiene confianza.

SEMANA: Y usted siempre ha sostenido que EPM conocía todo lo que pasaba en la obra…

L.P.: La información que tengo es que los contratistas actuaban por orden de EPM. A la empresa los asesores extranjeros le advirtieron que no aprobara el plan de aceleración, pero no lo hizo. Incluso la junta de Hidroituango le aprobó a EPM el plan de aceleración, que fue un fracaso. Todos estos procesos fueron aprobados por EPM. Yo creo que a los contratistas no les van a ganar esa pelea, porque veo que EPM trabaja de manera poco precisa. Los mismos interventores dicen que tienen constancias de órdenes de EPM para proceder con las obras. Ahora bien, todo esto puede terminar mal, porque si EPM no gana la demanda, tampoco le puede cobrar a la sociedad Hidroituango más de 9,6 billones de pesos por la obra, porque ese fue el valor del contrato.

SEMANA: ¿Usted cómo ve a Daniel Quintero en esta pelea?

L.P.: Lo primero es que tanto Antioquia como Colombia tienen que saber es que aquí hay un grupo empresarial muy respetable, que es el Grupo Empresarial Antioqueño (GEA), que además es un grupo político, un directorio político que cada que hay elecciones saca candidatos a la Alcaldía y a la Gobernación. Daniel les ganó a los candidatos del GEA, y cuando alguien que está impulsando una candidatura pierde, hay consecuencias. Él ganó la Alcaldía diciendo que en EPM hay corrupción, que en Hidroituango hay errores constructivos, cosas que EPM siempre tapa. A mí me parece que cuando la junta de la empresa renunció en bloque, fue porque ninguno quería a Daniel. Ahí fue la primera dificultad. Creo que las decisiones que se han tomado sobre EPM me parecen buenas: una es que ya les pusieron el ojo a las inversiones internacionales de EPM, porque todas esas inversiones han sido un fracaso, como lo demuestran las investigaciones de la Contraloría. En EPM hay avances, pero hay otros que Daniel no va a superar. Los pasivos de EPM son muy altos. Tienen buena caja, pero también problemas estructurales. En 2005, los pasivos eran de 3 billones de pesos y hoy son de 37 billones. El patrimonio era de 12 billones y ahora es de 24 billones. Esa es una enfermedad crónica. Si EPM no despierta a tiempo puede fracasar.

SEMANA: ¿Quintero tiene perdida esa pelea contra los empresarios?

L.P.: Mi problema con el GEA es que yo no me le arrodillo a nadie para gobernar. Ahora bien, el sindicato es un grupo muy importante y son gente buena, con ellos he logrado tener una relación seria, donde se han respetado los derechos, pero no creo que ellos vayan a ponerme a mí como un símbolo. Daniel tomó una decisión distinta, que fue enfrentarlos, él es un hombre muy inteligente, pero cada pelea tiene su consecuencia, y ahora que los revocadores están alborotados, las obras no avanzan al ritmo que uno quiere y menos si el alcalde y su equipo están peleando con unos revocadores, eso atrasa las inversiones.