"EL PAIS PERDIO TODAS SUS RESERVAS MORALES"

SEMANA: Dentro de las medidas de emergencia tomadas para conjurar la grave situación de orden público que se creó en Medellín la semana pasada, se estudia la creación de una jurisdicción especial de orden público. ¿No es caer nuevamente en la criticada discriminación entre delitos importantes y no importantes?
JOSE MANUEL ARIAS: Todo el ordenamiento penal está montado sobre categorías morales y sociales. Hay conductas que causan mayor alarma social, y sobre las cuales la justicia debe poner mayor énfasis. No puede alarmarnos de la misma forma un raponero que un violador, ni un jalador de carros que un asesino.
S.: Ante hechos como los tres asesinatos de la semana pasada en Medellín, la ciudadanía tiene la sensación de que el gobierno está maniatado. Que se le salió de las manos el manejo del orden público.
J.M.A.: No es que el gobierno -o mejor, que el Estado y su representante de turno-, estén maniatados. Es que nuestra sociedad está atravesando por una profunda crisis, en la que el comportamiento de sectores peligrosamente amplios de la sociedad está amenazando todos los valores de la comunidad. Un país donde ha sido asesinado un ministro de Justicia, se ha atentado contra otro y se ha incinerado la Corte Suprema de Justicia, es un país en crisis.
S.: ¿Pero la esencia de la crisis no está en la inoperancia de la justicia? Hemos visto capos del narcotráfico dejados en libertad, y sabemos de cientos de investigaciones por crímenes políticos y ningún resultado...
J.M.A.: Sí. Podemos decir que la manifestación institucional de esta gran crisis por la que atraviesa el país es la inoperancia de la justicia. Pero toda gran crisis de una sociedad tiene también una manifestación individual, que es un resquebrajamiento del carácter de sus hombres. Los colombianos nos hemos vuelto pusilánimes, contemporizadores, calculadores. El país perdió ya todas sus reservas morales.
S.: Y toda esta crisis está derivando en que cada día con mayor fuerza, la justicia privada está primando sobre la institucional...
J.M.A.: Desafortunadamente, cuando una sociedad hace crisis en el orden de su justicia y su autoridad, inmediatamente se tiende a la justicia privada. Quienes la ejercen supuestamente quieren restablecer el orden. Pero este se rompe en un grado aún mayor.
S.: Usted ha defendido enfáticamente los grupos de autodefensa. ¿Pero, no son ellos un instrumento para aplicar justicia privada?
J.M.A.: Sobre eso ha habido una confusión. Mi pensamiento original fue exaltar el derecho que tiene la gente a su propia defensa. No he defendido los grupos de autodefensa, pues pueden ser peligrosos en un momento dado, ya que tienden a convertirse en grupos punitivos.
S.: Con esto que nos dice, uno puede pensar que usted se arrepintió de sus primeras declaraciones sobre este polémico debate de los grupos de autodefensa.
J.M.A.: No. No he cambiado de manera de pensar. Lo que quise fue movilizar la conciencia de los ciudadanos en relación con su derecho de defensa, que tiene muchas expresiones: defensa de su vida, de su patrimonio jurídico, de su libertad, de sus bienes, de su derecho de expresar sus ideas políticas. Lo que sucede es que aquí nos asusta más el ejercicio de la defensa, o sea la reacción, que la agresión, o sea la acción.
S.: ¿Pero exaltar el derecho de autodefensa no es reconocer que el Estado es incapaz de garantizar la vida de los ciudadanos, y no implica darle patente de corso a los mecanismos de la justicia privada?
J.M.A.: El derecho de defensa está consagrado por los filósofos de la Iglesia como una obligación del ser humano. No hay sociedad, por organizada que sea en proteger los derechos de los asociados, que logre garantizarles a todos y cada uno el respeto de esos derechos. La sociedad norteamericana, por ejemplo, tiene toda una organización para el ejercicio del derecho de defensa, y la prueba es que está reconocido el derecho al porte de armas. En el otro extremo, en Cuba, hay milicias populares, no sólo para defender las fronteras sino los derechos de la sociedad. Por eso no hay oportunidad que yo desaproveche para exaltar el derecho del ciudadano a su defensa, que es el derecho a su dignidad. Pero al mismo tiempo, para condenar rotundamente la justicia privada.
S.: Se empieza a hablar en el país de guerra sucia. ¿Cómo se explica, de otra manera, el casi medio millar de muertos de la UP?
J.M.A.: Todo lo que está sucediendo es sintomático de que hay un plan para desestabilizar a la nación. Hay unas fuerzas que están luchando contra el sistema, y no son siempre políticas. Les pongo el ejemplo de los últimos acontecimientos de Medellín. En ellos hubo, desde luego, un hilo político, pero también están los narcotraficantes: ellos quieren desordenar el país para convertirlo en su reino. ¡Es que el daño que a Colombia le han hecho los narcotraficantes. . . !