EL PAJARO MADRUGADOR

EN ABRIL PASADO Clara Elsa de Sandoval, presidenta de Telecom, recibió una llamada de Gustavo Gaviria Angel, conocido cafetero y miembro de la Junta Directiva de Telecom. La llamada no era inusual porque Gaviria es considerado, tal vez, el miembro más activo de la junta y ha desempeñado un papel importante en la orientación de la empresa en los cuatro años que ocupó el cargo.

Ese día le solicitó recibir a un amigo suyo, de nombre Gustavo Herrera, quien quería plantearle un asunto de interés para la compañía. Ella efectivamente le dio la cita, y se reunieron con Herrera y otras personas. El grupo le propuso un negocio que podía ser interesante para Telecom. Como el satélite Intelsat que usa Colombia para sus comunicaciones con el mundo estaba totalmente copado, se estaba creando un déficit de capacidad satelital para nuevos usuarios. Para uso de telepuerto, por ejemplo, hay lista de espera desde hace un año. Este cuello de botella debería resolverse antes de terminar 1994 o el país se vería abocado a problemas de comunicaciones en 1995.

Lo que ellos ofrecían era el servicio de la sociedad argentina Raider que tenía los derechos para comercializar la capacidad disponible del satélite ruso Statsionar 04 que será lanzado precisamente la primera semana de octubre a la órbita geostacionaria. La historia detrás de esto es que los rusos tenían una serie de satélites montados para la eventualidad de una guerra con Estados Unidos, en lo que se conoció como la "guerra de las galaxias". Tras las caída del comunismo habían quedado con una capacidad subutilizada que ahora estaban ofreciendo por todo el mundo.

Eran prácticamente los únicos que tenían esta disponibilidad y a precios muy razonables con respecto, por ejemplo, al Intelsalt. Por eso el negocio le sonó factible a la doctora de Sandoval y en la Junta Directiva del 18 de mayo siguiente la doctora Margarita Villegas de Beltrán, gerente de Servicios Internacionales, expuso la oferta presentada por la compañía Satcol Ltda. La junta hizo algunas consultas sobre la vialibilidad técnica del proyecto, pero como no habían sido precisadas en la propuesta se decidió comisionar en viaje a Rusia al ingeniero Carlos Moreno, jefe de la estación terrena de Chocontá -mayor conocedor en Colombia del complejo mundo satelital- y al vicepresidente de operaciones de Telecom Jorge Cortázar. También se firmó un documento de intención para realizar un posible negocio.

A partir de ese momento comenzó el análisis técnico, jurídico y financiero de la propuesta, que habría de durar cerca de tres meses. Como parte del análisis pericial los dos expertos de Telecom fueron acompañados en Rusia por Gustavo Herrera, representante del consorcio argentino que tenía los derechos del satélite, por Antonio de Mendoza, gerente de la firma Satcol que lo comercializaría en Colombia, y por Mario Rodríguez, el argentino del paseo. La visita fue satisfactoria y los aspectos técnicos fueron aprobados.

De regreso en Bogotá se entraron a discutir los aspectos financieros del negocio. Después de mucho tira y afloje, se llegó al siguiente esquema: el contrato sería firmado a cinco años durante los cuales los ingresos estimados por venta de servicios serían de unos 21 millones de dólares. Los gastos ascenderían a unos 14 millones de dólares. Por tanto las utilidades proyectadas serían del orden de unos siete millones de dólares. Esta utilidad se dividiría en tres partes: Telecom se quedaría con el 30 por ciento, Raider, la compañía argentina, con el 35 por ciento, y Satcol, la compañía comercializadora colombiana, se quedaría con el otro 35 por ciento, es decir, con cerca de 2.5 millones de dólares.

La explicación clara de esta repartición tenía que ver con que Telecom sólo debía erogar unos 475.000 dólares y habilitar una antena ya construida para usar el satélite, mientras el consorcio se responsabilizaría del comportamiento y fallas posibles en el satélite, por reclamos e indemnizaciones y por cubrir los gastos respectivos cuando la demanda no fuera suficiente para que el negocio fuera rentable.

Superada la etapa financiera, surgieron algunos interrogantes jurídicos el 25 de julio pasado. Con motivo de estos Gustavo Gaviria llamó a la presidenta de Telecom a pedirle una nueva cita para el grupo Satcol-Raider. La encargada de la Oficina Jurídica de Telecom, Emilce Camero, también recibió una llamada telefónica de Gaviria para recibir a Herrera. Todo se resolvió, sin embargo, con un intercambio de fax sin que fuera necesario concretar la cita.

Cinco días después Gustavo Gaviria llamó a la presidenta de Telecom para pedirle una vez más que recibiera a los directivos de Satcol y Raider. Ella accedió y tuvo lugar una larga reunión durante la cual ellos plantearon la urgencia de la firma del contrato respectivo. El argumento central era que al otro día a las siete de la mañana hora de Moscú, vencía el plazo que Intersputnik (la Nasa del caso) había dado para mantener su oferta. La doctora de Sandoval manifestó que debía llevar el caso a la junta, a pesar de que los abogados de la empresa privada argüían que se había vencido el plazo estipulado en el acta de intención para cerrar el convenio.

Según la ley 80 (que reemplazó al 222, famoso Estatuto de Contratación Administrativa) ella estaba facultada para suscribir en forma autónoma un contrato de esa índole, pero consideraba conveniente no actuar sin el visto bueno de la junta, aunque eso no fuera jurídicamente necesario. Sin embargo como en los estatutos de Telecom se consagra que negocios estratégicos para la compañía deben ir a la junta, consideró pertinente llamar desde su despacho a algunos de los miembros, para realizar un sondeo sobre la posibilidad de firmar para luego obtener la aprobación de ellos. Con la excepción de Gustavo Gaviria, quien estuvo de acuerdo en que se firmara, todos los directivos contactados le aconsejaron esperar.

Ante esa mayoría decidió aplazar la firma del convenio y esperó a que tuviera lugar la última junta de Telecom durante el gobierno del presidente Gaviria, que se verificaría el 4 de agosto. Durante esta se discutieron en forma extensa aspectos técnicos y financieros del negocio, y aunque hubo algunas anotaciones, finalmente se hicieron las aclaraciones del caso. Antes de finiquitar el asunto, el ministro de Comunicaciones, Wiliam Jaramillo, preguntó "más por formalismo que por curiosidad", quiénes eran los socios colombianos del negocio. La gerente de servicios internacionales, Margarita Villegas de Beltrán, procedió a leer los nombres de Marcela Bernat Patiño, Clara Elsa Cepeda, Germán Torres Díaz y Patricia Caicedo Osorio. Otro de los directivos de Telecom, Carlos Eduardo Gómez, preguntó: "¿quién los conoce?". Ante eso, Gustavo Gaviria manifestó que "esa gente está vinculada a un amigo mío que se llama Gustavo Herrera, compañero de andanzas y de la universidad, cuyo padre fue médico de Telecom durante 20 años". Con esta información rutinaria y con la confirmación de la secretaria de la junta de que los requisitos jurídicos de los contratantes estaban al día, se autorizó el convenio.

A Jorge Cortázar, vicepresidente de operaciones de Telecom, le quedó sonando el nombre de Marcela Bernat Patiño, pero no tenía muy claro con qué la asociaba. Según él, el lunes siguiente, al regresar a su oficina le preguntó a sus compañeros de trabajo si se acordaban de alguien con ese nombre. Cuando consultó a la secretaria general decidieron mirar en los documentos y actas de la Junta Directiva y, según él, se sorprendió cuando encontró que correspondía al nombre de la persona que firmaba las cartas de excusa cuando Gustavo Gaviria no podía asistir a la junta.

Esta coincidencia lo llevó a investigar con más cuidado sobre cada uno de los socios de la sociedad Satcol. Resultó que todos ellos eran empleados de Gavicafé, la firma exportadora de café de Gustavo Gaviria Angel. Marcela Bernat Patiño era la asistente de relaciones públicas, Clara Elsa Cepeda la jefe de personal de la compañía, Germán Torres Díaz el contralor, y Patricia Caicedo Osorio, secretaria general durante los últimos siete años y la mano derecha de Gustavo Gaviria Angel.

Cuando esa información le fue entregada a la presidenta de Teleeom, esta no pudo salir de su asombro. Llamó el viernes 26 de agosto al ex ministro de Comunicaciones, William Jaramillo, a manifestarle su disgusto: "Ministro, Gustavo Gaviria nos engañó a usted y a mi, a la junta, a Telecom. Yo que defendía tanto ese negocio, ahora me doy cuenta porqué lo presionó tanto. Me dicen que la empresa es de él. Yo lo voy a denunciar esta misma tarde a la Procuraduría. Yo no me dejo asaltar en mi buena fe".

Este se sorprendió igualmente y ella le dijo que hablaría directamente con Gaviria Angel. Lo llamó y esa misma tarde se reunieron en las oficinas de Gavicafé. Ella le manifestó que consideraba tan grave lo sucedido que era mejor suspender el contrato. Gaviria, alterado, le manifestó que conocía el caso y que le había causado muchos dolores de cabeza cuando unos meses antes se enteró. Llamó a su secretaria general, Patricia Caicedo, se la presentó y le explicó que desde mayo ella había presentado su renuncia porque se iba a dedicar de tiempo completo al negocio de Satcol con su marido, Antonio de Mendoza, quien era el gerente de la compañía. En cuanto a las otras tres personas de su compañía socias de Satcol, les aclaró que había una incompatibilidad que fueran accionistas de esa sociedad mientras fueran empleados de Gavicafé y él fuera miembro de la Junta Directiva de Telecom. Ellos, ante esa disyuntiva, decidieron renunciar a Satcol, vender sus acciones y quedarse en Gavicafé.

La doctora de Sandoval, presidenta de Telecom, advirtió que consideraba que esa información se la debían haber dado en etapas anteriores al proceso cuando se estaban adelantando las gestiones, y no después de la firma del contrato. Por esto se sostuvo en su determinación de pedir una investigación a la Procuraduría, en lo que estuvo de acuerdo Gaviria, que hizo lo mismo.

El lunes siguiente Gaviria Angel organizó una reunión en el despacho del procurador, Carlos Gustavo Arrieta, para discutir el asunto con la presidenta de Telecom. Ella, a última hora decidió no asistir a esa reunión pues, según ella, como iba a pedir una investigación, lo que tenía que decir lo iba a pasar por escrito. A las cinco de la tarde recibió una llamada de Gaviria, desde la oficina del Procurador, insistiéndole en que la estaban esperando, pero nuevamente se excusó considerando que iba a tratar el asunto por los canales regulares.

El Procurador General le dio curso a la investigación el mismo 29 de agosto. Al día siguiente el caso pasó a conocimiento del procurador delegado para la Vigilancia Administrativa, quien lo envió un día después a la Procuraduría Delegada para la Contratación Administrativa, por considerar que no era de su resorte. El 31 de agosto Arrieta dejó de ser Procurador a las seis de la tarde. Cuarenta y ocho horas más tarde el caso había de ser archivado. Tan pronto se retiró, el Procurador saliente comunicó que contraería matrimonio este mes con la distinguida dama antioqueña, Atice Halaby, quien es la hermana de la esposa de Gustavo Gaviria.

El relato anterior no podía tener peor presentación y fue objeto de múltiples comentarios la semana pasada. La revista Cambio l6 denunció en un artículo el episodio, subrayando el récord de velocidad con que la Procuraduría falló en ese caso, teniendo en cuenta que la mayoría de las denuncias tramitadas por ese despacho duran años sin resolución. Como consecuencia de esta denuncia la nueva Procuraduría reabrió el caso la semana pasada, por petición expresa del nuevo presidente de Telecom, Julio Molano.

Sobre el relato de los hechos todos los protagonistas están de acuerdo, tanto la denunciante, la presidenta de Telecom, Clara Elsa de Sandoval, como el denunciado, Gustavo Gaviria. En lo que sí hay diferencias es en la interpretación de esos hechos. Para Gustavo Gaviria hacer dos o tres llamadas en relación con un caso de un amigo es una situación absolutamente rutinaria en Colombia. Alega que el primer disgustado por la mala presentación de que sus empleados estuvieran contratando con Telecom fue él, quien los puso contra la pared y los obligó a escoger entre el empleo y el negocio.

Para la presidenta de Telecom el hecho de que todos los socios de una compañía que contrataba con la empresa estatal fueran empleados de un miembro de la junta, obligaban a éste a poner esa situación en conocimiento de la administración. Reconoce que Gaviria manifestó ser amigo de "pupitre" de Gustavo Herrera, representante en Colombia de Raider, la compañía argentina que comercializaba el satélite ruso. Sin embargo Herrera fue el gestor del negocio pero no aparecia como socio de Satcol, la contratante con Telecom. Lo que llama la atención a la doctora Clara Elsa es que en tres meses de trámites, Gaviria nunca hubiera hecho una referencia a su vinculación laboral con los interesados. Ni siquiera el día en que los nombres fueron leídos en voz alta en la Junta Directiva.

El debate de este caso gira solamente alrededor de una omisión de información y las implicaciones éticas que esto pueda tener. Implicaciones jurídicas no hay porque la Junta Directiva de Telecom no es la que adjudica. Su papel es meramente consultivo en esta materia y la decisión de contratar la toma la administración.

El contrato sin duda alguna era favorable para el país y para Telecom. Era la única oferta disponible de un servicio indispensable y el precio era razonable, por tanto no había un proceso de adjudicación o de selección de alternativas. La decisión final se basaba en criterios eminentemente técnicos del mundo de los satélites en los cuales ni la junta ni la administración pueden hacer nada diferente que acatar las recomendaciones de los especialistas. Si la propuesta se hubiera presentado sin la intermediación de Gaviria, también hubiera sido aceptada.

Los socios de Satcol en la actualidad son la secretaria general de Gavicafé. Patricia Caicedo Osorio, quien se retiró el pasado fin de semana de ese cargo, y su hermano Jaime Caicedo, subgerente de la Caribbean Telephone Company, CTC. El representante legal y la verdadera cabeza del negocio del satélite ruso es Antonio de Mendoza, esposo de la funcionaria de Gaviria. El señor Mendoza está trabajando en el campo de las telecomunicaciones desde hace tres años y representa en Colombia a la CTC, que es una compañía norteamericana que recibe en el país, por ejemplo llamadas de Estados Unidos que van a la famosa "línea caliente". CTC tiene en la actualidad un convenio con Telecom. Tanto De Mendoza como su señora son personas profesionales cuya idoneidad nunca habría sido cuestionada de no haber sido por la vinculación laboral de esta última con Gavicafé.

Por tanto, a pesar de que se va a reabrir una investigación en la Procuraduría, y a pesar de que el contrato va a ser revisado en Telecom, jurídicamente poco puede pasar. Sin embargo, administrativamente, sí. Clara Elsa de Sandoval considera que por ser tan mala la presentación de que se hubiera firmado el contrato con empleados de un miembro de junta debe ser revocado. Claro está que esto es más fácil decirlo que hacerlo pues como no hay incompatibilidad jurídica, tocaría invocar una incompatibilidad ética, lo cual, según el ex procurador Carlos Gustavo Arrieta, es impracticable como sustento de una acción legal.-