El papel aguanta todo

El dinero no es importante en la política. Esa sería la conclusión que podría desprenderse del análisis de los reportes de gastos hechos por los 45 concejales de Bogotá que están en ejercicio. Según esos documentos, en promedio los concejales gastaron en sus campañas 88 millones de pesos cada uno, mientras que la ley les permitía invertir hasta 200 millones. Un hallazgo sorprendente, pues es bien sabido que en las elecciones regionales corren ríos de dinero. Según la Misión de Observación Electoral, por ejemplo, en estas elecciones ya hay candidatos al Concejo capitalino dispuestos a invertir hasta dos mil millones de pesos.

El principal objetivo de la ley que fija topes a los gastos de campaña es garantizar que todos los candidatos participen en igualdad de condiciones. Y la obligatoriedad de hacer públicos los orígenes de los recursos es para detectar eventuales intereses de los aportantes. Al restringir el monto, como lo hace la nueva reforma política, se busca evitar que los funcionarios elegidos por voto popular queden hipotecados con quienes ayudaron a financiarlos.

Pero la falta de control ha hecho que la historia financiera de las campañas la escriban los candidatos, sin que nadie los controvierta. La norma se ha convertido en rey de burlas.

De acuerdo con la información de los concejales de Bogotá, solo diez de ellos gastaron más de 150 millones de pesos, mientras que 17 gastaron menos de 50 millones. Hay candidatos que solo presentaron reportes por tres y seis millones de pesos, cifra muy difícil de creer si se tiene en cuenta que una campaña requiere cuantiosos recursos para pagar publicidad, sedes de campaña, reuniones, desplazamientos y colaboradores permanentes, y para apoyar a candidatos a ediles, con los que hacen alianzas electorales. Esto en campañas que no acuden a otras prácticas como la compra de líderes en los barrios, que difícilmente se comprometen a endosarle sus votos a algún candidato por menos de cinco millones.

El peor talón de Aquiles de la norma que regula la vigilancia de las finanzas de las campañas es que los informes de gastos se presentan varios meses después de las elecciones. Aunque el Consejo Nacional Electoral (CNE) ha establecido que no puede haber retrasos de más de siete días en la contabilidad, no tiene capacidad para revisar lo que pasa en miles de campañas y la medida termina siendo inocua. Incluso se ha planteado que estos reportes se hagan en tiempo real y se hagan públicos de inmediato. Así, los propios competidores serían los encargados de supervisar la correspondencia entre lo que se reporta y lo que se gasta. También hay deficiencia en la reglamentación de los créditos, pues por esta vía se podrían estar ocultando los verdaderos aportantes.

Algunos de los problemas que se han detectado son objeto de nuevas reglas, contenidas en la reciente reforma electoral y en el Estatuto Anticorrupción: se endurecen las sanciones, y quien viole los topes podría ahora llegar a perder la investidura. Igualmente se prohíbe que los contratistas financien campañas y se establece la responsabilidad de los partidos en las irregularidades que se puedan cometer.

Hay otros avances. Como el hecho de que se haya adoptado un software elaborado por Transparencia por Colombia para que los candidatos presenten de forma unificada sus reportes, pues hasta las pasadas elecciones esto se hacía con unos formularios diligenciados a mano.

Según publicó el portal Votebien.com, de las pasadas elecciones regionales a la fecha se abrieron 88 investigaciones por violación de topes electorales, de las cuales 80 se archivaron, cinco condujeron a sanción y tres están en proceso de recolección de pruebas. Un balance a todas luces distante de la danza de los millones que desde ya se avizora se dará para algunas corporaciones. Y que, si se mantiene la costumbre, no quedará registrada, sino lavada, en la contabilidad oficial.