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| 4/6/1987 12:00:00 AM

EL PORRAZO

La liberación de Evaristo Porras enreda aún más la ofensiva gubernamental contra el narcotráfico.

EL PORRAZO EL PORRAZO
El narcotráfico, sus hombres, sus obras y "milagros" no dejan descansar las páginas de los periódicos. Diariamente existe una noticia en la que se da cuenta de un cargamento, una captura, un crimen, una fuga o una excarcelación en donde sale a relucir el nombre de uno de los grandes.
La semana pasada, el "milagro" se produjo en cabeza de uno de los hombres más asociados con el negocio del narcotráfico desde las épocas del ministro Lara Bonilla: Evaristo Porras Ardila. El juez 123 de Instrucción Penal Militar, teniente de navio José Luis Barrios Arrieta, ordenó la "libertad inmediata e incondicional" de Evaristo Porras al "no seguirse reuniendo los requisitos del artículo 552 del Código de Justicia Penal Militar", por el cual se había dictado auto de detención preventivo el 24 de enero pasado.
La detención de Porras se produjo en uno de los hoteles de su propiedad en San Andrés, casi a los 15 días del asesinato del director del diario El Espectador, Guillermo Cano, ocurrido el 17 de diciembre del año pasado. Porras Ardila tenía orden de captura por porte ilegal de armas, delito por el cual estuvo detenido en la cárcel de Bellavista en Medellín, poco tiempo después del asesinato de Lara Bonilla. De allí salió posteriormente, gracias a la reforma del Código Penal que se hizo bajo la administración del entonces ministro de Justicia Enrique Parejo González, que permitía que los delitos con penas menores a los dos años de condena, fueran excarcelados.
Evaristo Porras se hizo famoso en el mundo del narcotráfico cuando el ministro Rodrigo Lara Bonilla fue acusado en la Cámara de Representantes por el parlamentario Jairo Ortega, de haber recibido un millon de pesos de un narcotraficante. El representante Ortega, del cual era suplente Pablo Escobar, exhibió el cheque y entregó una grabación según la cual Evaristo Porras había entregado durante la campaña electoral de 1982, el cheque del millón a Lara Bonilla. La prueba que daba Jairo Ortega de que Porras era un narcotraficante, era un recorte de prensa en el que aparecía la foto y la noticia de Porras detenido en Perú por tráfico de drogas en el año de 1978. Al parecer, Porras se voló de la cárcel de Lima y se reintegró al negocio, según se desprende de la misma grabación que entregó el parlamentario antioqueño. "Estuve preso en Limá... En 1978... Tres años. Me torturaron y. . . Yo salí de ahí y me volví a levantar y volví a trabajar y todo...", decía Porras al ministro Lara Bonilla.
Porras sí se volvió a levantar, pero más, después de que sirvió de carne de cañón de Escobar en los propósitos de "tumbar" al ministro Lara Bonilla, según lo aseguran las autoridades antinarcóticos del país. Una fuente de la Policía afirma que Porras goza de todos los favores de Escobar y según el argot de ellos mismos, después de haber puesto la cara en lo de Lara, Pablo Escobar le ha dado mucho juego en el negocio.
Pero la liberación de Porras tiene implicaciones que van más allá de su propio caso, pues sucedió horas después de que la Corte Suprema de Justicia (ver recuadro) tumbara un decreto de estado de sitio que ordenaba el juzgamiento de los sospechosos de narcotráfico por tribunales militares. Los defensores del decreto lo han sido siempre con el argumento de que los militares resultan mucho más severos que los jueces civiles, aunque hasta hoy esta afirmación no puede respaldarse en ningún caso concreto. Ni cuando Betancur lanzó la guerra a la mafia en el 84 y dictó un decreto similar al que tumbó la Corte la semana pasada, ni ahora que el gobierno de Barco ha puesto en la mira al narcotráfico, los jueces militares han podido demostrar la contundencia y severidad con las que en otras épocas condenaron a los acusados de subversión. Y la liberación de Porras, que irónicamente sucedió el mismo día en que el ex ministro de Defensa, general Luis Carlos Camacho Leyva, había dicho a Caracol que las Fuerzas Armadas eran la única institución respetable que le quedaba al país, de nada sirvió para defender la teoría en la que el decreto de Barco se basó.

EL FALLO DE LA CORTE: LA RAZON EN MAL MOMENTO
En Colombia, país de leyes, los terremotos suelen tener base jurídica. Es lo que ha sucedido con el más reciente, cuyo epicentro estuvo en la Corte Suprema de Justicia pero que había empezado a lanzar tremores y fumarolas desde la Procuraduría General de la Nación. La catástrofe -pues así fue considerada por muchos observadores- consistió en que la Corte conceptuó que no hay razón para que los militares juzguen a los civiles en ninguna circunstancia, ni en tiempo de paz ni en tiempo de guerra, ni bajo estado de sitio ni fuera de él.
Ya el procurador, Carlos Mauro Hoyos había reclamado la declaratoria de inexequibilidad constitucional del decreto 3671 del 19 de diciembre del año pasado, uno de los decretos de estado de sitio dictados por el gobierno del presidente Barco dentro de la "guerra frontal" contra el narcotráfico emprendida a raíz del asesinato de don Guillermo Cano. Dicho decreto pasaba -o mejor, devolvía- a los jueces militares el conocimiento de los delitos relacionados con el tráfico de drogas. La Corte coincidió con el concepto del procurador y halló inconstitucional el decreto. Pero con su fallo -que registró salvamentos de voto de varios magistrados- rompió la tradición, más que jurídica, política, que bajo la modalidad del estado de sitio cuasi permanente da traslado de todo lo imaginable a la jurisdicción militar.
El clamor fue general. La prensa por "civiles", tradujo "narcos" en sus titulares. La Iglesia salió de la catatonia en que la tiene sumida la crisis de su Caja Vocacional para declarar que la Corte "tiene miedo". Otro tanto declararon magistrados del Tribunal Superior Militar que, paradójicamente, "pidieron no ser identificados". Y sin embargo, como apunta Alfonso Gómez Méndez -ponente de un proyecto de reforma constitucional del Nuevo Liberalismo que tiende a esa misma desmilitarización de la justicia- "si no fuera por las implicaciones actuales el pronunciamiento de la Corte sería un avance "institucional". Porque, efectivamente, se trata de algo que en cualquier país civilizado (concepto contrapuesto al de "militarizado") se da por sentado: que los militares no tienen por qué juzgar a los civiles. Así lo establece el derecho de gentes, y el principio inspira numerosos tratados internacionales firmados por Colombia.
El escándalo, por lo demás, se origina en una presunción que la experiencia no ha demostrado: la de que la justicia militar es más expedita y menos amedrentable o corruptible que la justicia ordinaria. Presunción que por añadidura acaba de sufrir un golpe con la puesta en libertad del narcotraficante Evaristo Porras por un juez militar. Además, como lo recordó la Corte, el papel de los militares no debiera consistir tanto en juzgar a los narcos como en capturarlos, cosa que no sucede demasiado a menudo. Y finalmente, como dijo el magistrado ponente del fallo, Jesús Vallejo Mejía, "si se cree que en razón de la intimidación (por parte de los narcos) deben actuar jueces militares y no jueces civiles, tendríamos que aceptar que también en el gobierno y en el Congreso actúen militares, y no civiles".
Se trata, pues, de un terremoto más político que jurídico. La Corte había tratado el tema en varias ocasiones y hasta ahora, siempre por razones más políticas que jurídicas, había zanjado del lado militar. La última vez -hace dos años- hubo empate entre los magistrados y fue necesario nombrar un conjuez. Pero todo puede volver a tener una conclusión nuevamente jurídica: en un futuro fallo, la Corte Suprema puede volver a variar su doctrina de la semana pasada.

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