¿El principio del fin?

En los últimos meses, el Bloque Bananero, del sur del Magdalena e isla de San Fernando; las AUC de Cundinamarca, el Bloque Catatumbo y el Bloque Calima -unos 2.600 autodefensas- dejaron las armas, incluido el jefe de las AUC, Salvatore Mancuso. Y en los próximos días se desmovilizarán las autodefensas de Córdoba.

Haber conseguido que por primera vez en muchos años disminuya el número de hombres armados es un gran logro del gobierno de Álvaro Uribe y particularmente, de su comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo. Y lo es aún más porque estos hombres y mujeres han dejado las armas a pesar de que todavía no hay claridad sobre qué pasará ni con sus bienes ni con su libertad, y a pesar de que la guerrilla aún no ha sido derrotada.

Los paramilitares tampoco están derrotados pero carecen de futuro. El proyecto paramilitar no es viable por razones internacionales, locales y de la misma organización.

Internacionalmente, creció la presión directa sobre ellos. Este año, Estados Unidos pidió en extradición a Carlos Castaño, a 'Adolfo Paz' y a Salvatore Mancuso. La extradición se convirtió en el principal garrote del proceso. Y por el lado europeo, ronda el fantasma de la Corte Penal Internacional y sobre todo, la posibilidad de que un juez (por ejemplo, Baltasar Garzón) los juzgue por delitos de lesa humanidad como ya están haciendo con los militares argentinos responsables de crímenes atroces durante la dictadura.

Internamente, este año las autodefensas -según las cifras del Ministerio de Defensa- también sufrieron duros golpes militares: 498 murieron en combate, 89 por ciento más que el año anterior, y fueron capturados 4.151, más que los últimos dos años juntos. La Armada además les incautó varias toneladas de droga.

Como organización, la confederación de las autodefensas demostró su precariedad. Los asesinatos a manos de otros paramilitares este año de 'Doble Cero', comandante del Bloque Metro; de Miguel Arroyave, del Centauros, y la desaparición -¿muerte?- de Carlos Castaño demostraron las profundas pugnas internas y que si no se desmovilizan pronto, en muy poco tiempo no serán más que señores de la guerra dedicados exclusivamente al narcotráfico.

Los jefes paramilitares, haciendo una lectura del momento político, le apostaron al corazón grande de Álvaro Uribe, en quien confían plenamente. Algunos ya se arriesgaron y comenzaron a desmovilizarse. La mayoría prefiere esperar a que le definan antes el marco jurídico. ¿Cuántos de éstos darán el paso?

El Presidente, muy dentro de su lógica eficientista, ha propiciado esta masiva desmovilización sin demasiada retórica de paz. A él le bastan los hechos de paz.

¿Pero un hecho de paz sumado a otro hecho de paz conduce a la paz? En otras palabras, ¿llevan al fin del paramilitarismo estas desmovilizaciones masivas y rápidas?

Desmovilizar combatientes no conduce automáticamente a desmontar el poder paramilitar, como quedó claro en Medellín. Allí, a pesar de la desmovilización del Bloque Cacique Nutibara, a finales de 2003, los paramilitares siguen usando su poder de intimidación para extorsionar, como lo reveló la encuesta de seguridad del Dane, y para cobrar deudas.

Una de las razones para que esto suceda es la desmovilización gradual de las autodefensas. Como lo señaló en su último informe la Fundación Seguridad y Democracia, aunque desaparezca un grupo como el Bloque Cundinamarca, comandado por el 'Águila', o el Bloque Bananero de las AUC, en Urabá, persisten otras organizaciones paramilitares "que garantizan la seguridad de la zona, formando una especie de anillo". Es decir que, si bien se adelgaza la organización, las autodefensas permanecen en la zona.

Ahora el desafío es que en el Catatumbo, a la par con el Bloque, desaparezcan también las redes de inteligencia integradas por algunos taxistas, celadores y tenderos de Cúcuta. Así mismo, que se desarticulen las organizaciones criminales de distribución de droga, robo de carros, contrabando y de lavado de dólares.

Para garantizar que así suceda, una verificación más efectiva de la OEA es imprescindible, y ello le implica contar con mayores recursos.

Y tanto Estados Unidos -en la recién firmada Ley de Operaciones Extranjeras- como la Unión Europea, en su último Consejo de Ministros, condicionaron su ayuda al proceso a la definición de un marco legal que prevea sanciones para quienes hayan violado los derechos humanos o sean responsables del narcotráfico.

Una oportunidad

Hasta el momento ese marco legal que blinde la negociación y que refleje un gran acuerdo social sobre qué perdonar y cómo reparar a las víctimas sigue en veremos.

El gobierno presentó durante el primer semestre un proyecto de alternatividad penal que no prosperó en el Congreso. Y la semana pasada les pidió a los congresistas Rafael Pardo, Gina Parody, Luis Fernando Velasco y Wilson Borja abstenerse de radicar el suyo -que cuenta con el apoyo de la oposición, de las principales organizaciones sociales, de derechos humanos y de la comunidad internacional- para conciliar uno nuevo, en que pulan sus diferencias respecto a temas como la exigencia de la confesión para acceder a los beneficios jurídicos, la integración de un tribunal independiente del gobierno y en general, la reparación a las víctimas.

La desmovilización de tantos bloques abre una oportunidad sin precedentes para desmontar el paramilitarismo, cada vez más enquistado en la política regional. Pero sólo si se hace bien.

Desmovilizar los bloques paramilitares sin respetar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, según los estándares de los tratados internacionales de derechos humanos firmados por Colombia, podría acarrearle al Estado millonarias demandas en el futuro y a la postre echar por la borda todo el esfuerzo del Comisionado.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos -que rige sobre Colombia- revocó las leyes de amnistía y punto final de Argentina y Perú por "impedir la investigación y sanción de los responsables de violaciones graves de derechos humanos", y porque no tuvieron en cuenta suficientemente los derechos de las víctimas. El costo para el Perú fue alto. En 2001 la Corte Interamericana condenó al vecino país a reparar a cada una de las víctimas por montos de entre 130.000 y 150.000 dólares.

Una desmovilización rápida pero mal hecha por la falta de una verdadera investigación de los crímenes cometidos -así sea para indultarlos- no evitará que en el futuro Baltasar Garzón o la Corte Penal Internacional los juzgue por crímenes de lesa humanidad o que un juez colombiano abra un proceso contra ellos, incluso por la vía de la tutela, dado que la Corte Constitucional ha dicho que los derechos de las víctimas son fundamentales.

La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que condenó en julio de este año al Estado colombiano a pagar una indemnización a los familiares de las víctimas por la muerte de 19 comerciantes en Puerto Boyacá en 1987, debería ser un buen campanazo para el gobierno de Uribe.

Si por estos asesinatos -por los que tres personas fueron a la cárcel- la Corte condenó al Estado colombiano a pagar 6,5 millones de dólares, ¿qué sanciones impondrá por dejar en libertad sin el más mínimo juicio a los autores de las masacres de Chengue, El Salado y La Gabarra?

El gobierno corre un alto riesgo de que los tribunales internacionales, a donde seguramente llegarán las demandas de las víctimas, no acepten su argumento de que los desmovilizados carecen de antecedentes penales y que en todo caso sus jefes pagarán alguna condena. Los desmovilizados, por su parte, también corren un riesgo grande. Porque si bien pasarán felices esta Navidad al lado de los suyos, nada impide que el 31 estén capturados de nuevo. Basta que un juez encuentre un indicio en contra de alguno por un crimen por el cual no haya sido juzgado. Su futuro es incierto.

El Alto Comisionado de Paz ha comparado este proceso con un viaje por una carretera curvosa, con abismos de lado y lado y en medio de la neblina, en donde sólo puede ver los próximos 10 metros. Así ha conducido el proceso con éxito. Pero quizás ha llegado el momento de prender las exploradoras.

* Editora de Reportajes de SEMANA