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ENTREVISTA

"El problema es mucho más grave que el de la 26"

La concejal de Bogotá Ángela Benedetti lanza graves denuncias sobre el manejo de los contratos de vías y critica el papel del IDU en este proceso.

6 de febrero de 2010

SEMANA: ¿Qué hay detrás del lío del TransMilenio de la 26?

ÁNGELA BENEDETTI: La directora del IDU, Liliana Pardo, no le ha dicho a Bogotá cuáles son las verdaderas consecuencias de caducar o ceder el contrato.

SEMANA: ¿Y cuáles son?

A.B: Dos gravísimas. Que por las demoras, el alcalde Samuel Moreno no va a poder poner en marcha el sistema integrado de transporte público ni el metro.

SEMANA: ¿Cómo así? ¿Por qué?

A.B.: En el memorando de intención que firmó el alcalde con el presidente Uribe dice que para poder comprometer las vigencias futuras a partir del año 2017 la condición es que esté lista la fase tres de TransMilenio en diciembre del año 2010. Entonces mientras no termine la fase tres (calle 26 y carreras séptima y décima) no va a haber sistema integrado de transporte público y no va a haber metro.

SEMANA:  ¿Hay algún cálculo de cuánto se puede demorar la fase tres?

A.B.: El Alcalde puede correr el riesgo de terminar su mandato y no dejarla andando.

SEMANA: ¿Es decir que puede llegar diciembre de 2011 y el alcalde Moreno entregar su alcaldía sin empezar las obras del metro?

A.B.: No solamente del metro, sino de la movilidad en general. Lo que está padeciendo Bogotá con sus vías y su movilidad es mucho más grave que el problema de la 26. Entre otras, recordemos que el TranMilenio de la séptima es parte de la fase tres y de eso no hay nada. Y mientras éste no esté listo, se retrasa seriamente la puesta en marcha de la primera fase del Sistema Integrado de Transporte que, según el cronograma de la Administración, debe arrancar en febrero de 2011.

SEMANA: ¿Y el de la décima?

A.B.: En este hemos encontrado retrasos de por lo menos nueve meses y tenemos registros fotográficos de ellos.

SEMANA:  ¿Desde cuándo advirtió usted este problema?

A.B.: Desde octubre del año pasado. Le he enviado derechos de petición a la directora del IDU preguntándole por los estados de las obras y ella me responde una cosa totalmente diferente de lo que yo veo cuando voy al terreno.

SEMANA: ¿Cómo así?

A.B.: Yo no sé si la directora del IDU realmente no conoce el estado de las obras de la ciudad o ella está mintiéndole a la ciudadanía deliberadamente.

SEMANA: ¿Cuál es la diferencia más grave entre lo que ella dice y lo que en realidad sucede?

A.B.: Tengo dos ejemplos muy claros. En la 26, a la altura de la Universidad Nacional, hay que hacer un puente peatonal y ella responde que el puente ya está, pero uno va a ver y ni siquiera han empezado a hacerlo. O en la 26 con décima, ella dice que lleva el 98 por ciento de la obra y uno va a ver y sólo hay siete losas de 700.

SEMANA:  ¿Y qué culpa les cabe a los contratistas del polémico tramo de la 26, los Nule?

A.B.: La situación de los Nule no la conozco ni me corresponde a mí evaluarla, sino al IDU. Ellos tienen que escoger buenos contratistas y tienen que estar pendientes de que hagan las cosas bien.

SEMANA: ¿Qué es lo que está pasando?

A.B.: Hay desorganización en el IDU. Se nota con otro ejemplo parecido al de la 26, más chiquito, pero es la misma lógica de improvisación. Le dieron el contrato a un particular para que arreglara los andenes de la calle 116 entre la 15 y la autopista. Era un contrato de siete meses y ya llevan 22 meses. Es un contrato que iba a costar 2.500 millones de pesos y ya va por 5.000 millones.

SEMANA: ¿De quién es la responsabilidad?

A.B.: Del IDU, por supuesto. Tuvieron que caducarle el contrato al primer contratista, a mi gusto de manera injusta porque lo que él hizo fue abrir las calles y cuando abrió, se encontró con una cantidad de redes de agua que no estaban en los planos. Los comerciantes están furiosos y ahora van a demandar al Distrito. Es lo mismo que la 26.

SEMANA: ¿Cree que es mejor que continúen los contratistas que están hoy en la 26?

A.B.: Lo que me encantaría es que la señora del IDU les dijera la verdad a los capitalinos sobre cuáles serán las consecuencias de lo que está pasando. Políticamente le convenía más al Alcalde caducar el contrato, pero en términos económicos y de tiempo le va a salir mucho más costoso a la ciudad.