¿El próximo extraditado?

El sufrido y tortuoso acuerdo humanitario para lograr la liberación de los 59 secuestrados en manos de las Farc -entre los que hay 22 políticos, 34 policías y militares y tres ciudadanos estadounidenses-, tuvo la semana pasada un inesperado avance. Por primera vez después de dos años largos del gobierno de Álvaro Uribe, las Farc aceptaron cambiar, si no de propuesta, por lo menos de lugar. En vez de seguir insistiendo en el despeje de municipios en Caquetá como el escenario para efectuar el intercambio, esta vez, reconociendo el impedimento del gobierno de despejar militarmente el campo donde se libra el Plan Patriota, propone la desmilitarización de dos municipios en el departamento del Valle del Cauca, a 30 kilómetros de Cali: Pradera y Florida.

¿Por qué la súbita cesión de las Farc? ¿Fue una reacción ante la posibilidad de que el gobierno extraditara a 'Simón Trinidad', después de que la Corte le dió vía libre? ¿Cambia esta movida de las Farc las consideraciones que se está haciendo el gobierno sobre cómo definir la suerte de 'Trinidad'? ¿Hay hoy más probabilidades de que se haga el canje?

Lo primero que hay que aclarar es que el comunicado de las Farc en el cual anuncia su nueva propuesta tiene una fecha previa al gesto del gobierno de indultar y liberar unilateralmente a 23 guerrilleros de las Farc condenados por el delito de rebelión el pasado jueves. El grupo de favorecidos con esta medida, que cumplía penas en promedio de hasta siete años de cárcel, prometieron no volver a las filas de las Farc ni a la lucha armada. Son combatientes rasos sin rango de comandante, con una edad promedio de 25 años, y provenientes de distintos lugares del país.

Es más probable entonces que la nueva propuesta de las Farc esté más relacionada con la posible extradición de 'Trinidad'. Éste, a pesar de ser uno de los más conocidos jefes de las Farc, no sólo por su papel de vocero cuando las conversaciones del Caguán, bajo el gobierno de Andrés Pastrana, sino por el hecho de provenir de la clase dirigente de Valledupar, no tiene la relevancia que se cree para las Farc. (Ver recuadro de su perfil). Ni tenía mando de tropa, ni manejaba temas sensibles como las finanzas, como sí lo hacía, por ejemplo, 'Sonia', la guerrillera capturada en el corregimiento de Peñas Coloradas, de Cartagena del Chairá, el 8 de febrero pasado. Sin embargo, la extradición de 'Trinidad' sería un golpe gravísimo al posible acuerdo humanitario, pues como el mismo Secretariado de las Farc señala en su comunicado, "esta interferiría seriamente las posibilidades de canje".

Y es que la organización guerrillera está empeñada en sacar el canje adelante por varias razones. Primero, porque se anotaría un triunfo en lo político que no ha tenido en lo militar a lo largo del año. Segundo, porque le daría un respiro en el frente internacional. Su negativa a liberar secuestrados que como Ingrid Betancourt ya completan casi tres años les ha salido cara. Y, tercero, es sabido que 'Manuel Marulanda' tiene un particular interés en que sean liberados algunos de sus viejos compañeros que cayeron presos.

Por el lado del gobierno, es claro que se ha pensado en los posibles efectos que sobre el acuerdo humanitario y sobre una eventual negociación de paz pueda tener lo que se decida con respecto a la extradición de 'Trinidad'. Uribe tiene tres opciones: negarla de plano, o firmarla y suspenderla temporalmente sujeta a algunos condicionamientos, o aprobarla y enviarlo a Estados Unidos.

La primera, decidir no extraditarlo, enviaría un mensaje público de buena voluntad hacia las Farc. No obstante, también podría ser interpretado como una señal de debilidad, incongruente con la posición de Uribe, y definitivamente muy impopular con quienes lo apoyan precisamente por su mano dura con la guerrilla.

La tercera, enviar a 'Trinidad' a Estados Unidos, es demasiado arriesgada porque daría al traste con la probabilidad de un acuerdo humanitario, justo cuando se está logrando algún progreso, y sería un portazo en la cara a la opción de iniciar un diálogo con la insurgencia. De otra parte, los sectores más críticos del gobierno, tanto en Colombia como en el exterior, consideran que no tiene justificación que se pospusiera o negara la extradición de Salvatore Mancuso y de otros paramilitares, en aras de la paz, cuando al tiempo esté cerrando las posibilidades de paz con la guerrilla. Y aunque acuerdo humanitario y proceso de paz no son la misma cosa, ni un éxito en el primero garantiza el comienzo de lo segundo, una decisión tan extrema, "irreversible", como la calificó un analista, puede poner en riesgo las vidas de los secuestrados y constituir un obstáculo mayúsculo de entrada a un proceso de paz con las Farc, aun antes de que pueda arrancar.

De otra parte, extraditar a 'Trinidad' sería una aceptación explícita del Estado colombiano de que es incapaz de juzgar, condenar y mantener en prisión a criminales que como este guerrillero han cometido en el país muchos más delitos y mucho más graves que los que lo acusan de haber perpetrado contra Estados Unidos. (Ver recuadro). La más conveniente quizás sea entonces la segunda posibilidad, la de dejar en suspenso la extradición con el doble propósito de permitir que el canje avance, a la vez que sirva para ponerles presión a las Farc para que consideren más en serio un cese del fuego y hostilidades unilateral, condición que ha puesto el gobierno para empezar siquiera una negociación. Sería la misma lógica que se aplicaría al caso Mancuso: posponer su extradición mientras siga avanzando el proceso de paz.

La respuesta oficial es que no han tomado la decisión. Lo que equivale por ahora a dejarla en suspenso.

¿Más cerca el canje?

Si los familiares de los secuestrados políticos estaban francamente angustiados por la posibilidad de que se extraditara a 'Simón Trinidad' porque era un golpe a su esperanza de un acuerdo humanitario que los libere, la semana pasada respiraron más tranquilos. El gesto del gobierno de indultar a los 23 guerrilleros y la nueva propuesta de las Farc sacudieron el acuerdo del letargo en que había caído en las últimas semanas, por los constantes desencuentros entre guerrilla y gobierno.

El 28 de octubre, en una carta del comisionado Luis Carlos Restrepo a Beniamino Stella, nuncio apostólico, el gobierno les ofreció a las Farc liberar 50 guerrilleros procesados por rebelión y las invitó a una reunión en una embajada de Bogotá o en la Nunciatura para perfeccionar el acuerdo. Pero luego de la consiguiente negativa de las Farc, el asunto había quedado estancado.

La pregunta ahora es si estas noticias recientes son tan positivas como parecen, aun si el gobierno opta por poner en espera la extradición de 'Trinidad'. Y la respuesta es que no tanto. A juzgar por sus declaraciones en el pasado, la decisión del Presidente de indultar a los guerrilleros no será tan apreciada por los jefes de las Farc. Liberar a unos guerrilleros que prometen no volver a las filas y reinsertarse en la sociedad reafirma su visión de que el gobierno sólo acepta una paz que implique su rendición.

Evidentemente, lo que el Secretariado busca con el canje humanitario es que se liberen 500 guerrilleros de las Farc para que vuelvan a la guerrilla. Es una petición imposible de cumplir para el gobierno legalmente porque muchos de los delitos cometidos por estos presos no son indultables, y políticamente porque semejante concesión sólo confirmaría los temores de la sociedad de que el secuestro seguirá siendo usado como un chantaje al Estado para sabotear sus éxitos militares.

Desde la otra orilla, la nueva propuesta de las Farc de pedir que se despejen dos municipios del Valle, si bien cede en una exigencia inadmisible para el gobierno, como era la de frenar el impulso del Plan Patriota, diseñado precisamente para atacar la retaguardia de las Farc, sigue siendo una demanda muy difícil de satisfacer. El gobierno ha reiterado hasta el cansancio que no está dispuesto a hacer despejes ni retiros de tropa en ninguna parte del territorio nacional, y no será fácil que cambie de opinión.

Es más, la petición de las Farc de todos modos tiene su lado estratégico, en términos militares. En la zona montañosa de Pradera y Florida, los dos municipios que las Farc pide despejar, esta guerrilla ha tenido una larga trayectoria y una presencia constante, en especial con el sexto frente, al mando de Pablo Catatumbo, y la columna móvil Víctor Saavedra, cuyo jefe es 'Leonel', su mano derecha. Esta zona es un corredor natural que comunica el centro y el sur del país. Desde La Diana, la vereda donde supuestamente se encuentran los campamentos de las Farc, se llega con facilidad al Cauca, al Tolima o al Valle y al vasto valle del río Cauca, donde se encuentran varios de los más importantes ingenios azucareros.

Además, allí las Farc controlan cultivos de coca. No sólo tienen sembradíos propios sino que, como lo han venido denunciando los indígenas del resguardo de Kwet Wala, que habitan en las montañas de Pradera, la guerrilla los obliga a cultivar un lote de coca por cada lote de productos agrícolas. A este complejo panorama se le suma que desde 2001, según dijo la Policía del Valle, las AUC han entrado a la región a disputarles el poder a las Farc.

Si bien el gobernador Angelino Garzón dijo que consideraba positiva la nueva oferta de las Farc pues podría disminuir la violencia en el departamento, al cierre de esta edición el gobierno no se había pronunciado sobre ésta. Pero las perspectivas de que le abra el camino al canje no son alentadoras. Es paradójico. Por distintas razones, ambas partes quieren el canje, y además éste cuenta hoy con la opinión favorable del 74 por ciento de los colombianos, cuando hace un año apenas contaba con el respaldo del 37 por ciento. El problema es que no se ha logrado aún un verdadero acercamiento en las condiciones para llevarlo a buen puerto. Encima de todo ahora, la extradición de 'Simón Trinidad' pende como una amenaza latente sobre cualquier camino que se tome. El presidente Uribe, con absoluta facultad discrecional para tomar esta decisión política, tiene en sus manos el desafío de saberla utilizar.