EL RECETARIO SANTA FE

El Comité de Santa Fe, que trabaja por encargo del Consejo para la Seguridad Interamericana, es uno de esos think tanks financiados por la empresa privada que piensan estrategias universales para la política de los Estados Unidos, muy influyente dentro del Partido Republicano.
Hace ocho años, en su primera versión (Santa Fe I), el Comité recomendó a la entonces incipiente administración Reagan que le pusiera ojo a Nicaragua, pues el régimen sandinista constituía la principal amenaza para los Estados Unidos en la región latinoamericana. El principal redactor del informe era el académico Lewis Tambs, más tarde embajador de Reagan en Colombia (donde inventó el concepto de "narcoguerrilla") y en Costa Rica (donde organizó la conexión entre los contras nicaraguenses y el clan Ochoa de la coca).
En el documento actual (Santa Fe II) se hacen recomendaciones a la nueva administración Bush bajo el título "Una estrategia para América Latina en los 90". Para sus redactores (Francis Bouchey, Roger Fontaine, David C. Jordan y el general Gordon Sumner, Jr.), los peligros fundamentales son ahora (o siguen siendo) "la subversión comunista, el terrorismo y el tráfico de drogas", agravados por la debilidad de los gobiernos latinoamericanos para enfrentarlos, como consecuencia del "estancamiento económico producido en toda la región por la agobiante deuda externa". Cinco países, por distintas razones, son considerados por el Comité especialmente críticos:
México, Colombia (ver recuadro), Brasil, Cuba y Panamá. Y se hace la advertencia de que, si persisten las tendencias actuales, los Estados Unidos tendrán que enfrentarse en esta década con "más actitudes hostiles en América Latina; más Estados prosoviéticos; más subversión; grandes amenazas al sistema financiero internacional; más crimen y narcotráfico, provocado por la subversión; más olas de emigrantes (de América Latina a los EE. UU); y finalmente, grandes posibilidades de un involucramiento militar de Estados Unidos (en América Latina)".
Todo eso, advierte el Comité de Santa Fe, debe ser afrontado por el gobierno norteamericano "de forma coherente, seria y bipartidista" (y tal vez el primer resultado de estas recomendaciones sea el nombramiento de un subsecretario de Estado para Asuntos Interamericanos, Bernard Aronson, que no habla español ni conoce América Latina, pero que es demócrata y ha votado en el Congreso a favor de la ayuda a los contras de Nicaragua). Pues de no ser así, "el precio que los Estados Unidos pueden verse forzados a pagar excederá todo lo que hemos enfrentado en los doscientos años de nuestra historia".
No se trata por ahora -explica el Comité- de una situación de guerra abierta, sino de lo que se llama un "conflicto de baja intensidad"; es decir, "una forma de lucha que incluye operaciones sicológicas, desinformación, terrorismo y subversión cultural y religiosa". Y recomienda en consecuencia una intervención norteamericana también "de baja intensidad", menos vistosa que la de enviar marines o promover dictaduras amigas, como se hizo hace quince años en Chile, pero más profunda. El objetivo no es superficialmente político, sino de fondo: "La cultura social y todas las estructuras del régimen deben ser moldeadas para proteger una sociedad democrática".
Porque según explican los autores del informe, hay dos gobiernos en cada país, o estructuras gubernamentales: una "temporal" (la que cambia con las elecciones o con los golpes de estado) y uno "permanente", que es el poder real, representado por las Fuerzas Armadas, el aparato de justicia, la empresa privada y el aparato administrativo. El Comité de Santa Fe sugiere obrar sobre el "gobierno permanente". Según explica, "los pilares claves de las estructuras gubernamentales permanentes de los regímenes latinos son las Fuerzas Armadas y el poder judicial", los cuales "llevan el peso de la responsabilidad en la conducción de los conflictos de baja intensidad y del narcotráfico".
En cuanto a los militares el Comité considera que ya se han dado pasos positivos "de extraordinario valor", como el programa IMET (Programa de Educación y Entrenamiento Militar Internacional), gracias al cual "los militares estadounidenses pueden compartir su comprensión de la democracia con los militares latinoamericanos", o como la ley Goldwater-Nichol de 1986, que creó un nuevo Subsecretariado de Defensa para Operaciones Especiales y Conflictos de Baja Intensidad, y un nuevo Comando Unificado "con amplias responsabilidades de entrenamiento y promoción".
En cuanto a los jueces, se ha hecho todavía poco. Pero lo que debe hacerse, en opinión del Comité, está resumido en las propuestas para Colombia que se publican en esta edición. Hay que crear, y financiar directamente por los Estados Unidos, tribunales especiales politico-militares y cárceles militares especiales para los subversivos y los narcotraficantes. Sólo asi, piensa el Comité de Santa Fe, se podrá defender "la soberanía del Dueblo colombiano".-
EL TEXTO DE INFORME
"Los Estados Unidos deben ir más allá de fortalecer el actual sistema judicial colombiano y apoyar tribunales especiales bajo el control conjunto del Ministerio del Interior y las Fuerzas Armadas para hacer frente a la amenaza de la subversión y el narcotráfico, que representan una guerra abierta contra el régimen democrático.
Estos tribunales deben tener el poder necesario para juzgar, sentenciar o enviar a centros especiales de detención, controlados por el Ejército, a los subversivos y a los traficantes de drogas, que operan en contra de la soberanía del pueblo colombiano. El problema de El Salvador se podría repetir en Colombia a gran escala si no se toman pronto medidas firmes. Un apoyo norteamericano a tiempo y un financiamiento adecuado podrían prevenir más revueltas y guerras civiles.
Colombia enfrenta una doble amenaza a su seguridad y a sus instituciones democráticas fundamentales. Una de ellas es la insurgencia comunista, la cual creció en tamaño y alcance en la década del 80. Si esta tendencia continúa, Colombia se convertirá en otro El Salvador a mediados de la década del 90, si no antes. Pero a diferencia de la pequeña nación centroamericana, Colombia enfrenta también otro enemigo: los poderosos carteles del narcotráfico acuartelados en las ciudades colombianas de Cali y Medellín.
Los narcotraficantes ya han destruído eficazmente el sistema legal colombiano a través del soborno y la intimidación al poder judicial y a la policía. Estos grandes señores del narcotráfico pueden fácilmente mantener su posición privilegiada a través de recursos tan grandes como el producto de ventas que alcanzan los 9 mil millones de dólares por año. Estas ventas ilícitas de narcóticos se realizan mayoritariamente dentro del país. Para agravar más esta situación, la guerrilla colombiana y los carteles de la cocaína trabajan juntos para hacer avanzar sus, a veces, contradictorios objetivos.
En contraste, el gobierno colombiano ha montado a lo más, una débil campaña en contra de estas dos amenazas. Las fuerzas de seguridad son muy reducidas y no están muy bien equipadas. El gobierno anterior del presidente Belisario Betancur redujo el presupuesto de defensa por la mitad en los difíciles años del comienzo de la década del 80. La administración del presidente Virgilio Barco ha sido más realista, pero sólo ha restaurado parcialmente la cantidad, y a pesar de que se han tomado algunas medidas en contra del terrorismo y el tráfico de drogas, todavía no se anuncia un plan estratégico nacional. Mientrás tanto, los esfuerzos del gobierno para conseguir la paz a través del diálogo y la negociación están en ruinas.
El papel norteamericano no ha sido de mucha ayuda. Aunque la administración Reagan ha presionado fuertemente por la extradición de conocidos traficantes de drogas, redujo recientemente el programa de asistencia de seguridad para Colombia. Esta decisión fue un grave error porque ha socavado la capacidad de Colombia de tomar medidas drásticas en contra de sus dos amenazas.
Por lo tanto, si la actual tendencia continúa y no se detiene, Colombia sufrirá una gran crisis en la década del 90, lo que afectaría directamente a los Estados Unidos, especialmente por el incremento del flujo de narcóticos que llegaría hasta nuestras costas como resultado de los disturbios. La Colombia de los años 90 podría perfectamente empequeñecer lo que ha sido el principal problema de política exterior de este país en los años 80: Centroamérica.
Colombia y, en Centroamérica El Salvador, son ejemplos claves de la necesidad de una reforma judicial. La reestructuración del papel de la ley es un elemento necesario para obtener la estabilidad en estos dos países afectados por la guerra. El colapso del poder judicial en Colombia y El Salvador se convierte en una burla para el padre de la nación colombiana, Francisco de Paula Santander, quien dijo: "Las armas nos dieron la independencia, pero la ley nos darán la libertad".
En El Salvador, los terroristas comunistas y los delincuentes derechistas han destruído por el asesinato y la intimidación la capacidad de los tribunales para juzgar y condenar a los que quebrantan la ley. En la década del 80 las guerrillas sandinistas y los narcotraficantes lograron coneguir algo similar, pero a mayor escala, en Colombia. En ambos países es ahora casi imposible condenar a cualquier terrorista o traficante de drogas. Los pistoleros derechistas, han quedado al margen de los jueces, quienes viven atemorizados cuando no han sido comprados por los criminales o los rebeldes.
Ya es muy tarde para Colombia para El Salvador. Muchos creen que la guerra contra los narcotraficantes ya está perdida en Colombia. Sin embargo, los Estados Unidos no pueden permitir que esto quede así para siempre. La próxima administración necesita reconsiderar radicalmente sus programas de asitencia legal. Se gastará más dinero en tribunales especiales y en la protección de los mismos. Esto es un elemento clave si estas instituciones tienen que llevar cabo su misión. Si no la cumplen, el quebrantamiento de la ley y el orden se esparcirá por todo el hemisferio, incluyendo a los Estadas Unidos".