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| 12/18/2000 12:00:00 AM

El refuerzo

A la demanda de los gobernadores colombianos contra tabacaleras multinacionales se le sumó una similar de la Comisión Europea.

El refuerzo El refuerzo
Los gobernadores colombianos y el Alcalde de Bogotá recibieron un refuerzo inesperado la semana pasada en su batalla legal contra varias firmas tabacaleras multinacionales. Hasta entonces, la acción de los funcionarios colombianos en busca de indemnización por los perjuicios causados por el contrabando de cigarrillos parecía una lucha de David contra Goliat. Pero una demanda presentada en un sentido similar por la Unión Europea le dio un fuerte espaldarazo a las aspiraciones colombianas.

Como si eso fuera poco, la causa de los colombianos recibió un empujón procedimental. La razón es que la Corte Federal de Nueva York, que estudia la admisión de demanda de la Unión Europea, consolidó este caso con la querella de las autoridades colombianas, según afirmó una fuente cercana al mismo. Es decir, que el juez decidió unificar el cronograma de ambos asuntos, que ahora se conocerán bajo el nombre UE y et al vs Philip Morris et al, aunque seguirán siendo independientes.

Tanto la demanda que entabló a comienzos de noviembre la Comisión Europea contra R.J. Reynolds y Philip Morris, como la de los 21 mandatarios regionales, apuntan a obtener de las tabacaleras una indemnización por los perjuicios causados por el contrabando de cigarrillos a los respectivos países.

En el caso colombiano, fuentes citadas en un artículo publicado en la revista La Nota, en febrero pasado calcularon que de prosperar la demanda la indemnización podría llegar a 5.000 millones de dólares, una cifra que sacaría a los departamentos de la crisis fiscal que los agobia.

Por su parte las autoridades europeas estiman que pierden más de 1.500 millones de dólares anuales en impuestos dejados de pagar por los contrabandistas, según informó el lunes 13 de noviembre The New York Times en un editorial en el que defiende la actuación de los gobernantes de Colombia y de Europa: “Los gobiernos extranjeros hacen bien en tomar acciones para combatir el contrabando norteamericano. Las compañías deberían ser responsabilizadas por su incapacidad para evitar que un gran porcentaje de sus productos entren al canal ilegal”.

En las demandas, las autoridades colombianas y las europeas coinciden en afirmar que este contrabando no puede estar ocurriendo sin el conocimiento de las tabacaleras. Estas, por su parte, han insistido en que no tienen conocimiento ni complicidad en el contrabando de cigarrillos. Y ya anunciaron que contestarán “vigorosamente” la demanda sin precedentes de la Unión Europea en la Corte de Estados Unidos.

David R. Davies, vicepresidente de asuntos corporativos de Philip Morris Europe S.A., dijo que “ni ellos ni sus asociados conocen la demanda interpuesta en una Corte federal en Nueva York y que por eso no pueden comentar acerca de los argumentos que pueda contener”. Añadió que, sin embargo, no entiende por qué la Comisión Europea ha decidido “enfrentar el asunto en una Corte estadounidense y no a través de acciones regulatorias y colaborativas dentro del marco de la Unión Europea. Una mejor manera sería que la Comisión y todas las otras partes involucradas trabajen en conjunto en la lucha contra el contrabando”.

Pero los expertos que calculan que por lo menos una cuarta parte de los millones de cigarrillos estadounidenses que se venden en el mundo entran a los países de contrabando, dicen que es difícil de creer que los fabricantes puedan vender esos volúmenes sin saber quiénes terminan distribuyendo el producto.

Según la demanda de 188 páginas presentada por la Comisión Europea, las multinacionales estarían incentivando el contrabando de cigarrillos para asegurar su cuota de mercado. Sostiene además que estas compañías habrían entablado vínculos con traficantes, que aprovechan este mercado negro para lavar sus utilidades del tráfico de cocaína, heroína y marihuana.

Aunque la Comisión y sus abogados han dicho que no harán comentarios sobre la demanda, en el texto de la misma publicado en Internet sostienen que las tabacaleras demandadas habrían falsificado documentos, abierto rutas clandestinas de transporte y cuentas secretas de pago para incentivar el contrabando de cigarrillos. Y piden que se investiguen sus memorandos internos, los que demostrarían que algunos de sus clientes estaban comprando cigarrillos para venderlos en el mercado negro.

La demanda también aduce que las cajetillas habrían sido enviadas con estampillas aduaneras falsas para incrementar sus oportunidades de ser vendidas y cita el caso de unos contrabandistas caribeños. Dice que éstos, descontentos con sus proveedores, enviaron un mensaje a R.J. Reynolds solicitando que los cigarrillos fueran empacados en cajetillas más resistentes porque se averiaban en los cargamentos que llegaban a Latinoamérica y Europa y que reaccionando rápidamente, la tabacalera comenzó a enviar empaques más resistentes.



El caso colombiano

Antes de la decisión del juez federal de Estados Unidos de llevar ambos casos al tiempo, el magistrado había rechazado la solicitud de las tabacaleras de “congelar el caso”, según los récords públicos de la audiencia. Los demandados querían suspender el proceso hasta el fallo en segunda instancia en un caso anterior que involucra a Canadá, pero no lo lograron. El gobierno de Canadá demandó a R.J. Reynolds en una Corte federal de Syracuse por 1.000 millones de dólares por su participación en contrabando. Ya una subsidiaria de la tabacalera se había confesado culpable de este delito y pagado una multa por 15 millones de dólares en 1998. Esta vez la demanda no fue admitida por razones de procedimiento que Canadá apeló.

El juez dijo que “hay mucho interés y preocupación en el asunto que subyace este litigio ya que se trata del lavado de dinero” al abrir la audiencia.

Por su parte el abogado principal de la Philip Morris, Irvin Nathan, sostuvo algo que resultó impactante. Nathan dijo que si el caso seguía adelante la tabacalera iba a tener que presentar “en la Corte, públicamente, asuntos relacionados con corrupción, rebelión, problemas relacionados con el control político en Colombia, con lugares donde los demandados tienen que hacer negocios una vez que este caso culmine y la Corte haya fallado”, como consta en la transcripción de la audiencia.

Al parecer el juez no aceptó la argumentación y dijo: “El problema es que si usted está diciendo que habrá algunos hechos ‘feos’, que se convertirán en información pública, la Corte no puede realmente actuar como el árbitro de la probidad social aquí. Estamos aquí para decidir, primero, si procede que esta Corte estudie este caso; y segundo, si los demandantes merecen ser indemnizados”. La Corte también ordenó a las tabacaleras proteger los documentos, testigos y, en general, no hacer cosa alguna que impidiera el proceso de recolección de pruebas que eventualmente se podrían allegar.

Con los casos consolidados el juez fijó fechas para que la Philip Morris y la R.J. Reynolds —y en el caso colombiano también la British American Tobacco, pues ésta fue incluida posteriormente por los gobernadores en su demanda— presenten sus solicitudes de inadmisión de las dos demandas en diciembre.

Es de esperarse que lo hagan. Y el país seguirá pendiente de la decisión del juez .

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