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| Foto: Guillermo Torres

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El respaldo a la juez que dejó libre a Salamanca

Jueces reiteraron que sus determinaciones son autónomas e independientes.

2 de agosto de 2013

Los jueces penales del Sistema Penal Acusatorio de Bogotá hicieron este viernes una manifestación de respaldo a la juez de control de garantías Carmen Aliria Gualteros, la misma que dejó en libertad a Fabio Andrés Salamanca, el joven es procesado por la muerte de dos personas y las lesiones a una más, cuando conducía su vehículo en estado de embriaguez.

“La determinaciones de los jueces de control de garantías no significan fallos en torno a la responsabilidad penal y en consecuencia, cuando no se impone medida de aseguramiento privativa de la libertad, no conlleva una declaratoria de absolución”, aseguraron los jueces en un comunicado de prensa.

La intención del texto, aparte de sentar su posición, es la de instruir acerca de su labor dentro del sistema penal acusatorio. Un juez de control de garantías se encarga por velar por que se respeten los derechos fundamentales de un señalado y garantizar su debido proceso. Quien finalmente juzga si es responsable o no de los delitos que se le imputan a alguien, es el juez de conocimiento.

Añadieron que “en el Sistema Penal Acusatorio las decisiones de los jueces dependen única y exclusivamente del acierto o desacierto en el cumplimiento de los deberes de las partes y la decisión se circunscribe a lo que se pida, documente y argumente en la audiencia” y que “que su labor es autónoma e independiente de acuerdo a lo contemplado en la Constitución”.

Los jueces dicen rechazar lo que han denominado un “linchamiento mediático” al que ha sido sometida Gualteros, al igual que las posibles amenazas de las que estaría siendo objeto a partir de la decisión que tomó durante la audiencia realizada el martes anterior.

El escrito de los jueces es divulgado luego que también la Fiscalía criticara lo dicho por Gualteros en algunos medios de comunicación y en la propia audiencia desarrollada a Salamanca, en donde aseguró abstenerse de dictarle medida de aseguramiento, porque no se pudo demostrar por parte del ente acusador, el peligro que podía representar para la sociedad el conductor.