El señor de las dragas

La idea de publicar la serie Crónicas de la corrupción quizá tenga sus antecedentes en los libros sobre el mundo del narcotráfico y el proceso 8.000. Si bien durante el cuatrienio pasado la corrupción político-administrativa fue objeto de escándalo, ésta se veía más como derivada de la gobernabilidad que sostenía al presidente Samper, especialmente en sus relaciones con el Congreso, y las autoridades se enfocaban a destruir los vínculos de la política con la industria ilegal de la droga, es decir, la corrupción estatal no recibía la debida atención.



Pero una vez doblada la hoja de ese episodio, el país empezó a "descubrir", con indignación —en realidad, la enérgica reacción moral era lo nuevo—, que había una corrupción normalizada, establecida de tiempo atrás, independiente de las crisis de los gobiernos, que, mediante lazos ilegítimos entre la política y los negocios privados —y la conversión de la política en negocio privado—, desfalcaba al Estado en cifras inimaginables para un ciudadano común.



Los organismos de control y las unidades investigativas de algunos medios de comunicación encabezaron la nueva cruzada que, pronto, encontró o construyó —pues siempre existe el riesgo de una cierta arbitrariedad— casos emblemáticos, entre ellos los de la banca pública, Chambacú, Dragacol, Cámara de Representantes y TermoRío.



La Contraloría, además de halar el ovillo por la punta del Banco del Estado y de profundizar con detalle en el caso Dragacol, reactivó investigaciones olvidadas (como la de Foncolpuertos) o sensibles para el período anterior (como la de la Caja Agraria). La secuencia "cinematográfica" se repitió, por ejemplo, en la Administración de Cartagena y en TermoRío: el control fiscal presentaba evidencias y la Fiscalía hacía su trabajo y dictaba medidas de aseguramiento.



Era inevitable, entonces, que surgieran las Crónicas de la corrupción porque la memoria del país así lo reclamaba. Pero que haya sido la Contraloría la entidad que tomara la iniciativa para publicarlas tiene otra explicación:



un múltiple propósito de sensibilización ciudadana, estímulo y reconocimiento a la participación (como con Cartagena en la olla podrida, de Óscar Collazos) y educación moral frente a la corrupción —con fundamento constitucional, legal y misional—, al develar los entramados políticos, sociales y administrativos que facilitan los mecanismos de fraude al erario. En cumplimiento de dicha finalidad, estas Crónicas, por ejemplo, llegarán a las 137 principales bibliotecas públicas del país para que los niños y los jóvenes conozcan hechos que no deben volver a ocurrir en la vida del Estado colombiano.



No fue la búsqueda de propaganda institucional —por demás, legítima—, ya que el lector encontrará en esta y en las siguientes crónicas que los autores gozaron de completa autonomía, hasta el punto que podemos no sentirnos totalmente a gusto con algunas interpretaciones o sugerencias acerca de decisiones de la Contraloría. Pero ni más faltaba que pretendiéramos contratar una historia "oficial" que coartara la libertad de crítica e investigativa del autor —por lo que las opiniones del autor no comprometen la responsabilidad de la Contraloría—.



Nos conforta, eso sí, que la transparencia del ente fiscalizador en el proceso fiscal por la conciliación del Ministerio de Transporte con la empresa Dragacol no esté en duda, y la principal prueba de transparencia es tal vez la publicación de esta obra, así un cierto número de entendidos no comparta la decisión jurídica de no elevar responsabilidad fiscal al señor ex ministro Mauricio Cárdenas.



También es innegable que los prejuicios sociales operan de lado y lado: en el fondo, las opiniones apasionadas a favor y en contra de vincular al doctor Cárdenas al juicio fiscal argumentaban la misma razón: que él pertenece al denominado "establecimiento", razón imposible de traducir a derecho, sin que importe que, efectivamente, dicha razón explique que el Contralor haya tenido que escuchar amablemente a los interesados en la suerte del ex ministro —como es su obligación de funcionario público—, aunque el Contralor no decida sino en segunda instancia.



En el seno de la Contraloría, se dice y es cierto, ha habido dos posiciones enfrentadas al respecto, pero debo reconocer, con toda imparcialidad, que el debate jurídico lo ganó la posición favorable al ex Ministro —basándose en las evidencias hasta ahora disponibles—, y que, algo que no deja de sorprender a un economista, los debates jurídicos son muy distintos de los políticos o de los del mero sentido común.



El proceso fiscal se ha caracterizado por el arduo trabajo, hasta el límite de lo exhaustivo, de ocho investigadores sobre hechos de un proceso administrativo con severas irregularidades que datan de 1994 —trabajo que comenzó antes del debate del senador Javier Cáceres y, claro, se alimentó de éste— y por el uso maestro de las garantías procesales (nulidades y recursos) por parte de los abogados defensores, lo que ha provocado gran demora en la emisión del fallo de primera instancia —en un proceso con un expediente de más de 5.000 folios que se rige por la antigua Ley 42 de 1993, sustituida, a iniciativa de la Contraloría, por una ley más ágil (y garantista, en todo caso) en el 2000—.



El lector tiene en sus manos una crónica comprensiva y fácil de leer sobre los variados antecedentes, el desarrollo y las consecuencias judiciales de la ya "inmortal" conciliación entre el Ministerio del Transporte y la empresa Dragacol en 1999, por la cual la Contraloría estimó un presunto detrimento de $ 17.559 millones. Es muy seguro que la crónica termine por persuadir a los lectores del simbolismo de este caso.



Lo que nos faltaría añadir es que la historia detrás de la publicación de esta serie también merecería una crónica: aunque suene extraño, he sufrido un proceso de desgaste por el atrevimiento de la serie —que no ha tenido otro objetivo que dejar un saldo pedagógico en una sociedad amenazada por la corrupción—; además de haberme vuelto incómodo para algunas personas que tal vez han querido hacerme arrepentir, sin el éxito que a veces yo mismo les hubiese deseado.



Por fortuna para algunos (incluido el Contralor), que no para el país, son solamente cinco crónicas: la ya mencionada sobre Cartagena, esta: El señor de las dragas, la del Banco del Estado y el Banco Central Hipotecario, la de la Caja Agraria y la de Foncolpuertos. Espero, sinceramente, que les parezca que todo esto ha valido la pena.



Carlos Ossa Escobar

Contralor General de la República



Lea un capítulo del libro



"Amigos del alma" capítulo del libro El señor de las dragas de Gloria Congote