El señor de la esperanza

Esta semana será crucial para las 4.500 familias de los secuestrados que hay en el país. Esta vez, convencidas de que con el gobierno de Álvaro Uribe ya no hay nada que hacer, decidieron pedirle al procurador general, Edgardo Maya, que tome la bandera del acuerdo humanitario. Fundamentan la propuesta en el gran distanciamiento que hay entre el gobierno y las Farc y en que ya no le creen al gobierno de Uribe. Consideran que en la ley de Justicia y Paz, sancionada el pasado viernes por el Presidente de la República, hay normas que implican que para la realización del acuerdo humanitario se debe cumplir condiciones como un cese de hostilidades por parte de la guerrilla, y su propia desmovilización. Algo que consideran imposible. Y dicen que tal y como están planteadas las posiciones y exigencias de las Farc y del gobierno, están separados por un abismo infranqueable en el cual la libertad de los secuestrados parece perderse en el vacío. Entre los estrictos requisitos del gobierno, y las absurdas pretensiones de las Farc de lograr el retorno de los extraditados 'Trinidad' y 'Sonia', no hay espacio para la ilusión. Por eso, en una carta de cinco páginas que le entregarán al procurador Maya Villazón este martes -y que es de obligatoria respuesta porque está enmarcada dentro del concepto legal de 'derecho de petición'-, le manifiestan al Procurador que golpean su puerta con la esperanza de que él respalde su solicitud y logre la efectiva protección de los derechos humanos de sus familiares en cautiverio, algunos desde hace más de siete años. Consideran las familias que la independencia y la objetividad de Maya han hecho que en él esté centrada toda la esperanza por la liberación de sus seres queridos. De igual manera, le exponen las razones jurídicas y legales que le asigna la Constitución de guardar, promover, defender y asegurar la efectividad de los derechos fundamentales. Le señalan las funciones legales que tiene para buscar soluciones a los conflictos sociales y políticos, por violación a los tratados internacionales y al Derecho Internacional Humanitario y recuerdan que el Código Penal ordena al Ministerio Público intervenir en los procesos penales como representante de la sociedad y garante de los derechos humanos. "Estamos muy confiados en que el Procurador nos respalde. Él ha sido, como nosotros, una persona tocada por el drama del secuestro y, peor aun, por las nefastas consecuencias de un rescate. Por eso golpeamos su puerta, porque es lo único que nos queda de Estado", le dijo a SEMANA Ángela Giraldo, hermana del diputado del Valle del Cauca Francisco Giraldo, secuestrado hace tres años. Con su tenacidad y resistencia ella ha logrado, al lado de muchas familias por encima de las condiciones sociales y económicas, tocar todas las puertas posibles para conseguir la libertad de los secuestrados. Con expresiones de tristeza y desesperación, los familiares sostienen que con este gobierno ya no hay nada que hacer, que en repetidas ocasiones ha demostrado no tener voluntad de diálogo con la guerrilla y que por eso "es imperativo que otras instancias estatales cumplan con su función constitucional de proteger los derechos fundamentales de los secuestrados". Por eso decidieron jugarse la última carta y se la consultaron al ex presidente Alfonso López Michelsen, al ex consejero de Paz José Noé Ríos y al ex ministro Álvaro Leyva. "Frente a la imposibilidad de un acuerdo de paz y el peligro que representa buscar un rescate de los secuestrados, no sólo por el riesgo que representa para sus vidas, sino porque internacionalmente el Estado y los funcionarios pueden ser juzgados y condenados, el mejor camino que le queda al presidente Uribe es buscar el intercambio humanitario", sostuvo el ex ministro Leyva. Y en repetidas ocasiones el ex presidente López ha recordado que el acuerdo humanitario no necesariamente está ligado a un proceso de paz, y la exclusiva competencia del Presidente en materia de orden público y diálogos de paz no impide que el Ministerio Público ejerza su función de defender los derechos humanos y promover el respeto al Derecho Internacional Humanitario. Así se hizo en el gobierno de Andrés Pastrana en junio de 2001. En un acuerdo de liberación de secuestrados, la Procuraduría ordenó la excarcelación de 13 guerrilleros presos a cambio de la libertad de 452 policías y soldados. "El gobierno puede pedirle al Procurador que actúe en nombre del Estado para iniciar el acuerdo humanitario. Así lo hicimos nosotros y logramos la libertad de los policías y soldados y él fue un factor de enorme importancia en la etapa del diseño y de la ejecución del acuerdo. No entiendo por qué no se aprovecha esta experiencia", le dijo a SEMANA Camilo Gómez, el alto comisionado para la Paz del gobierno de Andrés Pastrana. Con estas declaraciones parecería que la tarea fue fácil. Pero no fue así. Por esa época, la angustia de los familiares era tan enorme como la de ahora. Los debates y las acusaciones políticas no dejaban avanzar el acuerdo. Sin embargo se logró que el Presidente obrara como jefe de Estado en materia de paz y no como jefe de gobierno. Y en la búsqueda de las fórmulas jurídicas participaron los Ministerios del Interior, de Justicia, la Cancillería, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo. Incluso el comando general de las Fuerzas Militares le hizo llegar al Presidente seis alternativas diferentes, cada una catalogada por orden de conveniencia y la que más factible resultó fue el acuerdo humanitario. ¿Qué perdió el país, en ese entonces con ese acuerdo? Nada. ¿En qué se cedió? En nada. ¿Qué se logró? La libertad de 452 secuestrados. La experiencia del gobierno Pastrana no es la única. Hace 35 años, en julio de 1970, el conocido dirigente conservador Fernando Londoño y Londoño, desde su secuestro, le envió una carta al entonces presidente Carlos Lleras Restrepo. Le solicitaba autorización para despejar una zona en el departamento de Caldas con el fin de negociar su liberación. La solicitud se basaba en un argumento jurídico tan original como reflexivo: "Repare usted en que frente al derecho de la sociedad para castigar el delito se levanta en este caso el derecho de un hombre a la vida". Más de tres décadas después, el presidente Álvaro Uribe recibe peticiones -y presiones- que desde frentes muy diversos parecen obrar con una lógica parecida. En la comunidad internacional hay varios países interesados. Los propios Estados Unidos, aliados de Uribe en la guerra contra el terrorismo y en la persecución de las Farc, enviaron un emisario del FBI para indagar sobre las posibilidades de liberación de tres estadounidenses secuestrados desde febrero de 2003, Marc Goncalves, Keith Stansell y Thomas Howes. Los familiares de estas víctimas critican al gobierno de George W. Bush con creciente fuerza. Por otra parte, los esfuerzos de Francia a favor de Íngrid Betancourt, quien tiene ciudadanía de esa nación, son conocidos y vienen de tiempo atrás. En los últimos días enviaron a un delegado del presidente Jacques Chirac y su primer ministro, Dominique De Villepin, a buscar con Raúl Reyes una prueba de supervivencia de la ex candidata presidencial, retenida hace tres años. No la lograron, pero las Farc, en displicente gesto, soltaron a un soldado secuestrado en el reciente ataque a Teteyé (Nariño) cuya retención ilegal era negada por el gobierno. Otros organismos internacionales y nacionales están actuando en la misma dirección. La Iglesia ha reiterado que el problema humanitario del secuestro se debe tratar con prioridad, y se ha mostrado dispuesta a prestar sus buenos oficios. La reciente elección de monseñor Luis Augusto Castro como presidente de la Conferencia Episcopal es una señal del compromiso con esta causa. Desde su labor pastoral como arzobispo de Tunja, Castro hizo contactos con las Farc, a comienzos del gobierno Uribe, y autorizado por este último, para explorar posibilidades de un intercambio. La respuesta del gobierno Uribe ha sido ambigua. Piensa que una negociación con la guerrilla para buscar un acuerdo humanitario podría ser utilizada por esta última para ponerle palos en la rueda a la política de seguridad democrática. La idea de que un grupo, así sea pequeño, de guerrilleros que han sido capturados pueda regresar a tomar las armas contra el Estado, es totalmente inaceptable para Uribe. También es descartable una desmilitarización de una zona, por más pequeña que sea, después de que sus críticas a esta figura en El Caguán fueron determinantes para conquistar al electorado en la campaña de 2002. En los últimos tres años, el gobierno ha reiterado que cualquier diálogo sobre la materia tendría que cumplir condiciones previas como la participación de Naciones Unidas, la liberación de todos los secuestrados que están en poder de las Farc, y que los guerrilleros que salgan de la cárcel no vuelvan a delinquir. En diversas ocasiones el presidente Uribe ha hecho propuestas como dialogar en una iglesia o en una sede diplomática, y ha autorizado a varias personas que, en Colombia y en el exterior, han manifestado interés en ayudar a encontrar una salida. El viernes pasado, la Casa de Nariño reiteró que el alto comisionado, Luis Carlos Restrepo, está facultado por el Presidente para establecer los contactos con las Farc para un eventual acuerdo humanitario por ser el comisionado de Paz y que en eso se viene trabajando. ¿Hay un cambio en la posición del gobierno? ¿Significan estos movimientos de los últimos días que por fin se está destrabando un proceso? El presidente Uribe no ha variado su posición, ni los contactos de los delegados francés y estadounidense han tenido efectos de ninguna clase. Por eso, las esperanzas de los familiares de los secuestrados están totalmente fijadas en la respuesta que el procurador Maya le dará al derecho de petición que le formularán este martes y que, según la ley, deberá contestar en tres semanas. Lo que no se puede perder de vista es que el ambiente electoral que se avecina va a alterar la discusión sobre el tema. En cualquier lugar del mundo, el secuestro de miles de personas, entre las cuales se encuentran algunas de significado político -Íngrid Betancourt, los diputados del Valle, el ex ministro Fernando Araújo, soldados y policías- sería un tema clave de la campaña. Si hay reelección, para el presidente Uribe sería incómodo responder en un debate entre candidatos por qué en cuatro años de gobierno no se ha logrado un alivio para un drama humanitario de estas proporciones. La respuesta, seguramente, se centraría en mostrar los logros de la política de seguridad democrática. "Si hay reelección, habrá intercambio", según el representante liberal Luis Fernando Velasco. Lo cual se entendería como un esfuerzo por no cederles a los candidatos de la oposición una bandera que podrían explotar. Lo que esperan los familiares de los secuestrados, no obstante, es que esta sea asumida, sin consideraciones electorales, por quien según la Constitución tiene facultades para trabajar por los derechos humanos y el DIH: el Procurador. Y por eso la pondrán en sus manos. Es la última esperanza que les queda.