El silencio del Fiscal

En sus 15 meses al frente de la Fiscalía General, Mario Iguarán proyectó una imagen de ser un hombre de decisión, sin pelos en la lengua para decir las cosas. "No fue un error. Fue un crimen", dijo al describir la participación de miembros del Ejército en el asesinato de 10 policías y un civil en Jamundí, Valle. No vaciló en reabrir la investigación por los hechos del Palacio de Justicia y anunciar sin titubeos que algunas personas salieron vivas del Palacio y luego desaparecieron.

Eso explica que cuando pidió perdón por el escándalo generado por la contratación del síquico Armando Martí en la Fiscalía General, la opinión pública le dio el beneficio de la duda. Y más aún cuando en un maratón de entrevistas en los medios nacionales, impresos, radiales y televisivos, Iguarán anunció grandes cambios. "Esto me invita a reflexionar sobre una profunda reingeniería que seguramente exige mi administración", le dijo a SEMANA. En otras declaraciones fue incluso más enfático: "Sí, voy a hacer muy pronto algunos cambios".

No es para menos. Las revelaciones de las últimas semanas son mucho más graves que la simple cuestión de si Martí tenía carro y arma de la Fiscalía. Que un síquico pueda tener acceso a un programa ultrasecreto, financiado por gobiernos extranjeros, como la Plataforma Esperanza, parece digno de Ripley. Que se hagan interceptaciones telefónicas no autorizadas por funcionarios de la Fiscalía genera preguntas sobre qué controles existen en la entidad que debe ser la punta de lanza en la lucha contra el crimen. Que se hable de guerras internas en la cúpula y que el Fiscal reconozca que el escándalo le permitió darse "cuenta de muchas cosas internas que no había advertido" es sintomático de una crisis aquí y en Cafarnaún.

Por eso causó extrañeza en muchos círculos que varios días después de su anunciado 'revolcón', la única decisión del Fiscal General fuera cancelarle el contrato a la sicóloga Ana Mercedes Pérez, de cuyo equipo Martí formaba parte. Quedó la sensación de que Iguarán se había echado para atrás.

Ese aparente arrepentimiento provocó severas críticas en varios medios de comunicación y de dirigentes políticos. Algunos como el diario El Colombiano pidieron su renuncia; otros como el ex senador Rafael Pardo le exigieron correctivos de inmediato para enderezar el rumbo. El mismo Fiscal había aceptado la seriedad de la situación cuando en su alud de declaraciones dijo: "Con ocasión del bochornoso episodio me di cuenta de que algo mucho más grave pasa en la Fiscalía".

¿El Fiscal se 'patrasió'? Para el ala más cínica, Iguarán ya no estaría interesado en cumplir con los cambios propuestos. Por eso la estrategia sería esperar a que pase la tormenta mediática y dejar así, como diría el humorista Andrés López. Una opción repleta de riesgos para él y la Fiscalía. Si algo mostró el escándalo es que la lealtad no es necesariamente la virtud más frecuente entre algunos colaboradores del Fiscal General. Él mismo reconoció sentirse "defraudado" y sorprendido por "la falta de consideración" de la gente que lo rodea, de quienes sospecha que filtraron los documentos confidenciales de Martí.

Con ese grado de desconfianza, un gerente de cualquier empresa reemplazaría a miembros de su equipo. Y aún más en una organización como la Fiscalía, que maneja temas tan críticos para la seguridad nacional y la tranquilidad ciudadana.

Otro riesgo de mantener el statu quo es que el escenario actual es un pierde-pierde para Iguarán. Pierde en credibilidad -un elemento indispensable para cualquier fiscal- al no cumplir con sus promesas de transformación. Pierde en autoridad, al dejar sin sanción y corrección el despelote interno.

Dicen que cada crisis es una oportunidad. Con el escándalo de Martí, al Fiscal General le quedó servida en bandeja la oportunidad de enderezar el rumbo. Pero nada es para siempre.