EL TESORO DE BARCO

Cuando al anochecer del 8 de junio de 1708, el comodoro Charles Wager, comandante de la escuadra inglesa que patrullaba las aguas del Caribe, logró, después de una rápida batalla, hundir el galeón San José frente a la Bahía de Cartagena, no imaginó jamás que 280 años más tarde, un enredado conflicto político y de intereses iba a estallar en Colombia alrededor del rescate de la nave hundida con un tesoro avaluado en miles de millones de dólares.
A pesar de que el rescate del San José es un tema del que se venía hablando desde comienzos de esta década, en medio de grandes controversias de tipo histórico, el escándalo político sólo estalló el miércoles de la semana pasada en el Congreso, cuando el senador liberal Eduardo Mestre Sarmiento, sacó a flote supuestas irregularidades en el proceso ya casi terminado, de adjudicación del contrato para el rescate al gobierno de Suecia. Pese a las dos horas y media que Mestre le dedicó a plantear sus cuestionamientos a los ministros de Hacienda, Luis Fernando Alarcón de Defensa, general Rafael Samudio, y de Minas, Oscar Mejía, fueron muy pocos los colombianos que pudieron entender las minucias del asunto. SEMANA, después de consultar a las distintas partes del conflicto, logró establecer los aspectos más importantes detrás de este contrato, para aclarar la validez de los interrogantes jurídicos y políticos que han complicado el debate. Es una historia de reyes, piratas, espías y testaferros internacionales, y hasta de intrigas palaciegas en el seno del gobierno colombiano.

CARTAS DE ESTOCOLMO
El interés del gobierno sueco en el rescate del galeón comenzó a manifestarse aun antes de que el asunto se volviera noticia en Colombia. Una visita del rey Gustavo Adolfo a Bogotá, en tiempos de Belisario Betancur, y cartas enviadas posteriormente por él a Betancur y a su sucesor, Virgilio Barco, hacen parte de las gestiones con que los suecos comenzaron a meter basa en la cuestión. La complejidad del asunto llevó a Betancur a pasar por el Congreso la ley 26 de 1986, que creó el Consejo de Adjudicaciones para el rescate de valores náufragos que, aunque en la letra estaba dirigida a reglamentar estos asuntos en general, en el espíritu pretendía fijar las reglas del juego para adjudicar el contrato del rescate del San José. El nuevo presidente Barco, no alcanzó a terminar su primer mes de mandato, cuando ya tenía en su escritorio cantidad de papeles sobre e] problema. El ingeniero presidente pronto se obsesionó con el asunto Tanto, que le pidió a su amigo Bob Panero (un empresario norteamericano muy vinculado a Colombia y asesor durante 20 años de la firma automotriz sueca Volvo) que sondeara el terreno con el gobierno sueco.
El interés de Barco era el de establecer un acuerdo de gobierno a gobierno porque, según él, esto garantizaba que no hubiera ni intermediarios ni comisiones. La preocupación del Presidente se justificaba porque en esos mismos días había estallado en Colombia el escándalo de los sobornos de la telefónica sueca Ericsson.
Panero cumplió la misión. A su regreso redactó un memorando para el Presidente, diciendo que Suecia estaba de acuerdo.
Pero el gobierno colombiano tenía que cumplir con la legislación vigente. Por eso el 15 de junio de 1987, la Cancillería invitó formalmente a los gobiernos de Japón, Estados Unidos, Francia, Italia, Inglaterra y, claro está, Suecia, a participar en un concurso de propuestas técnicas y financieras para rescatar el San José. Para esa fecha, sin embargo, Barco ya se había entrevistado los días 28 y 29 de marzo de ese mismo año, en Cartagena, con Harry Schein, presidente ejecutivo del Investeringsbanken del Estado sueco, entidad encargada por ese gobierno de preparar la propuesta sueca (ver entrevista).

DEL PETROLEO AL ORO
El consejo creado por la ley 26 del 86 estaba integrado por los ministros de Hacienda, Defensa y Educación, el secretario general de la Presidencia y el gerente general del Banco de la República. Como es obvio, estos cinco personajes poco o nada sabían sobre especies náufragas, razón por la cual el gobierno decidió dejar en manos de Ecopetrol la evaluación técnica de las propuestas. "Lo más parecido que encontramos, por la magnitud de los riesgos y el valor de los bienes, a un contrato para rescatar un galeón hundido, fueron los contratos de asociación con compañías extranjeras para la exploración y explotación petrolera, y por eso acudimos a Ecopetrol", dijo a SEMANA un funcionario del gobierno.
En la ronda final de la evaluación, sólo sobrevivieron dos propuestas: las de Francia y Suecia. Francia fue eliminada.
En un mensaje cursado por la Cancillería el 21 de julio pasado a ese gobierno, quedó consignado el disgusto del gobierno colombiano por la intervención, a nombre de Francia, de un intermediario, en contra de lo que Barco desde un principio había pedido. Aunque Suecia era el único sobreviviente del naufragio de propuestas, Colombia le comunicó que deseaba discutir algunas de las condiciones del contrato. Días después se logró un acuerdo y se escogió el 30 de julio como fecha para que, simultáneamente Schein, en Estocolmo, y la Secretaría de Prensa de la Presidencia, en Bogotá, hicieran público el acuerdo. Schein cumplió con su parte del trato sin sospechar que sus declaraciones iban a desatar una tormenta en Colombia. Su prolongada rueda de prensa, llena de detalles sobre el arreglo, contrastó con el tímido comunicado de la Presidencia en Bogotá, que pasó totalmente desapercibido para la prensa nacional.

LOS TERMINOS
SEMANA conoció las condiciones más importantes del contrato en caso de que finalmente se lleve a cabo. En lo que tiene que ver con los porcentajes que serán aplicados para repartir lo que se logre rescatar, se establecieron cuatro diferenciales según el valor final del hallazgo:
-US$ 0 - US$ 500 millones: 37% para los suecos.
-US$ 500 - US$ 1.000 millones: 33%
-US$ 1.000 - US$ 1.500 millones: 30%
-US$ 1.500 millones o más: 20%
Esto da un 27% compuesto como participación de los suecos en el negocio. En el contrato se haría la salvedad de que si nada se rescata nada se pagará a los extranjeros, según la fórmula internacional de "no cure, no pay", por la cual si no se rescata nada, no se paga nada.
Otra cláusula importante determina que los suecos invertirán, en el proceso de búsqueda y verificación hasta un máximo de 20 millones de dólares y, a su vez, Colombia no reembolsará más de 20 millones de dólares por este concepto.
SEMANA pudo establecer que el hit de los suecos, el "gancho" que definió a su favor la adjudicación es que ellos se comprometen a que, si se rescatan lo que se llama "piezas valores únicos", éstas serán en su totalidad y exclusivamente para Colombia. Según la ley 14 de 1936, son "piezas valores únicos" aquellos objetos que no tengan igual y que, por lo tanto, son invaluables. Pero, además de esto, los suecos agregaron otras cláusulas atractivas. Por ejemplo, donar 10% de lo que Suecia se gane, hasta un tope de 30 millones de dólares, para un fondo destinado al museo del San José en Cartagena. También ofrecen entrenamiento por parte del grupo de rescate a los colombianos que participen en él, 10 becas en arqueología y museología marina y, donación al museo de Cartagena de todos los elementos de laboratorio para conservación y experimentación utilizados en el buque sueco que realice el rescate.

MESTRE A VER
Todo este acuerdo puede naufragar si prosperan las objeciones planteadas en el debate del miércoles pasado por el senador Eduardo Mestre. La primera de ellas es que, según él, el decreto ley 222 sobre contratación administrativa, limita los contratos de gobierno a gobierno a las obras públicas o inclusive a la compra de material militar estratégico (como en caso de los helicópteros Black Hawk), cuando se trata de apelar a fondos subsidiados por los gobiernos a organizaciones de cooperación económica o con los países socialistas, donde el gobierno es dueño de todo. Pero independientemente de esto, Mestre sostiene, que, pase lo que pase, el contrato debe pasar por el Consejo de Ministros antes de su aprobación y esto hasta el momento no ha sucedido.
La segunda objeción tiene que ver con lo que Mestre considera un pago excesivo a los suecos. Según él, hay que comparar el rescate del San José con la explotación de un pozo petrolero. Se supone que un barril de petróleo en el yacimiento vale 6 dólares. Si se asume que el tesoro vale mil millones de dólares, sería el equivalente a un yacimiento de 166 millones de barriles. El promedio histórico invertido en Colombia para la exploración y verificación de un pozo de esas dimensiones, es de 65 millones de dólares, más de tres veces el tope que los suecos han establecido como capital de riesgo en el proceso de verificación (20 millones). Mestre se pregunta cómo es posible que si los suecos van a arriesgar menos que lo que arriesgaría una petrolera, vayan a recibir un ponderado del 27%, cuando las petroleras reciben entre el 18% y el 23%.
La tercera objeción tiene que ver con el hecho de que Colombia haya unido en un solo paquete la contratación de la verificación y del salvamento. "Si se verifica primero -dijo Mestre a SEMANA- se elimina el costo del riesgo y se puede contratar más favorablemente". SEMANA estableció que en un memorando de marzo pasado, el ex ministro Rodolfo Segovia, el "tebas" en el tema del San José y miembro de la Comisión Asesora de especies náufragas, así lo sugirió.

Una cuarta objeción es que el contrato se haga sin resolver los problemas jurídicos que plantea la compañía norteamericana Sea Search Armada que, a principios de la década, denunció el hallazgo y reclama por ello sus derechos (ver recuadro).
La quinta objeción es, sin duda, la de más peso. Para Mestre "es evidente que el presidente Barco actuó de buena fe cuando quiso un contrato de gobierno a gobierno para evitar intermediarios y comisiones. Pero, a la larga, lo que sucedió es que el banco del gobierno sueco se volvió de hecho un intermediario entre el gobierno colombiano y las compañías suecas que van a sacar el San José. Yo me pregunto si Ecopetrol no sabe de galeones tanto o más que el banco del señor Schein, y por eso pienso que Ecopetrol podría hacer las veces de intermediario, ganándose la comisión que se va a ganar el banco. Como dije en el Senado, entre Schein y Chona, me quedo con Chona".
Las cuatro primeras objeciones son muy discutibles. En cuanto al contrato de gobierno a gobierno, hay juristas que piensan que este es un contrato de servicios para el que el decreto 222 prevé la posibilidad de contratar con un gobierno extranjero. En cuanto al pago excesivo, la comparación entre la competida industria petrolera y la exótica de rescatar galeones puede resultar traida de los cabellos. Sobre la unificación en un solo contrato de la verificación y el salvamento, parece un detalle superficial en el conjunto del problema. Sobre la cuarta objeción, la de contratar sin haber resuelto los problemas jurídicos con la Sea Search, si bien se está corriendo un riesgo, tampoco se puede esperar que en un mundo de leguleyos y con un proyecto de esta magnitud, no haya siempre alguien que quiera poner una zancadilla.
La última objeción es la que, sin duda, tiene más tela para cortar. Ecopetrol ha invertido ya US$ 1.3 millones en el estudio de las propuestas y no se entiende por qué no se le permite, teniendo en cuenta su experiencia en contratos de asociación, ser el operador del proyecto en vez de que lo sea el banco sueco. Quienes creen esto se respaldan en la existencia de la subsidiaria de Ecopetrol, "Minera del Guainía", entidad encargada de un complejo contrato de explotación aurífera con particulares. La idea es que si el banco sueco va a tener que subcontratar entidades especializadas para el rescate del San José, Ecopetrol podría hacer lo mismo con la ventaja de que se quedarían en el país muchos dólares más.
Claro que hay muchos que piensan que detrás del debate de Mestre, más que intereses patrióticos hay intereses políticos. Aseguran que, teniendo en cuenta que el contacto Colombia-Suecia, Bob Panero es amigo personal del asesor presidencial Gustavo Vasco, Mestre se estaría "sacando el clavo" con Vasco, en su vieja pelea entre barquistas, que comenzó cuando se aseguró, en 1986, que Vasco se le había atravesado en dos de sus aspiraciones claves: el Ministerio de Gobierno y la Designatura.
Es inevitable que se busque sacar provecho político alrededor de uno de los negocios más complejos y grandes de la historia del pais. Pero la verdad es que difícilmente puede estar mejor servido el interés nacional, que cuando es el propio Presidente el que convierte el tema en una de sus obsesiones, sobre todo si se tiene en cuenta que es un hombre tecnocrático y minucioso, cuya formacion está muy acorde con este tipo de asuntos y cuya motivación principal desde un principio fue que no hubiera ni intermediarios ni comisiones. Tal vez el exceso de entusiasmo llevó al primer mandatario a unos contactos iniciales con los suecos, que han sido mal interpretados, pero que pueden llegar a hacerle más daño a la imagen de Barco que a los intereses de la nación en el San José.
Pero más allá de estas intrigas de costurero político y de estas discusiones sobre el papel jugado por el Presidente, lo cierto es que mientras el galeón continúa hundido, el contrato para sacarlo no parece estar surcando un mar en calma.

EL RECLAMO GRINGO
Desde que el rey Carlos V de España se quedó esperando la llegada de] San José cargado del oro de las colonias, el galeón hundido y su cargamento han tenido muchos dueños, a por lo menos muchos que pretenden serlo. Uno de ellos es la compañía norteamericana Sea Search Armada (antes funcionó con el nombre de Glocca Morra Corp. con sede en las Islas Caiman). Su demanda es, ni más ni menos, la mitad de lo que se recupere del San José, sin importar quién lo rescate. Sus patrocinadores no son de desestimar: el gobierno estadounidense y uno que otro congresista de ese país. Ambos han hablado duro. La embajada respaldó la pretension de Sea Search en una carta al gobierno colombiano, y el representante Guy Jagt de Michigan, en un reciente debate, llegó a proponer que se apliquen sanciones comerciales a Colombia en caso de que este país no acepte la exigencia de la compañía gringa.
Pero, ¿en qué se basa la Sea Search para reclamar la mitad del San José? La historia se remonta al 29 de enero de 1980, cuando la compañía solicitó los derechos de exploración a la Dirección Marítima y Portuaria (Dimar.) El 3 de junio del 82, la Dimar aceptó la denuncia que la compañía hizo de las coordenadas donde supuestamente estaría el San José, cerca de las Islas del Rosario. El problema es que, según el artículo 701 del Código Civil colombiano de 1873, quien encuentre un tesoro en territorio colombiano tendrá derecho al 50% de su valor. Aunque popularmente se habla del San José y de su cargamento como un tesoro, según el artículo 700 del mismo Código Civil: "Se llama tesoro la moneda o joyas y otros efectos preciosos que, elaborados por el hombre, han estado largo tiempo sepultados o escondidos, sin que haya memoria o indicio de su dueño". Esto último es lo que hace que el San José no sea un tesoro. No es un tesoro porque, si algo tiene el San José, son memorias e indicios de su dueño, empezando por los registros del embarque que reposan en los Archivos de Indias en Sevilla. Aparte de esto, la ley 163 de 1959, en la que se dictaron medidas sobre el patrimonio histórico, establece en su articulo 14, que los tesoros arqueológicos, como es el caso del San José, no se rigen por el Código Civil de 1873, sino por esta ley. Las posteriores reglamentaciones de esta ley establecieron que para hallázgos como el del San José, el porcentaje para el denunciante, en este caso Sea Search, es del 5%.
La propia Sea Search no está muy segura de su reclamación y prueba de ello es que, como pudo establecer SEMANA, una vez que pareció altamente probable que los suecos fueran los contratados para rescatar el San José y no la misma Sea Search, la compañía norteamericana intentó intervenir en el negocio a través de una compañía, la Havila, empresa sueca que el gobierno de ese país eliminó del grupo de firmas incluidas en la propuesta del rescate, cuando descubrió que no sólo era una empresa testaferro, sino que había comprometido comisiones con intermediarios en Colombia, en contra de la condición previa que el presidente Barco había establecido.
Sea como sea, por mas parlamentario y embajada gringa, la Sea Search tendrá que pelear muy duro y tal como se ven las cosas no va a poder salirse con su 50%.