EL TETE-A-TETE

Cuando hace quince días Jaime Pardo Leal, dirigente de la UP, acusó con nombre propio a una decena de militares como autores materiales e intelectuales de una serie de asesinatos contra dirigentes y activistas de esa organización política, el país entero esperaba que las fuerzas militares se pronunciaran sobre tan graves acusaciones. El Siglo en un editorial del 12 de mayo decía que las denuncias contra militares hechas por la UP "no obstante su altisonancia y su agresividad, hay que tomarlas en serio. Están hechas por personas que las firman, y están dirigidas contra personas concretas y se refieren a hechos determinables. No se pueden dejar ahí, como si se esperara que las cubriera un manto de olvido".
Y el ministro de la Defensa Nacional las tomó tan en serio que el martes 12 de mayo, en las horas de la tarde, citó a la prensa a su despacho y en tono vehemente defendió la institución militar y contestó punto por punto las acusaciones del doctor Pardo Leal. Ese mismo día el procurador delegado para las fuerzas militares dictó un auto de citación a Jaime Pardo Leal, para que ratificara, bajo gravedad de juramento, sus acusaciones. A lo que el dirigente de la UP contestó diciendo que él estaba dispuesto a ratificarse pero no ante la "jurisdicción militar por cuanto no creo en ella sino ante el Tribunal Especial de Instrucción" y seguidamente elaboró un documento, que fue enviado a todos los medios de comunicación, en donde contrarreplicó los descargos hechos por el general Samudio.
En medio de estas acusaciones y contra-acusaciones, la Corte Suprema de Justicia volvió a reintegrar el controvertido Tribunal Especial, sin que esta vez la terna escogida augurara mejor suerte que la anterior. Por esta razón y teniendo en cuenta que es lógico que el Tribunal solo investigará aquellos delitos que sucedan después de su conformación (porque de no ser así sus funciones podrían incluir fácilmente crímenes como los cometidos contra Gaitán o Mamatoco, que causaron especial conmoción en la opinión), Jaime Pardo Leal anunció a última hora su determinación de no recurrir al Tribunal para hacer más bien la ratificación ante la Procuraduría General de la Nación.
SEMANA ha elaborado el siguiente cuadro que contiene una confrontación entre las principales denúncias de la UP y los descargos respectivos del ministro de Defensa, así como las contrarréplicas de este grupo político.
El objeto es el de realizar una especie de "tete a tete" entre acusado y acusadores, que pueda arrojar luces más claras sobre esta delicada controversia nacional.

EL CASO VELANDIA El coronel Alvaro Hernán Velandia fue señalado como organizador de grupos paramilitares en su calidad de comandante del Batallón Patriotas, en Honda. El ex procurador Jiménez Gómez lo sindicó en su oportunidad de estar al servicio del MAS. Al coronel Velandia también se le sindicó como autor intelectual del atentado contra Armando Calle, dirigente sindical de los trabajadores bancarios de La Dorada, quien como consecuencia quedó paralítico.
El coronel Velandia fue absuelto en primera y segunda instancias, tanto por la acusación de asociación para delinquir (organizador del MAS) como por la del atentado contra Armando Calle. En ambos casos se le dictó sobreseimiento definitivo, pues salvo por el testimonio de la víctima, que no pudo confirmarse por ningún medio probatorio, las acusaciones contra Velandia estuvieron basadas en simples suposiciones.
La UP actualmente no se refiere a los casos por los que se ha sobreseído definitivamente al coronel Velandia sino que sostiene que desde su cargo actual, comandante de la Bince, Velandia es el autor de toda la propaganda negra contra esta organización política.

EL CRIMEN DE MUTATA Según la UP, "el día 26 de noviembre de 1986 fue asesinado en Mutatá (Urabá), el dirigente de la UP, Alfonso Macías. En el lugar del crimen el teniente Róbulo Gordos, del Batallón Voltígeros, dejó abandonadas las instrucciones de la operación, en la cual se le ordenaba: `Capturar o dar de baja a Alfonso Macías'. Macías fue fusilado delante de testigos por Eduardo Díaz, quien estaba uniformado y hacía parte de la patrulla".
Según el ministro, "nada tienen que ver los oficiales con la muerte de este sujeto. El crimen de Macías fue realizado por Eduardo Díaz Cuesta, quien se encuentra en la actualidad en la cárcel de Apartadó, a órdenes de un juez ordinario y no militar por cuanto este sujeto no tiene ninguna vinculación con la institución militar.
¿Qué tienen que ver las fuerzas militares con esto? ¿Qué tienen que ver los oficiales? Absolutamente nada. El responsable del homicidio está en la cárcel y ha manifestado que él fue el autor del hecho".
La UP afirma que, "Eduardo Díaz ya no está en la cárcel porque se escapó o, mejor, lo dejaron ir". Y aseguran tener "la orden del operativo y además los testimonios de quienes vieron a Díaz vestido de militar y en compañía de la patrulla que realizó la ocupación militar de Mutatá".

EL ASESINATO DE JIMENEZ OBANDO
La UP sostiene que el teniente Miller Tarcisio Coy Núñez, miembro del B2 de la VII Brigada, desde el momento del asesinato del senador Pedro Nel Jiménez Obando, fue señalado como uno de los autores intelectuales del crimen por la investigación en curso.
Las mismas sospechas existen contra el sargento Servio Tulio Luna Medina, miembro del B2 de la VII Brigada, y contra Ovidio Tabuco, suboficial y miembro de la misma brigada.
Acusan también a los señores Alvaro Serrano Humoa, José María Serrano Humoa y Juan Bautista Correa de ser los sicarios que asesinaron al senador de la UP. En la indagatoria, estos aceptaron trabajar para el B2 de la VII Brigada.
La posición del ministro es: "En una investigación que sobre este caso adelanta la justicia ordinaria, el juez consideró que había indicios contra estas personas. Los indicios eran muy leves, y el comandante de la brigada no recibió el proceso del juez. Los oficiales más adelante son llamados a rendir indagatoria. Pero el testigo no pudo identificarlos como autores del hecho, y la investigación continúa su curso".
El ministro de Defensa rechazó enfáticamente que estos tres individuos hayan tenido alguna vinculación con la institución militar.
En su contra-respuesta a las declaraciones del ministro de Defensa, la UP afirma que es torpe el argumento de que el testigo no reconoció al teniente Coy como autor intelectual del hecho, porque los autores intelectuales no concurren a la escena del crimen. Agrega que, aunque el juez civil sobreseyó temporalmente a los tres presuntos sicarios, solicitó a la justicia militar que asuma la investigación contra los tres militares por existir graves indicios en su contra.

EL CASO ALBA
La UP acusa a un tal "Alba", que según sostiene es teniente del Ejército con base en El Castillo, Meta, de haber organizado, armado y estar dirigiendo en la actualidad a un grupo de civiles en la vereda El Dorado (Cubarral) con el propósito de combatir a la UP y al PCC.
El ministro de Defensa se muestra sorprendido de la imprecisión de esta acusación en la que ni siquiera se tiene el nombre completo de quien se está sindicando. "Pensaba que Alba era una mujer", dice. Y al respecto sostiene que, el año pasado, en esta región de El Castillo, Meta, se intentó sindicar efectivamente al Ejército de la muerte de seis campesinos.
De tal hecho hubo investigación por parte del Procurador General, de la Procuraduría Delegada para las Fuerzas Militares, del inspector del Ejército y del doctor Carlos Ossa Escobar, sin que hasta el momento exista ningún cargo concreto.
"No debe extrañar a nadie que acusemos al teniente Alba sin dar su nombre por cuanto quienes conocen la institución militar saben que los oficiales que cumplen labores de inteligencia llevan la escarapela de identificación con el grado y el apellido, para evitar mayor reconocimiento. Nosotros tenemos a los testigos de la región que certifican que el teniente Alba asesinó seis campesinos y estamos dispuestos a trasladarlos a Bogotá, y a presentar su declaración ante la Procuraduría, siempre y cuando nos garanticen sus vidas".

EL CASO CARREÑO
La UP acusa al coronel del Ejército Oswaldo Carreño Chamorro de ser el director de una empresa llamada Representaciones Caribe, que recluta, en combinación con la oficina de prestaciones sociales del Ministerio de Defensa, personal retirado de las Fuerzas Armadas para conformar grupos paramilitares.
También acusa al teniente coronel Edilberto Sánchez Rubiano, jefe del B2 de la VII Brigada que opera en el Meta, de estar vinculado a la misma oficina.
Según el ministro, el coronel Carreño está retirado del Ejército desde 1982. Su sociedad está debidamente constituida y registrada ante la Cámara de Comercio. No es una organización fantasma ni clandestina. Su objeto social es la asesoría en asuntos de seguridad industrial y de personal. El Ejército no le ha vendido armas.
En cuanto al teniente coronel Sánchez Rubiano, el ministro de Defensa afirma que nunca ha estado en el Meta ni ha sido asignado a unidad alguna de ese departamento.
La UP sostiene que así esté debidamente registrada ante la Cámara de Comercio, la empresa Representaciones Caribe es tremendamente sospechosa. "Si su función social es la de reclutar celadores o guardaespaldas no se comprende porqué en los formularios de inscripción se les hacen a los aspirantes preguntas tan específicas como: tiempo en área de orden público, grupos contra los cuales operó el aspirante como militar activo facilidades para desplazarse fuera de la ciudad y forma como justificaría dichas ausencias, a qué países de América Latina no desearía viajar, etc...
EL CRIMEN DE VILLARRICA
Según la UP, el Ejército de Villarrica (Tolima) asaltó una fiesta en la vereda La Colonia y asesinó al dirigente de la UP Luis Guevara.
"Es posible que estuvieran enfiestas, ¿ pero fiestas de los subversivos?, armados planeando quién sabe qué actividades. Evidentemente en esa operación fueron dados de baja Luis Guevara y Roberto Beltrán y heridos Ana María Cárdenas, Noel Sabogal y Fabián Trujillo, y se les decomisó material de guerra", respondió el ministro.
La UP dice que "el ministro acepta que se disparó sobre una fiesta de campesinos de la región, de Villarrica, con la única explicación de que allí pudiera haber subversivos y que esto justificó el operativo militar".

EL CASO RIVERA
"El comandante de Aguachica (Cesar) detuvo y amenazó de muerte al activista de la UP, Pedro Rivera, días antes de su desaparición y asesinato.
Según el ministro, por varias llamadas recibidas por el comandante de la localidad de Aguachica, de parte de comerciantes y ganaderos que informaban que estaban siendo víctimas de extorsión, el comandante de distrito dispuso un operativo y capturó a Pedro Julio Rivera y a Edelmira Rangel, los cuales fueron puestos a disposición del Batallón Santander y recibidos por el sargento Pedraza de ese distrito militar.
En vista de que los denunciantes no se presentaron a formular los cargos respectivos, estos sujetos fueron dejados en libertad por falta de pruebas y "continuaron extorsionando. El 29 de abril la Policía de La Mata (Cesar) efectuó el levantamiento del cadáver de un N.N. y el 1° de mayo se supo que se trataba de Julio Rivera Granados, quien había sido dado de baja por elementos de la región que se unieron para no dejarse extorsionar".
La UP sostiene que Pedro Rivera era el peluquero de Aguachica y "un dirigente nuestro en esa ciudad. Rechazamos la atrevida afirmación del ministro señalándolo como un extorsionista. El general Samudio reconoce que lo capturó, pero más parecía que se trataba de un secuestro, porque ni a su familia ni a sus compañeros de la UP que estuvieron preguntando por él se les informó de la detención. Rivera nunca fue puesto en libertad porque nunca volvió a su casa. Sin embargo, el señor ministro afirma que fue asesinado por unos ganaderos. ¿Por qué y cómo lo sabe? ¿ Y si tiene conocimiento de ello por qué no los ha denunciado y capturado?".

CASOS RODRIGUEZ Y RUIZ
Según la UP, el coronel Hernando Falla Ardila, al mando de las tropas del Batallón Alto Magdalena en el municipio de Suaza, Huila, detuvo, torturó y asesinó a los dirigentes de la UP José Rodríguez y Fabiola Ruiz, a quien se le mutilaron los senos. El coronel Falla dio un parte militar en el que anunciaba que, en combate con la "Coordinadora Guerrillera", se habían dado de baja los guerrilleros José Rodríguez y Fabiola Ruiz.
Según dos actas de necropsia realizadas en este caso, la primera del médico legista de Suaza y la segunda de un médico rural de Pitalito y, luego, según diligencia practicada por el abogado visitador se confirmó que no hubo torturas. El ministro presentó fotografías de los cadáveres en la rueda de prensa, para demostrar que a Fabiola Ruiz no le fueron mutilados los senos.
Contraviniendo el parte militar del coronel Falla, la UP sostiene que José Rodríguez, candidato a la Alcaldía de Pitalito por dicho movimiento, y su esposa, Fabiola Ruiz, no fueron muertos en combate, porque no puede existir este tipo de confrontaciones entre el Ejército y una familia.
"Fueron eliminados físicamente en presencia de mucha gente", cuyos testimonios la UP ofrece presentar ante la Procuraduría.
En cuanto a las necropsias, el representante a la Cámara por el Caquetá, Iván Márquez, sostiene que estas fueron imperfectas y que, por ese motivo, él pidió la exhumación de los cadáveres. Esta reveló que a José Rodríguez le amputaron las uñas, y a Fabiola Ruiz le "traumatizaron los senos".