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El todo o nada de la audiencia para la libertad de Álvaro Uribe

Este martes los abogados del expresidente esperan, por fin, poder exponer ante una juez de garantías los argumentos en favor de la libertad del líder del Centro Democrático. Uribe lleva siete semanas en casa por cárcel. Será clave conocer la postura de la Fiscalía y de la Procuraduría.

22 de septiembre de 2020

La defensa del expresidente Álvaro Uribe, con asistencia de este por videoconferencia, se enfrentará este martes nuevamente a sus dos grandes enemigos: el senador Iván Cepeda y el ex fiscal general Eduardo Montealegre. Mientras que los abogados del líder del Centro Democrático tratarán de convencer a la jueza de garantías de que se abra el debate en audiencia pública sobre si la medida de detención que le impuso la Corte a Uribe debe mantenerse o no, sus adversarios tratarán de evitar que se avance hacia esa discusión.

Se esperaba que la audiencia de petición de libertad, solicitada desde la semana pasada, fuera una exposición plena de sus abogados argumentando razones de toda índole contra la medida de aseguramiento que lo tiene hace siete semanas en casa por cárcel, pero resultó que estos casi no pudieron hablar. Y ahora el caso está ante un panorama jurídico cargado de incertidumbre.

La instalación de audiencia tuvo lugar el pasado miércoles. Y la primera sorpresa que se llevaron los defensores titulares del expresidente, Jaime Granados y Jaime Lombana, fue encontrarse al ex fiscal general Eduardo Montealegre y a su coequipero Jorge Perdomo, exvicefiscal. Antiguos uribistas y ahora enemigos acérrimos del exmandatario. Como se sabe, Uribe renunció al Senado luego de que la Corte le impuso casa por cárcel, y al declinar a su fuero constitucional logró salir del ámbito de los magistrados. Así, su caso pasó a instancias de la Fiscalía y los jueces ordinarios.

En los famosos 1.600 folios de resolución de situación jurídica, los magistrados relacionaron una serie de testimonios calificados de “falaces”. Entre esos, el de la exfiscal Hilda Jeaneth Niño, condenada por nexos con paramilitares, y el del extraditado Juan Carlos ‘Tuso’ Sierra. Estos aseguraron que Montealegre y Perdomo, desde la cúpula de búnker, inventaron procesos para perseguir a Uribe. Como la Corte dijo que esas versiones eran fabricadas, ahora Montealegre y Perdomo alegan que están en la misma situación de Iván Cepeda, es decir, que son víctimas de los supuestos montajes de Uribe. Con ese argumento los exfiscales lograron ser admitidos en la audiencia.

La segunda gran sorpresa de la diligencia judicial fue que la jueza de garantías le dio el uso de la palabra primero a Reinaldo Villalba, el abogado de Cepeda. Y este no desaprovechó su oportunidad. El jurista argumentó que dado que el caso provenía de la Corte donde se tramitó bajo la Ley 600, esto último debía mantenerse pues el cambio de ente instructor no implicaba cambio del marco normativo. El quid del asunto es que en el sistema penal acusatorio (Ley 906, que rige a la Fiscalía y a los jueces ordinarios) no puede haber medida de aseguramiento sin imputación previa. Y Uribe está detenido sin haber sido imputado.

La defensa de Cepeda supone –acertadamente– que si el caso migra a la ley 906, probablemente la detención se caería por efecto dominó. Por eso insiste en que el expediente siga bajo la Ley 600, a fin de mantener las decisiones tomadas por la Corte y donde no hay intervención de jueces hasta tanto no quede en firme la resolución de acusación o de preclusión que profiera la Fiscalía. Bajo ese entendido, el abogado Villalba cerró su intervención pidiéndole a la jueza de garantías que se declare incompetente para afrontar la audiencia de solicitud de libertad que plantean los defensores de Uribe.

Ese planteamiento fue respaldado por Montealegre, para lo cual el exfiscal tuvo que hacer un ejercicio de contorsión pues en el año 2000, cuando se empezó a implementar el sistema penal acusatorio, él era viceprocurador y un abanderado de las virtudes del nuevo modelo judicial. Granados, a su turno, le recordó eso y solicitó a la jueza que rechazara la petición para al fin dar paso a la discusión sobre la libertad de Uribe. La Fiscalía y la Procuraduría coincidieron con la defensa de Uribe en cuanto a que el marco normativo debe ser la Ley 906. Pero la jueza dijo que debe analizar los argumentos y resolver el dilema antes de continuar, así que suspendió la diligencia hasta el próximo martes.

Lo más seguro, y lo que corresponde en derecho, es que la togada concluya que el caso debe seguir en el marco del sistema penal acusatorio. Pero dado que se abrió un debate formal en audiencia, su decisión, cualquiera que sea, podrá ser objeto de apelación por quien quede inconforme.

Y ahí se abre otro limbo porque los códigos de procedimiento penal no son claros en si el caso se congela o puede continuar mientras una segunda instancia se pronuncia sobre la impugnación de competencia apelada. Algunos penalistas consideran que el problema jurídico que asoma no tiene precedentes, y por tanto tendría que ser la Corte Suprema de Justicia la que tenga la última palabra. Eso implicaría varias semanas antes de que la defensa de Uribe pueda empezar a exponer sus argumentos para la petición de libertad.

Este martes a las nueve de la mañana se retomará la audiencia en la que la jueza anunciará su decisión. La defensa de Uribe está lista para insistir en que es apremiante empezar la discusión sobre la medida de aseguramiento, en virtud justamente a que hay una persona privada de la libertad. Si la diligencia avanza hacia allá será clave conocer la postura de la Fiscalía y de la Procuraduría ¿se opondrá a la petición de libertad que expondrá el abogado titular de Uribe, Jaime Granados, o la respaldarán? Esa pregunta trascendental podría tener una respuesta hoy.