¿El uribismo contra la Unión Patriótica?

En la tarde del pasado miércoles el Consejo Nacional Electoral tomó una decisión trascendental: mantener la personería jurídica al partido Unión Patriótica a pesar de que en las elecciones del pasado 9 de marzo el movimiento sólo obtuvo 99.000 votos en las urnas, y no alcanzó a superar el umbral del 3 %, requisito consagrado en la Constitución para que un partido pueda mantenerse vigente.

La decisión no sólo fue aplaudida por los voceros de este movimiento, sino que fue saludada por el país en general.

La UP, partido que nació producto de los diálogos de paz entre el gobierno de Belisario Betancur y la guerrilla de las FARC a mediados de los 80, fue víctima de la peor persecución política en la historia del país. La alianza entre paramilitares y algunos agentes del Estado llevó a cabo un exterminio de esta organización, tal como lo han calificado varias sentencias judiciales en Colombia. De hecho, una demanda contra el Estado colombiano por genocidio cursa en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Según cifras de la Corporación Reiniciar, la UP llegó a tener 190.269 militantes (mayo de 1986), en su primera incursión electoral. Alcanzó siete senadores, nueve representantes a la Cámara y más de 300 concejales. Fue mayoría electoral en cerca de 50 municipios, y en 24 de ellos fueron designados alcaldes que pertenecían al movimiento.

Participaron en elecciones presidenciales con los candidatos Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo, ambos asesinados. Como también lo fueron 2.855 de sus dirigentes, entre ellos los senadores Pedro Nel Jiménez, Pedro Luis Valencia, Manuel Cepeda, y los representantes Leonardo Posada Pedraza, Jairo Bedoya, Octavio Vargas Cuellar y Henry Millán.

Esa historia daba para pensar que el CNE, por unanimidad, mantendría con vida jurídica a la UP.

Para sorpresa de muchos, no fue así. Tres magistrados, el liberal Emiliano Rivera (presidente del CNE), la conservadora Ángela Hernández, y el uribista Felipe García (vicepresidente del CNE) se opusieron a la decisión mayoritaria que concluyó que la UP no había tenido las mismas garantías frente a los demás partidos políticos que participaron en la contienda electoral. En pocas palabras, que la UP no estaba en condiciones de hacerse contar en las pasadas elecciones, y por eso le dio la oportunidad de hacerlo en el 2018.

En diálogo con Semana.com, el magistrado Felipe García explicó los argumentos por los que salvó su voto. Primero aclaró que sus posiciones no son políticas, sino ajustadas al derecho. Y en ese sentido, tras mirar el expediente, concluyó que la UP sí había tenido todas las garantías en las elecciones del 2014.

“En el expediente, no encuentro ningún motivo para aplicar la excepción. La UP recuperó su personería el 4 de julio de 2013, por un fallo del Consejo de Estado, y desde ese momento participaron de un proceso administrativo, inscribieron candidatos, gozaron de las mismas prerrogativas de los otros partidos, se les dieron espacios en los medios, financiación, hicieron proselitismo”, manifestó García.  

Y agregó: “Cuatro meses antes de las elecciones se encuentra que tuvieron los mismos derechos y garantías, la UP gozó de un apoyo extraordinario del gobierno que no tuvieron los demás partidos. Pese a ello no eligieron candidatos, no votaron por ellos, no superaron el umbral. Son las reglas de la democracia”.

El magistrado advirtió que las condiciones de la UP en 2002, cuando perdió su personería, eran muy distintas. En ese momento el partido no pudo presentar candidatos precisamente por el exterminio y persecución a la que fue sometida.  Eso no sucedió en 2014, dice García, por eso considera que la decisión mayoritaria del CNE lo que está haciendo es una “victimización vitalicia” de la UP.

La posición del magistrado uribista puede ser odiosa y generar rechazo en la opinión pública. “Yo, como el ciudadano Felipe García, creo que el exterminio de la UP es el episodio más vergonzoso y deleznable de la historia política del país, porque incluso habla mal de la condición humana. Pero como Felipe García, magistrado del CNE, tengo que tomar una decisión. La UP no pasó el umbral y no hay razones para que se pueda aplicar la excepción de mantenerle la personería jurídica”.