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| 2/28/2005 12:00:00 AM

El zarpazo

Las investigaciones por desvíos de dinero demuestran que los recursos de la salud son un preciado botín para delincuentes comunes y grupos al margen de la ley.

El zarpazo La banda que operaba en Cajanal estaba conformada por 10 personas en Bogotá, Ibagué.
A las 8:40 de la mañana del jueves pasado, 22 camionetas llegaron hasta el edificio de la Caja Nacional de Previsión Social (Cajanal), ubicado en el centro de Bogotá. Ante la mirada desconcertada de los transeúntes, 45 hombres vestidos de negro, portando modernos fusiles de asalto, descendieron de los autos. Se trataba de miembros de los grupos tácticos del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) que rápidamente acordonaron el lugar. Como parte de la misma operación, denominada 'Torre Blanca', otros funcionarios de ese organismo simultáneamente allanaron varias viviendas en Ibagué y Popayán.

El descomunal despliegue era la fase final de una investigación dirigida a acabar con una red de corrupción que actuaba desde hace varios años en Cajanal. Las pesquisas comenzaron hace más de ocho meses, cuando una serie de anónimos, que denunciaban graves irregularidades llegaron al área de anticorrupción del DAS.

En coordinación con el programa presidencial de Lucha contra la Corrupción y la Fiscalía General, un grupo de detectives comenzó la investigación. Durante ocho meses realizaron seguimientos e interceptaciones de comunicaciones, entre otras labores, que les permitieron identificar a los 10 miembros de la banda y su modus operandi. La red había diseñado varias formas de robar.

La más sencilla consistía en cobrar a los afiliados sumas de dinero que oscilaban entre uno y cinco millones de pesos para agilizar los trámites internos para las pensiones. La otra forma, que mayor desangre económico produjo, se basaba en extraer o modificar los archivos de un afiliado previo pago del interesado. Cambiaban y falsificaban algunos datos esenciales, con lo cual conseguían que una persona obtuviera, por ejemplo, una pensión mayor a la que le correspondía o recibiera el dinero varios años antes de tener la edad legal para pensionarse. Las autoridades afirman que por este sistema la red ocasionó pérdidas, según las cifras preliminares que pueden superar los 100.000 millones de pesos.

Pero si bien el caso de Cajanal es escandaloso por el monto, no menos sorprendente han sido los hallazgos de las investigaciones que el DAS está adelantando en Vichada y Caldas. Los detectives han descubierto que en estos dos departamentos los dineros que el Estado gira a varias Administradoras de Régimen Subsidiado (ARS), encargadas de prestar servicios de salud a los más pobres, están terminado en manos de los grupos alzados en armas y de los corruptos. "El gobierno les entrega a las ARS un subsidio de 17.000 pesos para la atención de la gente más pobre. Lo que hacen es que para quedarse con ese dinero, algunas ARS registran a personas fallecidas como beneficiarias, inscriben a personas que no existen o registran dos veces a una misma persona", explicó un funcionario del área anticorrupción del DAS.

El año pasado la Contraloría General reveló un informe que afirma que esas prácticas descritas por el funcionario del DAS le causaron pérdidas al Estado por más de 325.000 millones de pesos. En abril de 2004 el presidente Álvaro Uribe les ordenó a todas las autoridades y organismos del Estado enfilar sus baterías para evitar que los recursos de la salud siguieran siendo un botín del cual se nutren paramilitares, guerrilla y delincuencia común.

Aunque a finales del año pasado la Fiscalía y la Dijin desmantelaron la primera de estas redes, la cual robaba recursos de una ARS para entregarlos a los paramilitares en el norte del país, el operativo efectuado por el DAS contra la banda de Cajanal, así como las investigaciones por corrupción en Vichada y Caldas, que terminarán en dos semanas, demuestran que todas las entidades del gobierno por fin están tomando en serio la lucha contra aquellos que roban el dinero de los más pobres.

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