La deuda ‘fantasma’ por la que embargaron a un senador

Por un presunto préstamo que habría sido desembolsado en el 2014, el juzgado 39 civil de Sincelejo libró un mandamiento de pago contra el senador liberal Mario Fernández Alcocer por valor de 1.600 millones de pesos, en el que ordenó el embargo de una quinta parte de su salario como senador de la República.

La demanda, un singular cobro ejecutivo contra el senador liberal, fue presentada el pasado 11 de abril por Álvaro Durán Monterrosa y Albeiro Fernández Ochoa, quienes habrían presentado como título que acreditaría la supuesta deuda dos letras suscritas por Fernández Alcocer por la suma de 700 millones de pesos, más los intereses reconocidos por 900 millones de pesos.

En diálogo con Semana.com, Fernández Alcocer dijo que no ha sido notificado del mandamiento de pago, que los presuntos acreedores tampoco le dieron un aviso o preaviso sobre la supuesta deuda y que está seguro de no deber a quienes lo están demandando.

El senador dijo conocer a uno de ellos porque trabajó en la administración municipal de Sincelejo 10 meses, cuando el alcalde de la ciudad era su tío Jairo Fernández Quessep.

Afirma en su declaración que desconoce las letras que han originado la demanda y supuesto embargo, pero lo que sí puede decir es que en el 2013 puso una denuncia por el extravío o robo de unos documentos donde estaban dos letras de cambio y una memoria USB.

Para el legislador, lo que está ocurre lo lleva a presumir que estas personas están haciendo un uso indebido de dichos documentos y, agregó, ‘por qué no decirlo, estas personas estarían detrás del robo de mis documentos’.

Dijo también que él no le ha pedido plata prestada y que este martes radicó una denuncia penal en contra de los autores de la demanda ejecutiva y está pidiendo al fiscal que convoque a un careo con Durán y Fernández, para que indiquen en qué momento, en qué circunstancias, en qué fecha le prestaron el dinero, cómo le entregaron el millonario monto.

Finalmente, Fernández Alcocer expresó que él lo que cree es que detrás de esas denuncias hay un mensaje intimidatorio para evitar que “yo siga destapando los hechos de corrupción como el contrato de los espolones en las playas del golfo de Morrosquillo por 14.000 millones de pesos”. También por “la ejecución de una obra por 15.000 millones de pesos en Guaranda, en La Mojana sucreña, con recursos provenientes de la OCAD Caribe y que curiosamente es el mismo contratista”.

El senador liberal manifestó que le resulta extraño que dos años después del supuesto préstamo, sólo ahora los acreedores hayan acudido ante un juzgado a decir que les debe un dinero sin que mediara un preaviso, y que coincida con las denuncias que él ha estado haciendo ante los medios nacionales y locales.