Se embolató la consulta taurina de Petro

El camino para que se consulte a los bogotanos acerca de si están de acuerdo o no para que se hagan corridas de toros y novilladas en Bogotá, está embolatado.   

Tras su paso por el Concejo de Bogotá y su análisis de legalidad en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, quien rindió concepto favorable a la consulta, el alcalde Gustavo Petro le envió la solicitud a la Registraduría para que el llamado a los bogotanos se hiciera el 25 de octubre, día de las elecciones regionales.

De ahí, el balón pasó al Ministerio de Hacienda, que debe girar los recursos para la consulta y que, según la Registraduría, equivalen 34.000 millones de pesos ya que se tendía que hacer en fecha diferente a las elecciones. El Ministerio envió una comunicación al ente electoral preguntando si los recursos se pueden disminuir y ahí va el tema.   

Lo cierto es que, como se dice en el argot popular, “la olla está raspada”, teniendo en cuenta que los dineros para el final de la vigencia 2015 están comprometidos. “Apoyo las facultades que da la ley de participación ciudadana, me parece importante para nuestra democracia, pero aquí hay un tema de recursos que es inescapable”, dijo a Blu Radio el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas.

Está pendiente todavía una reunión entre la secretaria general de la Alcaldía, Martha Lucía Zamora, y el ministro Cárdenas.

No cuesta tanto

Pero los voceros de los animalistas que han liderado el proceso denunciaron que lo que hay es una “marrulla” del Estado, ya que la propuesta ha cumplido los tiempos y el trámite, y la consulta no cuesta lo que han dicho.

Natalia Parra, integrante de Bogotá sin Toreo, aseguró que la Registraduría solicitó los recursos para hacer la consulta para que se haga en una fecha diferente al día de las elecciones el 25 de octubre.  

Con unos derechos de petición el ente electoral les dijo que la consulta costaba 34.000 millones si no se hace en elecciones y 11.000 si se hace en un día electoral. Es más, de la última cifra el 85 % equivale a la biometría (registro electrónico con huella). “Se está optando por la opción más costosa”, dijo Parra.

“Si saben que la consulta es menos costosa el día de las elecciones (de octubre), ¿por qué no la hacemos?”, se preguntó la activista. Lo cierto es que la ley prevé que la consulta se tiene que hacer en los tres meses siguientes a la aprobación del Concejo.  

La Registraduría ha dicho que para que se pueda adelantar la consulta popular necesitaría un tiempo prudencial para que se pueda hacer la contratación.

El tema va en que la Alcaldía ofreció los servicios de Imprenta Distrital, para que se puedan hacer a bajo costo las papeletas que usarían los bogotanos.