Emergencia invernal: arranca el plan b del Gobierno

Los fallos de la Corte Constitucional en siete decretos expedidos bajo el amparo de la emergencia social, económica y ecológica puso en aprietos al Gobierno que ahora depende del Congreso de la República para seguir adelante con algunos de los procesos puestos en marcha para atender a los afectados por el fuerte invierno del año anterior.
 
El senador y presidente del partido de La U, Juan Lozano, radicó este martes dos proyectos de ley para atender la emergencia, luego de que, como decretos, el alto tribunal los declarara inconstitucionales. Uno de ellos es el que crea el empleo de emergencia, que tuvo una modificación en el proyecto radicado y que incluye mensaje de urgencia del Gobierno.
 
El objetivo de esta iniciativa es dar empleo con afiliación a seguridad social y durante seis meses a los damnificados en trabajos que ayuden a la reconstrucción de sus regiones afectadas por un desastre. Pero, a diferencia del decreto original, este proyecto de ley busca convertir el empleo de emergencia en una herramienta a la cual se pueda recurrir siempre en caso de catástrofes.
 
“Si hay un derrumbe, por ejemplo, que el municipio localmente lo pueda utilizar (el empleo de emergencia) sin necesidad de una emergencia nacional”, explicó el presidente de la comisión accidental del Senado, Juan Lozano, quien radicó la propuesta junto con Gloria Díaz, presidente de la comisión accidental de la Cámara.
 
El segundo proyecto de ley es el que permite entregarles subsidios de gas, alcantarillado y luz a los damnificados de “cualquier fenómeno natural peligroso”. El proyecto propone crear la figura de subsidio excepcional que, de aprobarse, no aplicará sólo para atender la actual emergencia, sino las que se presenten en el futuro.
 
La carrera en el Congreso
 
Los dos proyectos de ley radicados este martes por el senador Juan Lozano hacen parte del plan b que el Gobierno construye sobre la marcha luego de que la Corte Constitucional decretara inexequibles siete decretos (incluido el que prorroga el estado de excepción) del paquete de 37 normas expedidas bajo la emergencia social, económica y ecológica.
 
El ‘golpe’ más fuerte para el Gobierno es en materia de recursos: los magistrados de la Corte tumbaron dos decretos vitales, a través de los cuales se esperaba contar con el dinero para invertir en las tres fases definidas para atender la emergencia: humanitaria, reparación y rehabilitación.
 
Uno de ellos es el que permitía la venta del 10 por ciento de las acciones que la nación tiene en ECOPETROL y con el que se esperaba recaudar 16 billones de pesos. Desde su expedición, fue uno de los decretos que más levantó ampolla entre los congresistas que no vieron con buenos ojos que el Gobierno lo decretara bajo el estado de excepción y sin hacer el debido curso en el Congreso.
 
El viceministro de Hacienda, Bruce Mac Master, aseguró que el plan b para este decreto lo tenían planteado desde antes de que lo analizara la Corte. Las esperanzas ahora están en el proyecto de ley que cursa en el Congreso, sin embargo no va a ser fácil para el Gobierno sacarlo adelante en un tiempo récord.
 
La propuesta no tiene mayoría para su aprobación. Además, su discusión ya no se realizará en la comisión quinta del Senado (donde ya se había redactado la ponencia) sino en la comisión Cuarta, cambio que además de causar malestar y tensión entre los congresistas, puede atrasar el proceso para su estudio.
 
La semana anterior, el ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, radicó en el Congreso el proyecto de ley que hace una adición presupuestal de 5,7 billones de pesos para hacer frente a los efectos del invierno del año anterior, el más fuerte en la historia del país. 

El proyecto tiene mensaje de urgencia y aunque la Corte Constitucional no ha fallado en particular sobre la norma que decretaba esta adición, el Gobierno espera su rápida aprobación en el legislativo antes de que lleguen las dificultades económicas: según Everardo Murillo, gerente del Fondo de Calamidades, los recursos para la atención humanitaria de los damnificados se agotarán en un mes.
 
La carrera en el Congreso apenas comienza. Aún falta el pronunciamiento de la Corte Constitucional en otros veinte decretos, algunos de los cuales se traducen en importantes sumas de dinero que, sin el visto bueno del alto tribunal, podría seguir descuadrando las cuentas del Gobierno.