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Gustavo Petro insiste en que las directivas del Polo, en cabeza del anapismo, han tomado represalias contra él y su equipo político por haber denunciado hechos de corrupción en la contratación distrital en Bogotá.

ENTREVISTA

"En Bogotá hay funcionarios extorsionando contratistas"

El ex candidato presidencial Gustavo Petro habla del informe que adelanta su equipo sobre la mafia de la contratación en la capital y sobre cómo esta investigación podría incidir en su permanencia en el Polo Democrático.

25 de septiembre de 2010

SEMANA: ¿Por qué dice que más que un cartel, hay una mafia en la contratación distrital?

GUSTAVO PETRO:
Porque los conceptos de cartel y mafia son diferentes. Un cartel es una asociación de empresarios para controlar un mercado, que en este caso sería el de la contratación pública de la ciudad. Pero en Bogotá, la situación va más allá de las alianzas empresariales. Lo que hay es acuerdos entre personas, ligadas a la administración, que les cobran a los contratistas para que se puedan quedar con los contratos. Esos acuerdos son propios de una mafia, porque esta, en su definición convencional, convive con el poder y tiene una connotación familiar.

SEMANA: ¿Esta mafia está arraigada en la administración?

G.P:
Los problemas en la contratación distrital no podrían existir sin la connivencia de la administración. La contratación no es una actividad clandestina, solapada e invisible: cualquier buen administrador se daría cuenta de lo que sucede y lo controlaría desde adentro. Establecer mecanismos de cobro por contratar, como los que existen en el Distrito, es algo que solo se puede hacer eludiendo las normas. Y para eludir las normas tiene que haber una voluntad administrativa proclive a la permisividad.

SEMANA: ¿Cuál es el fondo del informe que viene preparando su equipo sobre la contratación distrital?

G.P.:
Hasta hace poco en Colombia era predecible descubrir que algunos empresarios le 'pasaran' una plata al funcionario público que determinaba una contratación. Pero el informe preparado por el equipo, en cabeza del concejal Carlos Vicente de Roux, evidencia que las tecnologías de la corrupción se han sofisticado. En Bogotá, el pago por parte de los contratistas no es voluntario, sino obligatorio. En otras palabras, es consecuencia de un soborno: el que quiera contratar debe pagar. Y eso, más que cohecho, es extorsión.

SEMANA: ¿Esta extorsión, como usted la llama, tiene fines políticos?

G.P.:
En una fase un poco ingenua de mi trabajo en el Congreso, creía que los políticos corruptos conseguían plata para hacer política. Ahora sé que eso no es así: hay quienes hacen política para conseguir plata.

SEMANA: ¿Cómo se hizo la investigación que le permitió a su equipo llegar a estos resultados?

G.P.:
Durante meses recibimos información de fuentes que han mantenido su reserva, pero que por su estatus dentro de la administración o dentro de las empresas contratistas conocen cómo funciona la contratación en Bogotá. Contrastamos esta información con la proveniente de los derechos de petición y registramos los aspectos en que hubo coincidencias.

SEMANA: Usted ha señalado que varios de los sectores cuestionados en el Polo están aliados con una facción de la U en cabeza del concejal Hipólito Moreno…

G.P.:
Sí. Ese entramaje político hace parte de una investigación de Guillermo Asprilla, miembro del ejecutivo del Polo, de la cual sacamos insumos para nuestro informe. Asprilla reveló que en la alcaldía de Samuel Moreno ha habido una barrida de los miembros del Polo con funciones administrativas en la alcaldía anterior. Pero en esta barrida no solo salieron los 'luchistas', sino que salieron todos los funcionarios que no eran afines a la casa Moreno-Rojas, de la cual hacen parte el Alcalde y su hermano Iván. A su vez, los funcionarios que salieron no fueron reemplazados por personas de otra corriente del Polo, ni por técnicos antipolíticos. Ocuparon su lugar personas que tienen que ver con Hipólito Moreno y con la U, y que tienen una relación entrañable con la casa Moreno-Rojas.

SEMANA: ¿Y cómo funciona esa curiosa llave entre dos partidos antagónicos como el Polo y la U?

G.P.:
Sorprende que los mismos actores de la gran contratación nacional en la era Uribe sean los mismos que se mueven en la contratación distrital. Personas como Andrés Jaramillo, William Vélez o los Nule se mueven en ambos escenarios. Alguien podría decir que esos son los únicos contratistas que existen en Colombia. Pero yo no creo que sea así. En este país hay cientos de empresarios que van más allá de esos nombres.

SEMANA: ¿Cómo explica esa coincidencia?

G.P.:
Creo que hay un enlace entre los actores políticos que determinan la coordinación de las obras públicas a nivel nacional -el ex ministro de Transporte, por ejemplo- y quienes determinan la contratación en el Distrito a través del IDU. Además, que sean los mismos contratistas no es coincidencial si se considera que en el Distrito realmente hay una verdadera coordinación política y burocrática entre el uribismo y el Polo. De hecho, la U es parte de la coalición de gobierno de Samuel Moreno.

SEMANA: Después de presentar este informe, si usted no se sale del Polo, ¿podrían terminar sacándolo?

G.P.:
Sí, esa es la realidad de hoy. La virulencia creciente del ataque de quienes dirigen hoy el Polo contra mí y contra quienes avanzamos en esta investigación muestra que mi actividad pública y la situación del Polo son excluyentes. Mi problema no es con el senador Jorge Enrique Robledo ni con que existan otras posturas ideológicas de la izquierda colombiana. Mi problema es con los comportamientos éticos. Uno no puede proponerle a la sociedad colombiana un cambio, una transformación democrática desde el Polo, cuando algunos de sus militantes no fueron capaces de vigilar ni de detener procesos de alta corrupción.

SEMANA: En Twitter se refiere a su grupo político como Corriente Democrática, ¿en qué consiste este movimiento?

G.P.:
En Corriente Democrática (CD) están todos los equipos que me acompañaron en campaña. Se trata de una organización transitoria, que opera como una tendencia del Polo. Desde la CD buscamos espacios de encuentro entre distintas fuerzas que puedan dialogar entre sí y con el gobierno sobre aspectos fundamentales como la reparación de víctimas y la restitución de tierras, entre otros. Hemos avanzado al dialogar con el Partido Verde, la Alianza Social Indígena (ASI), la Iglesia católica y los ministros que tienen que ver con estos temas. La CD está cogiendo forma y puede ser determinante en las elecciones de 2011.

SEMANA: ¿Su participación en esas elecciones estaría mediada por la Corriente Democrática?

G.P.:
Sí. Desde esta Corriente estamos pensando cómo ofrecerles una propuesta política a los problemas de Bogotá; cómo continuar la lucha contra las mafias en la costa caribe, donde mi votación fue alta; cómo sostener dos experiencias actuales de Gobierno que nos son afines, como la gobernación de Nariño y la Alcaldía de Cali. Y cómo llegar a otros lugares como Medellín, una ciudad donde no tenemos tanta presencia pero que puede ser receptiva a nuevas propuestas de reconstrucción social.

SEMANA: En días pasados usted tuvo una larga reunión con Lucho Garzón. ¿Discutieron la posibilidad de unir esfuerzos con el Partido Verde de cara a las elecciones de 2011?

G.P.:
Venimos conversando con ellos. El Partido Verde tiene sus propios problemas y retos. Además, en la actualidad la sociedad les demanda más a ellos que a nosotros. Pero a pesar de eso, con el Partido Verde avanzamos hacia un encuentro democrático que puede darle una nueva dinámica a la política.