‘En el campo todos caben’

Colombia está en una encrucijada: después de casi 200 años de vida como nación está discutiendo el modelo agrario y el papel del campo en el modelo de desarrollo. En La Habana los acuerdos entre el gobierno y las Farc apuntan a reforzar al pequeño campesinado pobre, olvidado por décadas, y a cerrar la brecha entre el campo y la ciudad. Mientras tanto, los grandes proyectos agroindustriales en la altillanura, con inversión nacional y extranjera de cientos de millones de dólares, son una de las locomotoras del gobierno. ¿Pueden esos sectores coexistir? ¿Cuál debe ser el papel del agro en el desarrollo del país? Tres expertos debaten.

RAFAEL MEJÍA: Para mí llegó el momento de que los colombianos decidan si queremos un país de minifundios, que perpetúe la pobreza y genere más división. Fíjense lo que pasa en la zona cafetera: el padre tenía 10 hectáreas, y los cuatro hijos, heredaron cada uno 2,5 hectáreas y así sucesivamente hasta que ahora van en 0,5 hectáreas. Y se sigue fraccionando. Tenemos que construir un país en el que quepa el pequeño, el mediano y el gran productor, pero con una visión agroempresarial para satisfacer la demanda de alimentos y materia prima del mundo. Se pueden hacer alianzas entre pequeños y medianos y entre los mismos pequeños para tener economías de escala y planes de asociatividad. Eso debe ir acompañado de una política agrícola de Estado, en la que el presidente de la República con su ministro de Agricultura coordinen todos los ministerios para que ese desarrollo rural llegue. Uno no puede tener una sola política agrícola para el país. Tenemos una realidad, unos pequeños productores que hay que manejar de manera diferente al mediano y al grande.

JOSÉ ANTONIO OCAMPO: Coincido en muchas cosas pero tengo algunos matices. Estoy de acuerdo en el principio de que hay espacio para la pequeña, la mediana y la gran producción, entre otras razones por la vocación regional que existe. No tiene ningún sentido, por ejemplo, dada la estructura heredada del pasado, fragmentar los ingenios azucareros de Valle del Cauca. Sería absurdo. Pero hay espacios para fomentar la pequeña propiedad en ciertas regiones. Verbigracia, la reforma agraria en Colombia no ha generado un cambio histórico en la estructura de la propiedad. Esa ha sido una de sus falencias. Pero en algunas regiones sí. En Cundinamarca, por ejemplo, con la reforma agraria de los años treinta las laderas fueron transformadas de gran propiedad a pequeña. Huila estaba en manos de la gran propiedad y los hacendados siempre quisieron venderle la tierra al Incora –ahora Incoder– para salir, por el mismo conflicto. Lo que nunca hemos logrado hacer –se hizo parcialmente en el caso cafetero– es una economía pequeña viable, que es el modelo del grueso de los países desarrollados. 

JOSÉ LEIBOVICH: Estoy de acuerdo con lo que se ha dicho sobre la coexistencia e incluso sobre las complementariedades que se pueden lograr entre pequeños, medianos y grandes en términos de producción. Lo que sí debe hacer el Estado, y esto se ha debatido bastante, es decidir qué pasa con las grandes tierras improductivas. En eso estamos muy atrasados, pues tenemos un problema grande de desactualización del catastro así como de la capacidad real en los territorios de hacer explícito y cobrar el impuesto predial, que es un mecanismo para incentivar el uso productivo de la tierra. Este es un tema de la agenda que ojalá podamos hacer. 

J. A. O.: En Europa reina la mediana propiedad agropecuaria, pero muy empresarial. En Estados Unidos también y es realmente moderna. Cada campesino tiene su tierra, maquinaria, acceso a la salud y educación. Ese es el modelo al que uno debería aspirar. Esto tiene la ventaja de que conlleva una mejor distribución del ingreso. Yo estoy más a favor de que haya más pequeña propiedad, pero que se modernice. Claro que también creo que pueden convivir. Hay ejemplos. La palma africana en el procesamiento requiere de economías de escala, pero no necesariamente en la producción, como funciona en Malasia. Otro caso de coexistencia que se podría fomentar en Colombia es el del sector lácteo, que en muchos países es de pequeña propiedad.

R .M.: Eso no depende solo de las regiones sino de los productos. ¿A quién se le ocurre cultivar 10.000 hectáreas de lechuga? Es cierto, pero en otros países como Argentina, Estados Unidos y Canadá hay hatos de ordeño de 18.000 y 25.000 vacas. Yo lo que insisto es en que podemos vivir pequeños, medianos y grandes, pues hay espacio para todos. Pero el gobierno tiene que entender que el apoyo no puede ser solo para los pequeños, porque sin el respaldo a los medianos y a los grandes, los primeros no van a salir de la situación de pobreza en que están. 

SEMANA: Estudios como el de Fedesarrollo señalan que, cuando se mide la productividad física, es alta en los pequeños productores. ¿Eso le daría la razón a quienes son partidarios de un modelo orientado a los minifundios?

J. L.: Es cierto, pero tampoco es para que volvamos todo minifundio. Lo que pasa es que los pequeños productores usan de la manera más intensiva ese pedacito de tierra que tienen para tratar de sacar el mayor ingreso posible. La conclusión es que puede ser productivo desde el punto de vista físico, pero no en rentabilidad.

R. M.: En este sentido yo traigo a cuento el caso mexicano, donde se sabe que, para la mayor parte de los cultivos agrícolas, la producción en superficies pequeñas no resulta rentable porque se incurre en altos costos y no se pueden obtener grandes volúmenes de cosecha.

J. A. O.: Nunca se pensó que esta ley fuera a verse como la antítesis de la agricultura empresarial. Era el reconocimiento de que en Colombia debía haber una agricultura empresarial de pequeña escala. Lo que sí pretendía, aunque puede haber una discusión, es que en la altillanura puede haber un desarrollo más empresarial. La decisión fue que las nuevas asignaciones de tierra del Estado se concentrarían en la pequeña propiedad. Y tengo que decir que prefiero más la pequeña propiedad productiva. Es lo que sería más equitativo y lo que genera una mayor distribución del ingreso. Pero también creo que las dos pueden coexistir, entre otras razones porque este es un país de diferentes regiones.

R. M.: Yo creo que acá estamos estigmatizando al gran empresario del agro. Acá no se mira mal la concentración en otros sectores donde es muy preocupante, como en las comunicaciones, las finanzas o las grandes superficies. Pero sí se mira mal al empresario agropecuario.

J. L.: Pero Rafael, la salida no puede ser empezar a estigmatizar a esos otros sectores.

R. M.: No, pero dejar de hacerlo con el campo. Un hacendado en Argentina, Chile, Estados Unidos o Europa se considera muy bien. Acá se estigmatiza.

J. A. O.: Rafael, yo creo que en parte tienes razón, pero acá la estigmatización tradicional ha sido sobre la propiedad improductiva. Yo siempre he estado a favor del empresariado agropecuario. 

R.M.: Nosotros también estamos en desacuerdo con el latifundio improductivo, pero también con el minifundio y microfundio improductivo. Los dos extremos son perjudiciales.

J. A. O.: Claro, porque es más capaz de manejar las fases posteriores como la comercialización, incluso en el ámbito internacional. En la pequeña propiedad nunca hemos resuelto cómo los dueños llegan a la fase de distribución y comercialización. El sector cafetero es el único que pudo diseñar un sistema alternativo con la Federación y el esquema de cooperativa para la compra de la cosecha, con la Federación convirtiéndose en un comercializador importante. Mi punto es que para un pequeño productor la solución integral no solo consiste en cómo tiene acceso a la tierra y a la tecnología, sino incluso en cómo saca sus productos. Yo no niego, por ejemplo, que para que haya un buen desarrollo, incluso de la pequeña propiedad, en la altillanura necesitamos más desarrollo empresarial, pues se trata de una región bastante atrasada. 

J. L.: Hoy en día el sector cafetero está en crisis. ¿Cuándo se vio en la historia un paro cafetero?

R. M.: Miren, adecuar una hectárea en el Vichada –en la altillanura– para poder sembrar cuesta entre 4 y 5 millones de pesos. De lo contrario no sirve. En otras regiones usted no tiene que hacer inversiones gigantescas. Allá en la altillanura no hay capa vegetal. Hay que entender que no basta con ir allá, sembrar y esperar la cosecha. 

J. L.: Cierto, una cosa son los Llanos, donde se requiere mucha más tierra para generar ingresos, y otra las fanegadas que se necesitan en la sabana de Bogotá o en Valle del Cauca, por ejemplo.

SEMANA: Lo de la coexistencia de los pequeños, medianos y grandes suena muy bonito. Pero se necesita una verdadera política de Estado en materia agraria, que no se ha logrado.

R. M.: Ese es un problema central. Necesitamos una política de Estado que involucre a todos los ministerios. No es solo la cartera de Agricultura. Esto debe ser una acción conjunta en la que participen los ministerios de Ambiente, Comercio, Defensa, Transporte, Minas, Educación y Vivienda. Se requiere una coordinación interinstitucional. Si no hay un presidente que tenga el concepto de política agrícola de Estado y la implemente, y también ponga a los ministros a colaborar y a coordinar con el ministro de Agricultura, no hacemos nada. Lo que se necesita en Colombia es que haya una coordinación. Cuando el ministro de Agricultura trata de que los otros le colaboren, hay que decir que no lo hacen con mucho gusto. 

J. A. O.: Sí, se requiere de una política agraria estable de largo plazo. Eso es fundamental, y no lo hemos logrado. Y en eso tiene que ver todo, por ejemplo los tratados de libre comercio tienen que ser subsidiarios a la política de Estado en materia agropecuaria. La proliferación de TLC no sé si ha beneficiado al agro colombiano. Incluso la política cambiaria tiene mucho que ver. Ahora, dentro de la política agraria hay que garantizarles mercado a todos los agricultores, acceso tecnológico, crédito e incluso alguna estabilidad de precios. Es decir, sí creo que debe haber un sesgo en la política, a favor del pequeño.

J. L.: Yo creo que no debemos olvidar hacer un esfuerzo estatal para fortalecer la institucionalidad. Creo que el Ministerio de Agricultura está bastante debilitado. Esto es muy importante.

J. L.: Pienso que el concepto de apoyo tiene que centrarse en los bienes públicos. No el subsidio directo, como el que hemos visto para calmar una protesta que puede tener sus razones. Esos 800.000 millones de pesos que está entregando el gobierno para cubrir parte del precio de la carga de café no están generando valor, productividad ni cambio. El apoyo que se necesita es la presencia del Estado con los bienes públicos que requiere el sector. 

R. M.: Nosotros hemos estado en desacuerdo con que el gobierno Santos haya abierto la puerta, irrespetando la gremialidad y la institucionalidad, para darle recursos a cualquiera que atraviese un tractor, una combinada o una vaca. Sin saber quiénes son, a quiénes representan ni si defienden intereses particulares. Lo vimos con el café, el cacao, el arroz o la papa. Cuando alguien protesta, el gobierno va y les da una platica. Coincido con que los bienes públicos deben ser la parte sustantiva de lo que se provea a través de todos los ministerios. Creo que por coyunturas transitorias los gobiernos deben subsidiar algunos sectores. 

J. A. O.: Siempre y cuando sea extranjera y no colombianos localizados en el extranjero. Me parece aberrante lo que estamos viendo, colombianos que se van al exterior para tener protección como inversionistas extranjeros en su propia tierra. Eso es lo más grotesco de lo que he escuchado. Eso es la violación de todas las normas. E incluso se van a otros sitios para tener beneficios tributarios. Esto está proliferando en todas partes y me parece un problema muy grave. Si acá vienen empresarios de otro país que quieran desarrollar el llano, me parece excelente, es una contribución en materia tecnológica en toda la cadena. 

R. M.: Pero es que miren lo que está pasando. Si uno tiene una inversión en el llano puede que después me puedan quitar la tierra. Pero si la inversión es de un extranjero, acá tiene protección y no lo podemos tocar.

J. A. O.: Claro. Entonces la legislación sobre tierras debe ser igual para todos. Si la inversión nacional no tiene protección, la del extranjero tampoco. Si uno tiene una política determinada, esta debe ser igual para ambos. 

J. L: Yo no le pondría límites a la inversión extranjera si viene a traer tecnología. Nosotros en el tema de la altillanura, por ejemplo, hicimos un diagnóstico de la inversión que estaba llegando, que, a propósito, se ha venido frenando. Lo importante de la inversión extranjera es que tenga valor, que traigan tecnología.

R. M.: Acá el problema no es la tierra, sino qué hacer con ella. Mire cómo es la distribución hoy en día. El Estado tiene el 20,59 por ciento de la tierra; en áreas protegidas está el 3,74; en resguardos y otros territorios indígenas, el 29,03; las comunidades negras tienen el 1,47; las comunidades religiosas el 0,03; otros el 0,43 y los privados el 44,71 por ciento. Es decir, el famoso banco de tierras tiene con qué alimentarse de todas partes. Las fincas de la costa que tiene el gobierno, que le ha incautado al narcotráfico, son una belleza; las que hay en Tolima y en Valle. Tenemos 4’900.000 hectáreas en agricultura, hay un potencial de 20 millones, pero, ¿se puede ir hasta allá? ¿Hay carreteras, salud, está presente el Estado? ¿Qué hace una persona a 18 horas de Bogotá con 30 hectáreas en la mitad del Vichada? Se muere. Lo importante es qué hacer con la tierra.

J. L.: Colombia tiene una oportunidad muy buena de salirse de los esquemas rígidos que no han generado beneficios y es que las tierras que son de propiedad del Estado no necesariamente las tengan que titular. Pueden ser entregadas en concesión o arrendamientos de largo plazo. La tierra en Inglaterra pertenece a la Corona. No todo tiene que titularse, sino entregarse en concesión a empresarios grandes o a una comunidad de campesinos con buenas asesorías. Ahora, a los informales hay que formalizarlos. 

R. M.: Estoy de acuerdo, en lugar de gastar una plata comprando tierras, se pueden arrendar. Al inversionista lo que le interesa es hacer algo sobre la tierra. 

R. M.: Nosotros fuimos claros desde el principio. No es que estuviéramos apoyando al presidente Santos, o a las Farc, sino al proceso con las reglas de que el modelo económico persistía, la propiedad privada bien habida se respetaba al igual que el sistema de libre mercado y que habría una distribución de tierra sustentada en los bienes extinguidos y por extinguir del narcotráfico, lo mismo que en baldíos, que son de propiedad del Estado, además de unos tiempos de la negociación. Las encuestas muestran que en una proporción alta el sector agropecuario está apoyando. Pero debo decir que hay inversión –extranjera y nacional– que se ha frenado, a la espera de cómo se va a desarrollar esto. Se está espantando la inversión. Hay miles de millones de dólares en juego. Y tengo que decir que es increíble que para poder invertir en el campo el gobierno haya tenido que llegar a un proceso de paz. Ahora, el país no puede parar y decir que, si fracasa el proceso de paz, ya no vale la pena seguir todo lo que se está planificando.

 

R. M.: Pues yo creo que este proceso le abrió los ojos al sector urbano. No crean que esto lo va a pagar solo el sector agrario, sino el país completo. No se crea que porque son banqueros, industriales o comerciantes quedarán al margen del proceso y del costo. Lo pagará todo el país.

J. A. O.: Yo agregaría una cosa en la misma línea. Esta es la oportunidad de vencer la mayor inequidad que se ha generado en Colombia entre al campo y la ciudad, que se ha profundizado. Y creo que hay que pensar en una reforma tributaria.

J. L: Estoy de acuerdo. El país va a tener que profundizar los ingresos tributarios. Se requerirá una tributación directa mayor pensando en el postconflicto.

R. M.: Sí, mire lo que sucede. El sector rural está generando el 18 por ciento del empleo nacional y, de este porcentaje, el 67 por ciento corresponde a la actividad agrícola. Hace diez años era el 54 por ciento. Es decir, ha venido subiendo y en esa medida ha ayudado a reducir la pobreza y la pobreza extrema. El problema es cuando se separan el campo y la ciudad, la brecha es muy grande. En lugar de reducirse, la desigualdad subió en educación, salud y vivienda. Todo esto significa que el énfasis del país ha estado en el sector urbano. Yo les pregunto, ¿cuál fue la coyuntura para que se volviera a mirar hacia el campo? Claramente es el proceso de paz. 

J. A. O.: Estoy de acuerdo. Cuando uno ve los datos se da cuenta que el coeficiente de Gini de las ciudades ha venido bajando, pero el general no, lo cual quiere decir que la brecha es creciente entre el campo y la ciudad. Una proporción muy grande de los pobres está en lo rural. En este tema hay una enorme paradoja, la forma como se hizo la descentralización en Colombia: el crecimiento de recursos para las ciudades pequeñas y las zonas rurales fue muy alto. En los años noventa el salto inicial en los pueblos pequeños podría ser del 200 por ciento de ingresos adicionales. Porque aumentó el dinero para las regiones pero también la desigualdad. Hay una pregunta interesante: ¿qué ha pasado con esos recursos? 

R. M.: La SAC apoyó los tratados porque la oferta agrícola está creciendo más rápido que la demanda interna. Si no hay tratados para buscar salida a los productos, los precios se caen internamente y se quiebra el sector agropecuario y no hay forma de crecer y de reducir la pobreza. Ese fue el principio por el cual miramos que los tratados no fueran solo uno. La importancia de los tratados es que le permiten crecer al sector, pues hay más inversión, hace que mejore la oferta, que haya crecimiento, que se genere más empleo y por supuesto que aumente la rentabilidad.

J. A. O.: Yo digo que el sector agrícola colombiano es por vocación un exportador neto. Lo que uno se pregunta es por qué no lo es más cuando hay muchas oportunidades para hacerlo. Hay unos sectores que tienen muchos problemas para ajustarse y hay otros que no han podido despegar, lo que tiene que ver con la falta de un trabajo sistemático para hacer una mejor oferta. Por ejemplo el de frutales, donde se podría ser muy exitoso. Los TLC los veo como una oportunidad, pero también hay que mirar la sensibilidad de los subsectores, que con el proceso de paz creo que se van a volver mucho más sensibles. Hay que ver qué se hará con ellos desde el punto de vista de la política de comercio exterior.