EN CINTURA

Despues de la salida de Colombia de la Philip Morris, la empresa fabricante de los cigarrillos
Marlboro, se produjo un silencio que algunos interpretaron como una baja en la guardia de la Dian en ese
frente. Pero nada más lejos de la realidad. El caso de la Philip Morris fue apenas el comienzo de una
titánica lucha de la entidad estatal por acabar con ciertas prácticas de comercio internacional que eran
avaladas por algunas compañías multinacionales y que terminaban favoreciendo el contrabando de un
buen número de productos industriales al país. Y la prueba de que las cosas van por buen camino es que
ya son varias las firmas internacionales _incluida la propia Philip Morris_ dispuestas a firmar acuerdos
anticontrabando con el gobierno nacional.
Las prácticas en cuestión están íntimamente ligadas con el lavado de dólares provenientes de actividades
ilícitas. El mecanismo involucra a distribuidores en el Caribe y Centroamérica, que compran la mercancía a las
compañías extranjeras _que la venden legalmente_ y posteriormente la introducen de contrabando a
Colombia. Los distribuidores pagan en dólares por sus compras en el exterior, mientras que los
contrabandistas en Colombia consignan a su favor y en pesos en cuentas dentro del país a una tasa de
cambio muy inferior a la oficial. De esta forma se genera una relación entre los dólares obtenidos por
actividades ilícitas en el exterior y el contrabando de bienes producidos por las compañías
multinacionales.
El vínculo contrabando-lavado de activos es la piedra angular del ataque de la Dian contra productos
introducidos ilegalmente en Colombia, en par-ticular cigarrillos, electrodomésticos y licores. Y la idea es
trabajar muy de cerca con las autoridades de los países de origen de la mercancía para hacer saber a los
productores el peligro que existe en vender artículos que posteriormente pueden ingresar al país de
contrabando.
En este sentido el próximo 21 de septiembre, en la Cumbre de las Américas, se anunciará la firma de un
convenio entre el gobierno nacional y el de Estados Unidos relacionado con el lavado de activos y el
contrabando. El principal componente del acuerdo es permitir que las autoridades de los dos países
compartan información sobre las prácticas relacionadas con el lavado de activos, para impedir que las
compañías multinacionales sigan vendiendo sus mercancías a empresas o personas que finalmente las
colocarán de manera ilegal en el mercado colombiano.
A través de estos acuerdos se busca que todas las empresas extranjeras que tienen productos
susceptibles de ser introducidos ilegalmente a Colombia empiecen a vigilar a sus clientes con el propósito de
que el control del contrabando se haga directamente desde los proveedores de la mercancía, y no solamente
a través de decomisos del producto en el país. Porque si bien éstos últimos han dado resultado en el
pasado son una herramienta limitada para un problema de tanta magnitud. Según los últimos estimativos,
anualmente entran al país ilegalmente productos por un valor superior a los 3.000 millones de dólares.
Hoy, después de varios meses de negociación, la Dian y las multinacionales están muy cerca de lograr
acuerdos. Además de la Philip Morris _que está en conversaciones con el gobierno_ en las últimas
semanas compañías de la talla de British American Tobacco (BAT), Sony, Whirlpool y Fisher Price han
firmado o están en conversaciones para firmar convenios anticontrabando con la Dian con el fin de que
controlen sus ventas a los distribuidores en el área del Caribe y Centroamérica.
Los acuerdos anticontrabando que están celebrando las compañías multinacionales con la Dian implican
cambios en la forma como se están comercializando sus productos en Colombia, en particular en lo
relacionado con la distribución.
Hasta ahora la distribución se realizaba a través de las conexiones entre contrabandistas y compañías en
Centroamérica y el Caribe. Un compromiso importante en el acuerdo con la Dian consiste en que los
proveedores de productos importados establezcan sus propios representantes en Colombia, si aún no los
tienen, para que sea este representante quien compre directa y legalmente la mercancía sin tener que
recurrir a terceros.
Aunque esto encarece los productos importados (pues, entre otras, las importaciones se tienen que
hacer con base en la tasa de cambio oficial), uno de sus efectos inmediatos será mejorar sustancialmente el
recaudo del IVA, del impuesto de renta y de los impuestos aduaneros. En lo corrido del año estos
últimos solamente alcanzan el 71 por ciento del recaudo presupuestado inicialmente por el gobierno.
Lo cierto del caso es que con la decidida acción del gobierno las compa-ñías multinacionales que venden
sus productos en Colombia enfrentan un escenario que las pone a pensar dos veces en seguir
vendiendo a distribuidores que posteriormente puedan cometer ilícitos con sus productos. Continuar con
este tipo de prácticas podría traerles problemas en sus países de origen. Para una compañía norteamericana,
por ejemplo, es muy serio estar investigada por complicidad en el lavado de activos. Esto no solamente tiene
implicaciones graves en términos del mercado nacional sino que puede tener consecuencias incalculables para
sus ventas en otros países del mundo.
Y el gran beneficiado es el gobierno. La firma de compromisos con las multinacionales implica una
reducción sustancial en la evasión de impuestos por esta vía, además de la recuperación del empleo en
muchas industrias afectadas por este mal. Cuando la evasión implica que la Nación deja de recibir
_según estimativos de la Dian_ 840 millones de dólares al año, o un monto igual al que genera una reforma
tributaria como la aprobada a comienzos del año, son claros los incentivos para lograr acuerdos lo más rápido
posible.