En vos confío

Cómo el presidente Álvaro Uribe apoyó al candidato Enrique Peñalosa por la Alcaldía de Bogotá y luego hizo como que desconocía el triunfo de Samuel Moreno, se llegó a pensar que el gobierno se iba a atravesar al Polo Democrático en la ciudad.

Pero aunque el gobierno se la ha jugado por la capital al apoyarlo en la Fase III de TransMilenio y al montarse incluso al metro, al tren de cercanías y al futuro Sistema Integrado de Transporte (Sitp), lo cierto es que la hora de las definiciones por fin llegó.

En este momento el gobierno tiene en su escritorio la suerte de esas grandes obras que, junto con la ampliación de la Autopista Norte y la carrera Séptima, entre otras, no sólo definirán el rumbo de Bogotá y la región, sino del futuro político de Samuel Moreno y del Polo en la capital. Pero Uribe y su reelección también dependen de los bogotanos.

La mayor tensión en el Palacio Liévano está en el metro. Tras haber definido la primera ruta y cómo funcionará el Sitp, la llave del metro está en el Palacio de Nariño, que revisará todo el proceso. Se trata de una posición incómoda para una ciudad que tiene la mayoría de edad para decidir lo que quiere hacer, que dispone de los recursos y ha hecho bien la tarea, pero necesita que el papá, en este caso el gobierno, le revise lo que ha hecho y le dé el permiso para seguir adelante.

En buena medida realizarán esa labor fiscalizadora las universidades Nacional y de Los Andes, que como 'validadores' están revisando el trazado y todos los estudios técnicos y económicos realizados por el consorcio Sener & Transporte Metropolitano de Barcelona. A su vez, Planeación Nacional está preparando el documento Conpes con el que la Nación se comprometerá a financiar hasta el 70 por ciento de la obra.

El trabajo de las dos instituciones educativas ha empezado a molestar a Bogotá. La Alcaldía y los consultores extranjeros consideran que las dos universidades quieren abordar temas que van más allá de lo estipulado en la validación y no tienen la experiencia necesaria para darle el visto bueno o rechazar megaproyectos como este.

Dudan acerca de los alcances políticos y económicos que puedan tener las opiniones de las dos universidades y si, llegado el caso, podrían frenar el metro. Esas son "algunas de las consecuencias que puede tener el gol que se dejó meter el alcalde Moreno al aceptar a los famosos validadores", dijo un alto funcionario de la Alcaldía.

Por ahora, la buena noticia para Bogotá es que en la reunión que sostuvo el presidente de la República, Álvaro Uribe, con el gobernador de Cundinamarca, Andrés González, y sus equipos técnicos la semana pasada, se aclaró la financiación del metro y del tren de cercanías. "Las vigencias futuras que recibirá Bogotá de la Nación, estimadas en unos 250.000 millones de pesos al año, servirán para financiar el Metro y TransMilenio, mientras que el tren de cercanías, una vez obtenga el visto bueno del gobierno, recibirá recursos nuevos con cargo a las vigencias futuras de la Gobernación de Cundinamarca", dijo Mateo Restrepo, Alto Consejero Presidencial para la Política Anticíclica. Es decir, cada mandatario tendrá su propia chequera para cumplir sus promesas.

Esta decisión le quita la espada de Damocles que tenía el metro. Pero aunque le da aún mayor viabilidad financiera, mantiene a Bogotá en el tablero, esperando el sí de la Nación. El ministro de Transporte, Andrés Uriel Gallego, le dijo a SEMANA que Bogotá debería estar tranquila en que esas y otras decisiones estén en el gobierno nacional, porque siempre le ha cumplido y ha respetado sus decisiones. "La prioridad del Presidente y la nuestra es darle a la capital todo lo que necesite para mejorar la calidad de vida, la movilidad y los accesos a la ciudad".

Precisamente uno de los temas que deberán solucionar Bogotá y la Nación es el futuro del aeropuerto El Dorado, una vez que por fin se pudo firmar el acuerdo para demoler la antigua terminal. Ahora se debe definir la financiación de las vías de acceso, la entrada de TransMilenio y la reubicación de más de 5.000 familias, que vale miles de millones de pesos.

Ampliación de la Autonorte y la Séptima, en veremos
No se sabe qué ha sido más traumático para los habitantes del norte de Bogotá en 2009, si el desbordamiento del humedal de Torca el 15 de octubre, que cerró la entrada a la capital en esa zona y generó un caos monumental, o el hoy ex director del Instituto Nacional de Concesiones (Inco), Álvaro José Soto.

Si bien desde hace varios años se ha venido hablando de la necesidad de ampliar la Autopista Norte y la carrera Séptima, sólo este año se pudo encontrar una fórmula para hacerlo: entregar las vías a la Nación para que éstas entren al Sistema Nacional de Concesiones. Con esto se busca que Devinorte, la empresa que opera las vías hacia Sopó, amplíe la Autopista y la Séptima desde las calles 192 y 236 hacia el norte, a cambio de que se le extienda la concesión. Los costos podrían superar los 450.000 millones de pesos.

El 25 de febrero el Distrito y la Nación firmaron el convenio para entregar las vías, pero el Inco, entidad encargada de negociar con el concesionario, no ha podido llegar a un acuerdo con el argumento de que es un tema complejo. Pero la salida del director, Álvaro José Soto, por supuestos cargos de corrupción, sembró dudas sobre su lento actuar en un tema que era prioritario. Ahora, nueve meses después, la Nación sigue con las vías en su poder pero estancadas, a merced de que los humedales de Torca o Guaymaral inunden calzadas que tienen más de 50 años de construidas. Se supo que el presidente Álvaro Uribe se comprometió con el alcalde Samuel Moreno a despejar el camino antes de finalizar este año. Mientras tanto, los bogotanos seguirán diciendo, con una fe basada en la necesidad, "en vos confío".