EN CONTRAVIA

Colombia es, sin duda, uno de los países más violentos del mundo. Así lo demuestran las estadísticas que se publican frecuentemente sobre homicidios y otro tipo de delitos contra la vida y la propiedad. Curiosamente _y a pesar del creciente cansancio de los colombianos con ese estado de cosas_ los analistas políticos no se han podido poner de acuerdo sobre las razones de tal violencia. Por eso la candidata presidencial María Mercedes Cuéllar decidió incluir, dentro de su gran encuesta nacional sobre 'valores, instituciones y capital social', un módulo relativo a la violencia en los municipios colombianos. Los resultados de la encuesta, que incluyó a 44 municipios del país, son bastante sorprendentes y demuestran la precariedad del diagnóstico tradicional sobre la violencia en Colombia. Después del trabajo realizado por la Comisión de Estudios sobre la Violencia del gobierno Barco _en el que participó un grupo de expertos que a partir de ese momento se conoció como de 'violentólogos'_, hizo carrera en el país la idea de que sólo una pequeña fracción de las muertes violentas que ocurren en Colombia son atribuibles al conflicto armado y que la mayoría corresponden a problemas de convivencia entre los ciudadanos. La encuesta de la campaña de María Mercedes Cuéllar muestra que el diagnóstico de los violentólogos fue _como dice el analista Mauricio Rubio_ "benigno en cuanto a la contribución de las organizaciones armadas a la tasa de homicidios y que, por el contrario, hizo demasiado énfasis en los conflictos cotidianos entre los colombianos". Aunque, como lo reconocen los autores de la encuesta, la muestra es pequeña en términos del número de municipios cubiertos, los resultados permiten afirmar que hay una estrecha relación entre la presencia de organizaciones armadas y la violencia municipal en Colombia. Como se puede observar en la gráfica correspondiente a la relación entre el número de organizaciones armadas con presencia en los municipios incluidos en la encuesta y el número de homicidios registrados en cada uno de ellos, la incidencia de la violencia homicida es mayor en aquellos sitios donde operan tres o más grupos en armas. "Por el contrario _sostiene Rubio_, en las localidades donde no hay presencia guerrillera, ni de otros grupos armados, la violencia es más baja". Esa interpretación va en contravía de varias de las conclusiones más importantes a las que habían llegado los violentólogos a finales de los 80, como la de que "mucho más que las del monte, las violencias que nos están matando son las de la calle", o la de que "los colombianos se matan más por razones de calidad de sus vidas y de sus relaciones sociales que por lograr el acceso al control del Estado". Y no necesariamente porque la totalidad de los homicidios que ocurran en el país se deban adjudicar a los grupos armados, sino porque la presencia de estos últimos está intimamente relacionada con la falta de un Estado que garantice el orden o con el desplazamiento violento de las pocas instituciones estatales que podrían garantizarlo.
Problema nacional
Otro de los mitos que ponen en cuestión los resultados de la encuesta es que la violencia en Colombia sea un fenómeno fundamentalmente urbano. De acuerdo con los análisis realizados en el interior de la campaña, "aunque las tres grandes urbes _Bogotá, Medellín y Cali_ contribuyen con un gran número de muertes intencionales al total nacional, la violencia colombiana actual, a diferencia de lo que ocurre en otros países, está lejos de poder ser considerada un problema exclusivo de los grandes centros urbanos". En efecto, cuando se ordenan los 44 municipios incluidos en la muestra de acuerdo con la incidencia de la violencia que afecta sus hogares, Cali ocupa el puesto 18 y Bogotá el 19. Medellín, con el tercer puesto, es la única gran ciudad que se sitúa entre los 10 municipios más violentos. Tampoco parece ser cierto, y ese es otro de los aportes de la encuesta a la discusión sobre el fenómeno de la violencia en Colombia, que esta última dependa exclusivamente de lo que los estudiosos del tema llaman "causas objetivas", y en particular de los niveles de pobreza. "Los datos de la encuesta no sirven para corroborar esas afirmaciones. Las condiciones de pobreza de las localidades no parecen asociadas con la incidencia de la violencia homicida. No es en los municipios más pobres de los incluidos en la muestra _como Quibdó, Tierralta, la Montañita o el Plato_ en donde se observa una mayor incidencia de los homicidios. Por el contrario, en algunas localidades con muy bajos índices de pobreza, como Medellín o Bucaramanga, es bastante alto el porcentaje de hogares que se han visto afectados por una muerte intencional".
Armas y violencia
Ahí no se detienen, sin embargo, los hallazgos de la encuesta. Hay otro factor que durante muchos años se ha considerado como uno de los factores multiplicadores de la violencia en Colombia, que es el porte de armas. El hecho de que la mayoría de los homicidios se cometan con arma de fuego ha llevado a la conclusión de que el control del porte de armas puede contribuir a la reducción de los niveles de violencia. Los datos de la encuesta tampoco apoyan esta visión. "La posesión de armas reportada por los hogares no aparece positivamente asociada con la violencia. Por el contrario, en los municipios en donde más del 30 por ciento de los hogares reportan tener un arma de fuego, como Manizales, Tunja y Ocaña, no es muy alta la incidencia de homicidios". En resumen, la violencia en Colombia _que no tiene parangón en sociedades modernas y desarrolladas_ parece responder mucho más a la acción de agrupaciones armadas al margen de la ley que a los problemas de convivencia ciudadana. Y eso, sin duda, tiene un peso fundamental a la hora de diseñar estrategias para combatirla y para aclimatar un proceso de paz. Como dice Mauricio Rubio, "si resulta ahora fundamental e inaplazable buscar un diálogo con los grupos armados, es porque se les asigna una alta responsabilidad en el elevado número de muertes intencionales que anualmente sufre el país".