En contravía

Una muy dura decisión que tomó el miércoles pasado la Procuraduría podría costarle el puesto a Daniel García Arizabaleta como director del Instituto Nacional de Vías (Invías) y sería el fin de su corta pero descollante carrera en la administración pública. Fue acusado de haberse posesionado sin cumplir los requisitos, de aportar a su hoja de vida documentos falsos, de abuso de poder, de cambiar las normas para sostenerse en el puesto y, lo que es más grave, según los investigadores, es que todo esto lo hizo a conciencia. Es decir, que hubo dolo en sus actuaciones. Su suerte no podría ser más sensible. Las irregularidades que encontraron los investigadores no sólo se cometieron al posesionarse como director del Instituto, sino durante los cinco años en los que ha ejercido cargos públicos.

Todo comenzó en marzo pasado por una queja enviada a la Procuraduría "por un colombiano que quiere al país", quien observó en la hoja de vida que publicó la página web de la Presidencia de la República que el funcionario no cumplía los requisitos para el cargo. Siete meses después, la Procuraduría ya tenía pruebas para acusarlo por 12 cargos disciplinarios que cometió, no sólo como director del Invías, sino en tres cargos más que ha ocupado durante este gobierno: asesor presidencial, director del Instituto Colombiano del Deporte (Coldeportes) y viceministro de Transporte.

Según la investigación, para posesionarse y ejercer todos estos cargos, el funcionario no cumplía los requisitos exigidos. Su profesión de arquitecto no se encontraba prevista dentro de las posibles para ejercer el cargo, ni era un área afín con sus funciones. No acreditó la tarjeta profesional ni título de formación avanzada. No presentó la libreta militar y anexó en su hoja de vida una experiencia laboral con una certificación falsa de una empresa de su familia dedicada a la construcción, que ya estaba siendo liquidada. También concluyen los investigadores que García modificó los manuales de requisitos de Coldeportes y del Invías para incluir la profesión de arquitecto "con el fin último de legitimar su propia estadía en el cargo. Tenía conocimiento irregular de su comportamiento y, a pesar de ello, voluntariamente optó por realizar una conducta prohibida y con motivos ocultos para favorecer sus propios intereses", dice en uno de sus apartes el informe.

García Arizabaleta es quizás uno de los funcionarios más queridos por este gobierno. Su primera experiencia en el sector público fue cuando asumió el cargo como asesor de la Presidencia de la República. Luego fue nombrado director de Coldeportes. Después de ocupar este cargo durante tres años, se posesionó como viceministro de Transporte y ante la crisis desatada en el Invías a finales de 2006, el ministro Andrés Uriel Gallego lo encargó de la dirección del Instituto para que apaciguara la tormenta desatada en los medios que destaparon la corrupción dentro del organismo. Su director, Mauricio Ramírez Koppel; el secretario administrativo y técnico; la jefe de la Oficina de Planeación, y el jefe de la Red Nacional de Carreteras renunciaron irrevocablemente en medio de cuestionamientos por problemas en el proyecto vial bandera de la primera administración Uribe, conocido como el Plan 2.500. La conmoción que generó esta salida masiva de funcionarios se asoció con denuncias de malos manejos en los dineros para atender emergencias viales.

La Procuraduría califica de "gravísima" la conducta de García Arizabaleta y será en un juicio fiscal en donde se defina si quedaría inhabilitado para ejercer funciones públicas. "Yo soy respetuoso de las instituciones y en este caso de la Procuraduría, pero también soy consciente de que genero muchísima incomodidad en algunos sectores porque estoy luchando contra la corrupción. Estoy dispuesto a ir hasta la instancia pertinente para darles claridad a todos estos puntos", le dijo a SEMANA el director del Invías.

Pero el Ministerio Público no sólo se fue lanza en ristre contra el director del Invías. También considera que sería responsable de estas irregularidades el ministro de Transporte, Andrés Uriel Gallego, por haber nombrado a García sin el cumplimiento de las directrices presidenciales que se deben tener en cuenta para velar por la transparencia en la administración pública.