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| 3/20/1995 12:00:00 AM

EN LA MIRA

Nueva doctrina de seguridad nacional de Estados Unidos abre la puerta para intervenciones militares contra el narcotráfico fuera de sus fronteras. San Andrés podría llegar a ser uno de los blancos

EN LA MIRA, Sección Nación, edición 668, Mar 20 1995 EN LA MIRA
DESDE HACE ALGUNAS SEMANAS, CUANDO las declaraciones del embajador estadounidense Myles Frechette dejaron en daro que este año no iba a ser fácil para Colombia obtener de Washington la certificación de su buena conducta en cuanto a la lucha antidrogas, son muchas las explicaciones que se han aventurado sobre los verdaderos orígenes de esta actitud. Fuentes del gobierno colombiano han sostenido que detrás de todo pueden estar los problemas políticos del gobierno demócrata con el Congreso republicano. Otros análisis apuntan hacia la posibilidad de que se haya generado una crisis de confianza con el gobierno colombiano. Algunos especulan, incluso, con la resurrección del caso de los narcocasetes y otros más han llegado hasta echarle el agua sucia al embajador en Washington, Carlos Lleras de la Fuente.
Aunque en todo lo anterior puede haber elementos válidos, en los últimos días ha surgido una nueva explicación que podría llegar definitivamente al fondo del problema. Según ella, el gobierno de Estados Unidos habría decidido que quiere tener las manos libres frente a Colombia en lo relacionado con la lucha antinarcóticos. ¿Qué significa eso de tener las manos libres? Para empezar, dejar atrás la era de la estrecha cooperación entre los dos países que por años han actuado como socios en esta guerra. La gran pregunta es: ¿para qué quiere Estados Unidos romper esta sociedad? Difícil decirlo con certeza, pero quizás haya llegado la hora de plantear algo que en el pasado sólo cabía en la mente de las personas con temperamento novelero: la posibilidad de que soldados estadounidenses intervinieran directamente en territorio colombiano en contra de los carteles de la droga. Se llegó a hablar del secuestro de capos por parte de grupos de comando para llevarlos a Estados Unidos, de bloqueos aéreos y navales y hasta de una invasión al país al estilo Panamá.
Sin embargo nadie se ha tomado muy en serio estas especulaciones en los últimos años, aunque llegaron a tomar cuerpo en la literatura de la guerra antidrogas en novelas como 'Peligro Inminente', de Tom Clancy. Sin embargo, puede que sea el momento de revisar esta actitud escéptica. En las últimas semanas han surgido algunas señales que, leídas con la suficiente perspicacia, deberían llevar a la conclusión de que los norteamericanos no descartan del todo la opción de involucrarse de manera directa en territorio colombiano en la guerra contra los carteles. Esas señales incluyen recientes declaraciones de altos funcionarios civiles y militares de Estados Unidos y artículos de la rarensa norteamericana.
Aunque en el alto gobierno colombiano ningún funcionario habla públicamente sobre el asunto, en privado algunos ministros han comenzado a analizarlo con cierto cuidado.

NUEVAS MISIONES
Uno de los funcionarios norteamericanos que más pistas ha dado en sus conversaciones con los periodistas sobre lo que puede llegar a suceder es el general Barry R. McCaffrey, jefe del Comando Sur de las tropas norteamericanas. Desde la base área de Howard, en Panamá, McCaffrey está al mando de unos 8.000 hombres. El Comando Sur fue por décadas la avanzada de las fuerzas militares de Estados Unidos en la lucha contra las guerrillas izquierdistas de Centro y Suramérica.
En algunos casos -como el de los boinas verdes que en Bolivia combatieron al grupo guerrillero de Ernesto 'Che' Guevara- esas tropas se involucraron directamente en la lucha antisubversiva. En otros sirvieron como asesores y entrenaron a soldados contraguerrilleros latinoamericanos. Pero ahora, por cuenta de la caída del comunismo y del franco retroceso -a excepción del caso colombiano- de los grupos guerrilleros en el continente, los hombres del Comando Sur, al igual que decenas de miles de soldados norteamericanos repartidos por todo el planeta, han sido obligados a replantear su papel,porque se están quedando sin oficio. En buena parte de los casos los soldados de Estados Unidos han pasado a integrar, tras el fin de la Guerra Fría, cuerpos multinacionales de paz en zonas como Somalia, Bosnia y Ruanda. Pero en el caso del Comando Sur el papel futuro de estos hombres parece ser diferente.
Hasta 1991 las fuerzas militares norteamericanas nunca se involucraban directamente en la lucha antidrogas y aunque esto ha ido cambiando, aún hoy están lejos de ser la agencia líder en esta guerra. Pero no hay duda de que cada vez asumen un papel más significativo en el combate del narcotráfico internacional. Y esto puede volverse especialmente claro en el caso del Comando Sur. Para el general McCaffrey, "los narcóticos son un problema de seguridad nacional", y por esa razón es válido que los militares -y ya no sólo la agencia antidrogas DEA o la Aduana de Estados Unidos- participen de manera creciente.
En lo que se refiere al Comando Sur, por lo pronto ya es de público conocimiento que en sus instalaciones están recibiendo entrenamiento las fuerzas militares de los países productores y procesadores de drogas ilegales, en materia de utilización de alta tecnología y sofisticados sistemas de inteligencia para luchar contra la producción y el tráfico. En el caso específico de Colombia, fue el Comando Sur el encargado de coordinar toda la colaboración técnica de los militares norteamericanos,para la persecución de Pablo Escobar, desde cuando éste se fugó de la cárcel de La Catedral en julio de 1992. "los vuelos de los aviones que servían para el rastreo de las comunicaciones telefónicas y radiotelefónicas de Escobar salían de la base de Howard, en Panamá, y buena parte del análisis técnico de inteligencia que apoyaba nuestras acciones era hecho por hombres del Comando Sur", dijo a SEMANA un oficial retirado colombiano que participó de cerca en estas tareas.
Pero entre algunos militares norteamericanos parece existir gran inconformidad frente a las limitaciones que tiene este papel más bien lateral en la lucha antidrogas. La semana pasada el prestigioso diario The Washington Post tituló a seis columnas: "Tropas de E. U. en Panamá cambian de blanco de los marxistas a los traficantes de droga". Esta es la primera vez que se le da semejante despliegue a la teoría de una variación en los alcances de la doctrina de seguridad nacional. Si hasta 1990 el mayor problema de Estados Unidos había sido la amenaza comunista, al desaparecer ésta el nuevo coco es la amenaza narco.
En el artículo del Post, McCaffrey habló largamente y se lamentó de los fracasos que ha tenido la lucha antidrogas: "A pesar de la enorme dedicación que hemos puesto, el impacto destructivo de las drogas no se corresponde con los esfuerzos que hemos hecho". Sostiene por ello que "necesitamos comprometernos por una o dos décadas en esta lucha y dejar de engañarnos con la idea de que el asunto se va a resolver en uno o dos años ".
Y aunque este duro general reconoce que para esas dos décadas los militares "no son la herramientn más apropiada" y afirma que la mejor arma es la persecución legal a los criminales, cree igualmente que en los países de la región los jueces suelen ser intimidados, asesinados o comprados, y que ante ese hecho es imposible seguir cruzado de brazos. En la región de influencia del Comando Sur hay 19 países cuyas fronteras "nosotros reconocemos, pero los narcotraficantes no. Si todos juntos no los agarramos van a derrotarnos individualmente".
Las implicaciones de los planteamientos de McCaffrey no son pocas. La insistencia en que el narcotráfico es un asunto de seguridad nacional está lejos de ser una frase de cajón. El propio secretario de Estado norteamericano Warren Christopher la ha repétido recientemente. Para Washington, de seguridad nacional es todo problema que ponga en peligro la seguridad de Estados Unidos. Y cuando la seguridad de Estados Unidos está comprometida, sus fuerzas militares son las encargadas de actuar en cualquier momento y en cualquier lugar.

EL CASO DE SAN ANDRES
Pero si se ha puesto de moda que los funcionarios en Washington hablen del narcotráfico como asunto de seguridad nacional, hay otra moda entre los representantes del gobierno estadounidense que, aunque menos pública, es observada con gran preocupación por los funcionarios colombianos. Se trata de la tendencia cada vez más fuerte a hablar del caso de la isla colombiana de San Andrés como de un asunto de "seguridad regional".
En efecto, existe un interés cada vez mayor de Washington por lo que está sucediendo en el archipiélago, convertido en el curso de escasos cinco años en uno de los principales bastiones de los carteles (ver siguiente artículo). Ese interés se ha visto reflejado en el último mes en una serie de artículos de los principales periódicos de Estados Unidos, entre ellos uno de primera página de The New York Times y una columna del prestigioso periodista investigativo Jack Anderson en The Washington Post. En todas esas notas San Andrés es presentado como un centro de distribución de droga para el Caribe, Centroamérica, México y Estados Unidos ante la indiferencia y hasta la complicidad de las autoridades colombianas.
Lo curioso de estas denuncias contra el archipiélago es que no se compadecen con los esfuerzos que las autoridades colombianas han hecho para conseguir cooperación de Washington en un ambicioso programa para controlar las actividades de narcotráfico en la isla y su zona de influencia. Cuando se inició la administración Samper el ministro de Defensa, Fernando Botero, y el Canciller, Rodrigo Pardo, recibieron señales de preocupación de las autoridades norteamericanas con respecto a San Andrés. El presidente Samper promovió entonces la realización de un Consejo de Seguridad en la isla, el cual se celebró el 14 de octubre, y un equipo de sus colaboradores redactó un plan estratégico para enfrentar el problema. El programa se basaba en la construcción de una estación de guardacostas, la adquisición de importante equipo naval y la presencia militar en la torre de control y otros puntos claves del aeropuerto y de la isla y su mar territorial.
Una vez definido el plan, el gobierno colombiano pidió ayuda a Washington para financiarlo aunque fuera parcialmente. Pero las autoridades norteamericanas sorprendieron a los funcionarios colombianos con una actitud muy négativa frente a la iniciativa. "Argumentaron problemas presupuestales -dijo a SEMANA un funcionario diplomático en Bogotá-, pero es obvio que eso no es màs que una excusa, pues ellos habrían podido cedernos, sin desembolsarun solo dólar, tres o cuatro patrulleras de segunda mano que necesitamos". La fuente agregó que lo que preocupa de la actitud norteamericana no es sólo la falta de interés en el plan, sino el hecho de que pocas semanas después de la negativa filtraron al New York Times y al Washington Post la historia sobre San Andrés, dando la idea de que el gobierno colombiano no se preocupa por el asunto.
Todo esto podría ser visto sólo como un malentendido si no fuera porque el gobierno colombiano se ha enterado de que hace pocas semanas un alto funcionario del Departamento de Estado viajó a Nicaragua, y en sus entrevistas con las autoridades de ese país trató ampliamente el tema de San Andrés y de la aparente incapacidad del gobierno colombiano de ponerle coto a la situación. Si se tiene en cuenta que Nicaragua ha sostenido por años que San Andrés le pertenece, y que el tratado Esguerra-Bárcenas que estableció la soberanía colombiana en el archipiélago fue firmado cuando Nicaragua estaba invadida por marines norteamericanos hace ya varias décadas, por lo cual, én cierto modo, Washington es garante de ese tratado, entonces la preocupación de las autoridades colombianas es fácil de comprender, pues todo indica que cada día que pasa es más difícil separar la cuestión de soberanía de la del narcotráfico en lo que a San Andrés se refiere.
"En el gobierno no hay alarma con el tema y nadie quiere encender un incendio en un asunto que aún no está claro -explicó a SEMANA una alta fuente diplomática en Bogotá-. Pero no podemos negar que resulta cuando menos molesto que haya tanta preocupación en las altas esferas de Washington por una de las más pequeñas islas del Caribe".
Y es que en verdad no hay aún motivos suficientes como para alarmarse. Al fin y al cabo Colombia no es una banana republic. De ahí que el riesgo de una intervención militar norteamericana en algún lugar del territorio nacional siga siendo muy remoto. Pero si esto está claro, también lo está que en Washington hay gente que ha llegado a pensar en el tema. Lo que no se sabe todavía es si lo está pensando para llevarlo a cabo algún día, o sólo para usarlo como herramienta para apretarle las tuercas a Colombia.

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