EN LAS NARICES DEL TIO SAM

Las cifras no mienten, y 25 millones de personas son mucha gente. A esa cantidad ha llegado el número de norteamericanos que consumen unas drogas ilegales que, por otra parte, consiguen cada vez más fácilmente, por menos dinero y con mejor calidad.

Ese es un panorama que ha hecho que a lo largo y ancho de los Estados Unidos, se eleven voces que claman por la reforma de la política de su país contra el consumo de drogas. Lo que las motiva es las desproporción y la falta de tino de los esfuerzos gubernamentales frente a unos resultados que parecen pírricos.

No se trata ya de los movimientos radicales que desde los años 60 vienen propugnando por la liberalización de las drogas amparados tras supuestas banderas libertarias. El movimiento actual surge principalmente de estratos intelectuales que ven un gran despropósito en todo el esquema.

Uno de esos grupos es el que conforma el Pacific Research Institute for Public Policy (Instituto de Investigaciones del Pacífico para las Políticas Públicas), que publicó a fines del año pasado un estudio hecho por 10 científicos sociales bajo el título Dealing with drugs (literalmente "Negociando con drogas").

La propuesta de estos sociólogos no es revolucionaria: sólo quieren poner en claro la necesidad de evaluar los resultados de la política actual de reprimir el tráfico de drogas para formular una nueva, más realista y menos costosa. Pero para evaluar estos costos no solamente contabilizan el dinero gastado, sino el precio moral de la burocratización, los compromisos con políticas represivas demostradamente ineficaces y la manipulación de cifras y datos, cuando no la utilización de las propias redes de narcotraficantes para financiar a los contras de Nicaragua, como lo hizo la CIA, al vender, según los autores, cocaína colombiana en los propios Estados Unidos.

El editor del libro, Ronald Hanowy, revela las cifras verdaderas del costo de la lucha. Aunque el presupuesto federal llegó en 1985 a los 1.200 millones de dólares, esa cifra, referida especialmente a la represión, debe ser adicionada con los costos de las campañas para prevenir el consumo, las investigaciones, los tratamientos de rehabilitación y las inversiones de cada uno de los 50 estados en su propios esfuerzos represivos. El gran total no puede bajar, según los autores, de 5 mil millones de dólares, lo que traducido a pesos significa 1.350 billones.

Tamaño monto no se compadece según los autores con los resultados de esas campañas, donde de nuevo las cifras vienen en su ayuda. Para el caso de la heroína, por ejemplo, la DEA (Drug Enforcement Administration) estimaba que en 1981 había 490 mil consumidores. Pero si bien su número se ha mantenido igual en las estadísticas oficiales, el consumo, en 1986, había experimentado un incremento considerable. De 3.8 toneladas de 1981, se pasó a 6.4 en 1986.

Pero si el de la heroína puede considerarse un problema menor, pues está restringido a 490 mil personas,-que de todas maneras poblarían una ciudad como Pereira-en el caso de la cocaína las palabras son mayores. El libro cita el reporte de marzo de 1986 de la Comisión Presidencial sobre el crimen organizado. De 1.2 millones de adictos en 1976, se pasó a entre 5 y 6 millones en 1984.

Pero el aumento en el número de usuarios es sólo comparable con el del consumo. Una agencia gubernamental, el Comité Nacional de Inteligencia sobre Consumidores de Narcóticos, calcula que de un máximo de 25 toneladas que se introdujeron en 1978, se pasó a 137 en 1984, lo que significa un incremento del 548%.

La única sustancia que muestra estancamiento es la marihuana, que se ha mantenido estable en unos 20 millones de fumadores, que se queman al año unas 8 mil toneladas. Si se tiene en cuenta, concluyen los autores, que tras varios años del programa actual, 25 millones de norteamericanos continúan consumiendo unas cantidades de droga solamente disminuidas por un insignificante 10% de capturas, la conclusión necesaria es el fracaso total.

El libro editado y coordinado por Hanowy no se queda sin embargo allí. En una tesis controversial, afirma que el gobierno norteamericano, ante la imposibilidad de aplicar las restricciones a la libertad individual necesarias para reprimir "de veras" el consumo, prefirió desviar la mirada hacia los países productores y, como un verdadero "Líder de Occidente", tratar de controlar el problema en su origen.

Con el razonamiento lógico de que la droga sería más fácil de localizar y destruir mientras permanecía concentrada en pocas manos, se lanzó entonces el gobierno de Ronald Reagan a tratar de forzar a países como Colombia, Perú, Bolivia o México a reprimir a como diera lugar la producción de narcóticos. Y es aquí donde el estudio llega a los límites de lo increíble: no sólo deja en claro que los resultados de esa presión son cuestionables, sino que afirma que en muchos casos, los mismos cuerpos antinarcóticos preparados por la DEA, acaban haciéndose cargo del negocio. Uno de los autores, Jonathan Marshall, dice que "Con el tiempo, la policía se da cuenta que aceptar sobornos es mucho menos atractivo que negociar directamente con drogas, mientras que las leyes antinarcóticos les sirven para sacar del camino a sus competidores independientes".

Además, el fracaso en la represión de los narcotraficantes ante el poder que estos obtienen con sus extraordinarias finanzas, "puede llevar al caos interno, a una guerra civil, o a una guerra de capos, como sucede actualmente en Bolivia, Colombia y Burma". Marshall afirma "que si un estado como el norteamericano no ha podido ganar la guerra contra la droga a pesar de su solidez de imperio ¿cómo podrían ganarla países jóvees, tradicionalmente inestables, con constituciones débiles?" Su conclusión es que, al contrario de lo que se cree, la guerra contra las drogas en los países del Tercer Mundo "en vez de garantizar seguridad, garantiza inestabilidad".

Aunque algunas de las consideraciones y aún de las conclusiones de estudio no son novedosas para muchos colombianos, el libro tiene la importancia que pone de presente, por primera vez, la existencia de tendencias en los propios Estados Unidos que propugnan por un cambio radical en la actitud de su gobierno ante el tráfico de drogas.